Pablo Baquero, presidente del Consejo Consultivo: "La Administración interviene cada vez más en asuntos cotidianos y complejos"

Pablo Baquero ha cumplido su primer año al frente del Consejo Consultivo, logrando incrementar el número de consultas y el de dictámenes emitidos tras un 2024 "anómalo". El organismo atiende, principalmente, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, un término que se ha puesto de actualidad a raíz del accidente de Cerredo. El abogado no entra a valorar si el Principado debe asumir o no su responsabilidad, pero advierte: "Tiene que haber causalidad".

—Cumple su primer año al frente del Consejo Consultivo. ¿Se han cumplido los objetivos con los que llegó?

—Es un órgano de mucha continuidad. Seguimos cumpliendo el objetivo de resolver en tiempo los expedientes. Hemos cumplido un año en el que, además, han entrado más consultas y hemos despachado más dictámenes, porque 2024 había sido un año anómalo, con muy pocas consultas. Fue el año de la serie histórica con menos dictámenes. Parece que vuelve a repuntar y regresamos al estándar.

—¿Qué asuntos tienen que pasar obligatoriamente por el Consejo?

—La mayor parte de los dictámenes son consultas preceptivas. Son las que exigen tanto nuestra ley como la legislación sectorial de cada una de las materias. Es el grueso de nuestra actividad. Las otras consultas, las facultativas, el año pasado fueron solamente una.

—¿Cómo se garantiza la independencia del órgano?

—La independencia la garantiza la ley. Una vez nombrados, no podemos ser separados salvo por causas tasadas. Eso dota al órgano de una total independencia orgánica. Después, aquí decidimos en Derecho. Es una cuestión puramente técnica. La independencia se manifiesta también en nuestro razonamiento. Lo bueno de los dictámenes es que los puede leer todo el mundo y conocer cuáles son los motivos del razonamiento jurídico.

—¿Detectan en Asturias exceso de regulación?

—Nuestro trabajo en materia normativa se refiere a los informes respecto de las disposiciones generales que emite el Principado. Ahí no apreciamos un exceso de regulación. Otra cosa es el contexto general. Hay una doctrina que habla de motorización del ordenamiento jurídico, de una excesiva regulación, muchas veces en leyes que se repiten en todas las comunidades autónomas. Eso puede distorsionar y no es bueno, pero no es específico del Principado.

—Usted ha defendido que el silencio administrativo no es deseable. ¿Ha mejorado la respuesta de la administración?

—Es muy difícil de medir para nosotros. Muchas veces los expedientes no nos llegan porque ya se produjo el silencio y los ciudadanos reclaman ante los tribunales, porque el silencio habilita la reclamación. Creo que se está mejorando razonablemente y que nosotros ayudamos intentando despachar con la mayor rapidez los expedientes que nos llegan. Pero es un asunto muy generalizado.

—La mayoría de las consultas son de responsabilidad patrimonial. ¿Qué revela eso?

—Tomando como referencia 2025, de 257 dictámenes, 197 son de responsabilidad patrimonial. Es nuestra principal preocupación. La administración interviene cada vez más en asuntos cotidianos y complejos, y eso genera responsabilidades o expectativas de indemnización. Además, la mayoría son sanitarios: de esos asuntos, 93 son de ámbito sanitario. Eso obedece a que afortunadamente tenemos un servicio público de salud que atiende en muchísimas disciplinas y de una manera muy sofisticada. Es algo connatural a la actividad.

—En algunos dictámenes el Consejo modifica la indemnización propuesta.

—Eso rompe un tópico. Muchas veces se dice que mantenemos el criterio de la administración, y no es cierto. Cuando entendemos que la propuesta de resolución no es acertada, informamos en el sentido que consideramos adecuado. También hay que subrayar que muchas veces no podemos analizar la actuación con la exhaustividad que luego podrán tener los tribunales, porque carecemos de actividad probatoria. Tenemos las pruebas y los informes que aporta la administración y su aseguradora, pero el reclamante no está obligado a aportar una pericial. Cuando hay prueba que permite hacer una valoración conforme a la sana crítica, la hacemos.

—Evitan conflictos y litigios.

—Sí. Quizá no tenemos un análisis muy fino, porque es difícil hacerlo, pero seguramente muchas personas, una vez que se dicta una resolución conforme a nuestro dictamen, deciden no reclamar. Cuando recibes una resolución acompañada de un dictamen, tienes otros criterios para valorar si merece la pena impugnarla.

—La responsabilidad patrimonial se ha puesto en el foco por el accidente de Cerredo. ¿Qué opinión le merece ese debate?

—En la medida en que podría venir el expediente aquí, no nos podemos pronunciar sobre ese asunto. En general, para la atribución de responsabilidad se exige que haya una relación de causalidad. En muchas ocasiones es el elemento fundamental para determinar si hay responsabilidad o no, y que esa relación de causalidad sea inmediata.

—¿Las ayudas anunciadas para familias de víctimas de accidentes laborales tendrían que pasar por el Consejo?

—En principio no tendría que venir. Dependerá de cómo se articule, pero en principio no.

—Asturias tiene 78 concejos. ¿Qué papel quiere jugar el Consejo en relación con los ayuntamientos?

—Uno de los objetivos es acercar nuestras funciones a los concejos asturianos, por eso empezamos una ronda de reuniones por comarcas. Hay problemas jurídicos que no tienen que ver con el tamaño del ayuntamiento. En contratación, por ejemplo, a veces los asuntos dependen de la cuantía del contrato, y hay contratos cuantiosos que hacen ayuntamientos pequeños. Es una vía a explorar por ellos y por nosotros. Los grandes ayuntamientos —Oviedo, Gijón y Avilés— acuden al Consejo con normalidad, pero quizá los más pequeños no tanto.

—El Gobierno pidió un dictamen sobre la prórroga del peaje del Huerna. ¿Qué concluyó el Consejo?

—El Gobierno nos pidió si procedería iniciar un expediente de revisión de oficio, que resolverá la Administración General del Estado con informe preceptivo del Consejo de Estado. Nosotros emitimos un informe sobre la viabilidad de la acción de nulidad. Nuestra conclusión, en un asunto muy complejo y con los argumentos que dimos, fue que sí, que se podía iniciar, con independencia de cuál sea la resolución final.

—¿Qué retos se marca para los próximos años?

—Uno es implicar bien a las entidades locales, mejorar las vías de colaboración y que las autoridades sepan que pueden solicitarnos dictámenes facultativos para resolver determinados asuntos. Con carácter interno, empezamos una formación para el cuerpo de letrados, los seminarios del Consejo. Queremos consolidar esa actividad, traer especialistas externos, que los propios letrados puedan participar y que podamos publicar los resultados de sus trabajos. Otro reto es la digitalización y la introducción de herramientas de inteligencia artificial. No queremos quedarnos fuera. Estamos haciendo un esfuerzo de actualización de nuestros sistemas.

—¿La inteligencia artificial puede transformar el trabajo jurídico del Consejo?

—La administración va a sufrir una transformación brutal. Otra cosa es que sepamos adaptarla o no. Nos permitirá mejorar los análisis de los dictámenes y tener más herramientas. Ante supuestos idénticos, una herramienta puede ayudarnos a saber si la solución que adoptamos es coherente con lo que dijimos hasta ahora. Lo importante, en el ámbito del Derecho, es que cuando se automaticen procesos se sepa cuáles son los criterios. También es relevante que el ciudadano sepa si actúa un algoritmo y cuál es su funcionamiento; la clave es convertir esos espacios en seguros.

—¿Le preocupa esa transformación?

—No me da miedo. Me parece que no estamos siendo conscientes de la velocidad. Los cambios van mucho más rápido de lo que pensamos. Estamos viendo avances a tasas geométricas y pensamos que todavía son aritméticas. Creo que ahí se abrirán nuevas dudas jurídicas y nuevas consultas. Lo vivo con mucho interés.

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