Los peajes, una injusticia

Hay decisiones políticas que pasan desapercibidas. Y hay otras que, con el paso del tiempo, se convierten en injusticias estructurales que condicionan el desarrollo de territorios enteros.

Lo que está ocurriendo con los peajes de la AP-9 y la AP-66 pertenece claramente a esta segunda categoría, porque ya no estamos ante un debate técnico ni ante una simple reivindicación territorial, sino ante una cuestión de legalidad, de equidad y, sobre todo, de competitividad económica para el Noroeste de España.

En julio de 2019, decidimos dar un paso que nadie había dado hasta entonces: la Asociación de consumidores En-Colectivo presentó una denuncia ante la Comisión Europea al considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 podrían infringir la normativa de la Unión Europea. En dicha denuncia se indicaba que los Decretos 1809/1994 y 173/2000, que conceden sendas prórrogas a Audasa y Aucalsa ( el segundo) para la explotación de la autopista hasta el 2023 y el 2048 en el caso de Galicia y 2050 en Asturias, respectivamente, incumplían diferentes directivas europeas, partiendo de una premisa básica: si la normativa comunitaria es de obligado cumplimiento, lo es para todos, sin excepciones.

Desde entonces, la evolución del procedimiento no deja lugar a interpretaciones: ha sido clara y consistente. La Comisión Europea ha reiterado que la ampliación de estas concesiones sin concurso público vulnera el derecho comunitario. Y no lo ha dicho una vez, sino varias. Lo ha hecho primero a través de dos cartas de emplazamiento en 2021 y en 2024, ha desmontado los argumentos del Gobierno y, finalmente, ha emitido un dictamen motivado que obliga a España a iniciar el procedimiento de anulación de las ampliaciones de la concesión de las autopistas AP-9 y AP-66. En junio de 2025, ese dictamen marcó un punto de inflexión al situar este asunto en la antesala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Gobierno no ejecuta el dictamen motivado.

Llegados a este punto, el procedimiento contempla dos escenarios claros: o bien el Gobierno de España ejecuta el dictamen e inicia la anulación de las concesiones, o bien se mantiene en su negativa y la Comisión Europea eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, se ha optado por una tercera vía que no figura en ese marco: dilatar el proceso solicitando nuevas conversaciones, lo que en la práctica supone posponer una decisión que ya no es política, sino jurídica.

Este punto es clave, porque no estamos ante una recomendación ni ante un informe técnico más, sino ante un paso previo a la intervención del máximo órgano judicial europeo, y aun así la situación se prolonga sin una respuesta efectiva. Lo verdaderamente preocupante no es solo el fondo del asunto, sino la normalización de esta inacción, que acaba trasladando el coste de la falta de decisiones a ciudadanos y empresas.

La normalización de lo excepcional

Cada día que pasa sin resolver esta situación tiene un impacto tangible: es el transportista que ve reducido su margen en un sector ya tensionado, es la empresa logística que pierde competitividad frente a corredores sin peajes, es la industria que encarece su cadena de suministro y es también la familia que asume un coste recurrente por utilizar una infraestructura esencial. Todo ello en territorios que, paradójicamente, dependen más que otros de estas vías para garantizar su cohesión económica y social.

La AP-9 y la AP-66 no son infraestructuras secundarias, son ejes estratégicos. La primera vertebra Galicia de norte a sur y la segunda conecta Asturias con la Meseta, configurando corredores clave para la movilidad de personas y mercancías. Mantener peajes durante décadas sobre estas infraestructuras no es una decisión neutra, es una decisión que condiciona la inversión, el crecimiento y la capacidad de desarrollo de todo un territorio.

El impacto silencioso sobre la competitividad

Cuando se habla de competitividad territorial se suelen poner sobre la mesa factores como la fiscalidad, el talento o la innovación, pero hay elementos menos visibles que resultan igual de determinantes, y el coste de la movilidad es uno de ellos.

En el caso del Noroeste, los peajes de la AP-9 y la AP-66 actúan como un impuesto indirecto permanente sobre la actividad económica, penalizando la circulación de mercancías, encareciendo los desplazamientos y reduciendo la eficiencia de los mercados internos de forma acumulativa y sostenida en el tiempo.

Mientras otras regiones avanzan hacia modelos de infraestructuras más accesibles, aquí se mantiene una carga estructural que limita la capacidad de competir en igualdad de condiciones. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de eficiencia económica y de coherencia territorial.

El argumento económico: una excusa cada vez más débil

El principal argumento para no actuar ha sido el coste de una eventual indemnización, pero este planteamiento pierde consistencia cuando se analiza con rigor. El propio Consejo de Estado advirtió en 2021 que mantener estas concesiones hasta 2048 en el caso de la AP-9 y 2050 en la AP-66 podría suponer un coste superior para el Estado debido a los mecanismos de compensación existentes, como los peajes en la sombra o de retorno, lo que cuestiona la base económica de la inacción.

A esto se suma una realidad difícil de obviar: el modelo actual permite que la explotación de estas autopistas genere rentabilidades muy elevadas, superiores al 40% sobre facturación, en manos de un grupo participado por fondos de inversión internacionales –Grupo Itinere que pertenece a dos fondos de inversión extranjeros, Algemene Pensioen Group (holandés) y Swiss Life (suizo)–. Es decir, el coste se queda en el territorio, lo asumen ciudadanos y empresas locales, pero el beneficio se desplaza fuera del territorio de unas autopistas que son ilegales.

Una cuestión de país… y de modelo

Este debate, por tanto, trasciende lo territorial, más allá de Galicia, Asturias o Castilla y León.

Desde En Colectivo hacemos un llamamiento a reflexión a fondo a todos los empresarios, políticos, administraciones y sociedad civil.

¿Qué modelo de país queremos? ¿Uno en el que las decisiones se corrigen cuando se demuestra que son contrarias al derecho, o uno en el que se perpetúan si su corrección resulta incómoda?

¿Uno en el que la cohesión territorial es un objetivo real, o uno en el que determinadas regiones asumen sobrecostes estructurales sin compensación?

¿Uno en el que la legalidad europea se aplica de forma homogénea, o uno en el que su cumplimiento depende del coste político de hacerlo?

La realidad es que el Noroeste compite en desventaja y, en un momento en el que se habla de reindustrialización, de corredores logísticos y de atracción de inversión, este tipo de factores no son secundarios, sino absolutamente determinantes.

Un momento decisivo

Hay momentos en los que los asuntos dejan de ser importantes para convertirse en inaplazables, y este es uno de ellos. No estamos discutiendo el precio de los peajes, sino una situación en la que la Comisión Europea ha determinado la existencia de una vulneración del derecho comunitario y ha exigido actuar. Cada mes que pasa consolida un modelo que penaliza al territorio y cada decisión que se retrasa acumula un coste económico y social creciente.

Seguir mirando hacia otro lado no es una opción sostenible, ni desde el punto de vista jurídico, ni económico, ni político. Cada vez que un ciudadano atraviesa la AP-9 o la AP-66 y abona su peaje no solo está pagando por utilizar una infraestructura, está asumiendo el coste de una situación cuya legalidad ha sido cuestionada por las instituciones europeas sin que, hasta el momento, se haya dado una respuesta acorde a la gravedad del caso.

Este escenario exige una reflexión inmediata y, sobre todo, una decisión. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de unas autopistas, sino la credibilidad institucional, la equidad territorial y la competitividad de todo un territorio.

Ojalá que pronto podamos disfrutar de unas autopistas gratuitas por exigencia de la Comisión Europea y cumplimiento de la legalidad.