A vueltas con las ayudas por accidentes laborales tras la tragedia minera de Cerredo: Asturias se abre ahora a ampliarlas a casos anteriores a 2025 tras demandarlo familias afectadas

El Gobierno de Asturias estudiará apoyar económicamente también a familias de víctimas de accidentes laborales anteriores a 2025 que se encuentren todavía inmersos en el proceso judicial o estén en situación de vulnerabilidad. Esta medida, de implantarse, será al margen de la línea de ayudas anunciada por el Ejecutivo para sucesos ocurridos a partir del año pasado, lo que incluiría a las víctimas de Cerredo.

Precisamente tras las presiones para dar respaldo económico a los afectados por la tragedia minera -adelantando indemnizaciones a las que luego puedan tener derecho-, el Gobierno regional anunció esa línea referida a víctimas de accidentes laborales en general, desechando la idea de dar ayudas directas únicamente a las familias de los mineros de Degaña con el argumento de que esa medida tiene un difícil encaje jurídico. Y ahora, tras anunciar ayudas por accidentes laborales a partir de 2025, familiares de víctimas de este tipo de siniestros reclamaron apoyo también para casos anteriores a ese año, especialmente en los que concurren circunstancias económicas de especial dureza.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, trasladó este viernes a un grupo de familiares de víctimas de accidentes laborales que se abren a estudiar esa posibilidad. “Nos hemos comprometido a analizar todas esas situaciones anteriores al 2025 que estén en una situación de vulnerabilidad y hacer un análisis de cómo podemos darles respuesta”, adelantó tras la reunión.

La vicepresidenta y consejera de Turismo explicó que el encuentro les sirvió para conocer en profundidad la realidad de estas familias, como el “impacto psicológico” que estos accidentes tienen en todo el entorno, especialmente cuando los procesos judiciales se alargan durante años.

“Nos han contado cómo desde los fallecimientos hasta que cobra la primera pensión pasa un tiempo en el que se amplifican las dificultades económicas”, detalló Llamedo. Por eso, desde el Principado “los hemos escuchado y nos hemos puesto en su piel”, y “nos hemos comprometido a analizar todas esas situaciones anteriores a 2025”.

Llamedo insistió en que “una persona no puede perder la vida en el trabajo” y que esta problemática debería ser “cuestión de Estado”. Por eso, Asturias lleva meses situando la prevención de riesgos laborales y el incremento de accidentes como “una prioridad política” hasta el punto de que lo trasladaron en la Conferencia de Presidentes.

Por parte de las familias, Teresa Álvarez agradeció la “empatía” del Principado y que se les haya escuchado, tal como solicitaron. “Salimos satisfechos porque vemos que hay voluntad en el Gobierno de explorar vías en casos concretos”, agradeció.

Álvarez insistió en que “no queremos enfrentar unas víctimas con otras”, pero piden que “haya una igualdad”. En este sentido, apuestan por atender, especialmente, a familias que se sientan desamparadas o estén en procedimientos judiciales largos, siempre “con la seguridad jurídica que requiera cada caso”.

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