Asturias registra récord de compensaciones por daños del lobo con 1,9 millones de euros en 2025

El Principado tramitó el año pasado el pago de 1,9 millones de euros en compensaciones por los daños causados por el lobo a la cabaña ganadera, la cifra más alta desde que comenzaron estos registros en 1997. El dato se produce en un contexto de aumento de la presencia de la especie en Asturias, donde el último censo contabilizó 50 manadas en 2025, 46 de ellas reproductoras, cinco más que en el recuento anterior, lo que supone un incremento del 11%.

Según el balance trasladado por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria en el Consejo Consultivo del Lobo, los ataques afectaron el pasado año a 3.903 animales: 1.059 vacas, 353 cabras, 1.164 caballos, 1.279 ovejas, 41 asnos y mulos y 7 perros. La propia Consejería reconoce que las cifras pueden ser superiores, ya que “muchas personas no lo comunican” y otras solo registran los daños ante Agroseguro.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, defendió que los datos confirman que el lobo se encuentra en “un estado favorable” y que su expansión es “evidente”, tanto territorial como cuantitativamente. También rechazó que los incendios forestales hayan reducido la presencia de la especie, al señalar que el censo de 2025 se realizó después de los fuegos y que estos “no han minorado para nada el número de manadas existentes”.

El aumento de los daños y del importe de las compensaciones coincide con la tramitación de la modificiación del decreto que permitirá dar soporte jurídico a un nuevo programa de control poblacional del lobo, adaptado a las exigencias del Tribunal Supremo. El texto se encuentra en información pública hasta el día 28 y, según Marcos Líndez, será aprobado el próximo mes “si no hay novedad”. Después, la Consejería elaborará el nuevo programa de control para 2026 y 2027, que volverá a incluir la posibilidad de batidas por parte de cazadores.

Las organizaciones agrarias consideran que la situación es “insostenible” y sostienen que los daños reales son mayores que los recogidos por la Administración. Borja Fernández, de Unión Rural Asturiana (URA), criticó que el borrador del decreto no priorice las cacerías con apoyo de ganaderos, mientras que Mercedes Cruzado (COAG) urgió a poner en marcha los controles poblacionales porque los cánidos se están “multiplicando”. José Ramón García Alba, de UCA, advirtió de que los ganaderos están “asfixiados” y Usaga, a través de José Manuel Pedraza, reclamó que se incorporen también los datos registrados por Agroseguro para reflejar mejor el alcance de los ataques.

Marcos Líndez aseguró que la Consejería ya trabaja para mejorar la comunicación con Agroseguro, aunque apuntó que el principal escollo es la confidencialidad. “Nosotros no tenemos interés en saber quiénes son los afectados, lo que queremos es tener los datos en cuanto a zonas donde se producen esos daños y el número de daños”, explicó, con el objetivo de disponer de datos “más fehacientes” sobre la incidencia del lobo en la ganadería asturiana.

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