Las claves del dictamen final sobre Cerredo que deja solo al PSOE: cuatro políticos y tres funcionarios en el punto de mira y exigencias de ceses

La comisión de investigación parlamentaria del accidente de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, celebrará el lunes su última reunión. Tras un año, dieciséis sesiones y 91 comparecencias, los grupos parlamentarios acordaron ayer el dictamen final con un consenso solo roto por el PSOE. El documento mantiene el señalamiento a los siete cargos, políticos y funcionarios, recogidos en el borrador que hace un mes presentó la presidenta del organismo, Covadonga Tomé. No obstante, el texto hila mucho más fino para evitar que prosperen futuros recursos judiciales. Un escenario en el que el Principado ya tiene antecedentes, como los propios letrados de la Junta advirtieron a los diputados al iniciar el debate del borrador hace tan solo unos días.

El dictamen final, adelantado ayer por este diario en su edición digital, se votará en comisión el lunes, ante la necesidad de que los letrados realizasen previamente las correcciones formales necesarias. El texto contará presumiblemente con el respaldo de todos los grupos menos el PSOE, por lo que saldrá adelante. Será entonces cuando se abra un plazo de quince días para la emisión de votos particulares (una medida que previsiblemente tomen los socialistas) y será llevado a Pleno.

Se mantienen las responsabilidades políticas

La propuesta final presenta un cambio fundamental respecto al primer planteamiento. Las responsabilidades políticas se mantienen con nombre y apellido, pero se eliminan las imputaciones individualizadas para introducir una explicación general del "fallo sistemático" y después enumerar una a una a las personas, sin adjudicarles acciones o responsabilidades concretas.

El texto hace referencia, por tanto, a los exconsejeros Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, actualmente al frente de Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón. También a Belarmina Díaz, quien dimitió tan solo unos días después del accidente para facilitar la investigación, y al exviceconsejero Isaac Pola. También se mantiene el reproche a los tres funcionarios Gonzalo Martín Morales, Santiago Berjano y Alberto Quirino Vázquez. Esta fue la cuestión más polémica del debate a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional amparando a una empleada de la de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (GITPA) por vulneración de derechos tras verse reflejada en el dictamen de otra comisión de investigación parlamentaria.

Precisamente, para evitar que una situación así vuelva a repetirse, el dictamen es más conservador que el borrador anterior: "No se imputa aquí ninguna responsabilidad penal o administrativa a las personas mencionadas, puesto que ello no es competencia de la Comisión y cualquier eventual responsabilidad de ese tipo debería ser determinada, si fuese el caso, en los correspondientes procedimientos penales o sancionadores". Eso sí, en el apartado de recomendaciones se insta al Consejo de Gobierno y a las formaciones políticas a proceder "a la depuración inmediata de las responsabilidades políticas". En particular, "se considera necesario el cese o asunción de responsabilidades por parte de aquellas personas que actualmente ocupen un puesto en la vida pública y que hayan tenido funciones relevantes en la gestión del Servicio de Minas entre los años 2022 y 2025 debido a su acción, omisión o tolerancia pasiva frente a un sistema que causó la muerte de trabajadores". Este supuesto afectaría claramente a Roqueñí y Enrique Fernández.

Ayudas directas para los accidentes de 2022 y 2025

Otra novedad, adelantada ya por los diputados, es cómo recoge el apoyo económico a las familias. A propuesta de IU, en el dictamen final se propone una línea de ayudas directas tanto a las familias de las víctimas como a los heridos graves de los accidentes de 2022 y 2025, en lugar de un adelantamiento de la responsabilidad patrimonial, como se planteaba inicialmente. El objetivo es evitar a las familias un "calvario judicial" y sentencia: "La deuda con ellas no es caridad, es justicia".

El cuestionamiento del PIC

El dictamen definitivo mantiene que el Proyecto de Investigación Complementaria aprobado a Blue Solving el 8 de julio de 2024 carecía de cobertura normativa suficiente, fue autorizado sin evaluación ambiental y resultaba incompatible con el cierre y la restauración de la mina de Cerredo. Añade que permitir extraer 60.000 toneladas de carbón en 24 meses coincidía, "en la práctica", con una explotación. En este sentido, sostiene que fue el instrumento escogido para "permitir extracciones masivas de carbón sorteando los controles propios de una concesión de explotación, la evaluación ambiental" y el espíritu de la normativa de cierre de la minería no competitiva.

Más presencia del accidente de 2022

El nuevo texto refuerza la conexión entre el accidente mortal de 2022 y el de 2025. En concreto, señala que la "actividad clandestina no fue un hecho aislado ni imprevisible" y recuerda que la Administración ya había recibido "una advertencia trágica en forma de otro accidente mortal" en la misma explotación y "bajo el mismo grupo empresarial, sin que de ello derivara en un refuerzo efectivo del control". También introduce una referencia al informe de la sección de Seguridad Minera de 2022.

Transmisión de derechos

Una de las claves del borrador era la transmisión de derechos de Cerredo de la empresa Combayl a Blue Solving, una empresa "sin estructura operativa acreditada". En este caso, se hace más hincapié en esta cuestión, resaltando que se autorizó "sin que conste una valoración reforzada del perfil del nuevo titular", pese a los antecedentes existentes y las informaciones que apuntaban a una extracción de carbón. "Todo ello contribuyó a consolidar el contexto en el que posteriormente se produjo el siniestro", sentencian. Ambas empresas pertenecían al mismo entramado, con la figura de Chus Mirantes detrás.

Refuerzo de la comunicación con la ciudadanía

Se recomienda que la herramienta del Servicio de Atención Ciudadana para remitir denuncias a los centros gestores incorpore acuse de recibo de lectura, para garantizar trazabilidad y verificar que el órgano destinatario tuvo conocimiento efectivo de la denuncia. Los diputados buscan así que ningún correo relevante se pierda, como ocurrió en el caso de la mina de Cerredo, en el que una denuncia de un vecino sobre la posible extracción ilegal de carbón no fue vista hasta después de la tragedia.

Gestión de montes

El texto final incorpora un bloque específico sobre autorizaciones en materia de montes y la actividad de supervisión al grupo empresarial en esta materia.

Podría haberse evitado

Lo que deja claro el dictamen a lo largo de sus 80 páginas es que el accidente de Cerredo no fue "un suceso imprevisible e inevitable. Fue la culminación de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina deliberada y duradera que se pudo y se debió detectar y prevenir".

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