Alberto Rodríguez, asturiano en el máximo órgano de la Carrera Fiscal: "No hay lawfare, tajantemente; los jueces y los fiscales no miramos la ideología de quien tenemos delante"

Alberto Rodríguez Fernández (Oviedo, 1968) acaba de ser elegido vocal del Consejo Fiscal, es decir, uno de los nueve miembros del órgano representativo y consultivo de la carrera fiscal, de ámbito nacional. Ingresó en el cuerpo en 1997. De 2006 a 2008, estuvo destinado en Coruña y posteriormente se trasladó a la Fiscalía de Asturias. En 2011 fue nombrado delegado de Criminalidad Informática y, en 2013, fiscal de tutela penal de la Igualdad y contra la discriminación. En 2019, fue designado responsable del área de delitos contra la Administración Pública. Desde abril de 2024, es jefe de la Fiscalía de Área de Gijón. Alberto Rodríguez pertenece a la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el colectivo.

¿Qué le movió a ser fiscal?

Me gustaba el derecho de siempre. Y luego, una vez en la carrera, lo que más me atraía era la posibilidad de ser juez o fiscal. Me alegro de lo que he elegido, porque me parece más atractiva la función de fiscal que la de juez.

Los jueces trabajan con más autonomía…

En principio, los jueces tienen independencia y nosotros trabajamos más en equipo. La gente piensa que recibimos órdenes cada día, y eso no es así. En toda mi carrera profesional, hasta hoy, no he recibido ninguna orden de hacer algo con lo que no estuviera de acuerdo. Por suerte, esa es la situación de la mayoría de los fiscales. Ser juez tiene unas ventajas y ser fiscal, otras. Para mí, lo más interesante es que trabajas en equipo.

Desánimo en el colectivo

¿Cuál es la función del Consejo Fiscal para el que ha sido elegido?

El Consejo Fiscal es el órgano de representación de todos los fiscales. Lo elegimos todos y cada uno de los fiscales de España. Estoy muy orgulloso del respaldo de mis compañeros fiscales. Los seis que figurábamos en la candidatura de la Asociación de Fiscales fuimos los más votados. Tuvimos una media de un 63 por ciento de los votos.

¿Y eso cómo lo interpreta?

Como una manifestación de la situación de desánimo o tristeza que hay en la carrera con la situación que tenemos, que yo comparto.

¿Qué es lo que no les gusta?

Con motivo de la campaña de las elecciones, los candidatos hemos recorrido muchas fiscalías en España y hemos hablado con muchos compañeros. Todos están tristes por la imagen de descrédito de la fiscalía. Estamos últimamente en los periódicos, en las televisiones, en las redes sociales, y no precisamente para bien. Eso es lo triste. Porque, además, queda opacada toda la labor encomiable que hacen la mayoría de los fiscales en su día a día. Y, a veces, con medios personales y materiales muy mejorables, por decirlo suavemente. Esto es triste y es una de las razones por las que en estas votaciones se ha batido el récord de participación. Casi un 80% de los fiscales han ido a votar. Eso es mucho. Hay malestar; muchas veces, desánimo. Un compañero decía que hasta le daba vergüenza que se enteraran que era fiscal porque todo el mundo pensaba: “Ah, los que estáis a las órdenes del Gobierno…”. Todo parte de aquella frase: “¿De quién depende la Fiscalía?”. Y de ahí, todo lo demás.

¿A quién hay que atribuir esta distorsión de la imagen de la Fiscalía?

El Gobierno que esté, sea el que sea, trata de controlar o influir en todos los instrumentos de poder. El problema es que eso se ha acentuado, o por lo menos es lo que percibe el común de la gente. Y eso nos da mala imagen. Hay decisiones muy discutibles que nos perjudican a todos, sobre todo el tener a un Fiscal General del Estado condenado, tristemente.

García Ortiz y Peramato

¿Cómo valora la condena al anterior Fiscal General, Álvaro García Ortiz?

Ya digo que con mucha tristeza. Nadie en la carrera fiscal se hubiera imaginado sentado en el banquillo a un Fiscal General del Estado en activo. Y mucho menos que fuera condenado. Hay una sentencia que es firme, dictada por el Tribunal Supremo, y que declara como hecho probado la comisión de un delito por su parte. Nuestra asociación, la Asociación de Fiscales, le pidió antes de sentarse en el banquillo que dimitiera para no causar ese descrédito a la carrera fiscal. No lo entendió así, y causó un daño muy importante a toda la Fiscalía. Se ha pronunciado el Tribunal Supremo, y no tengo nada más que decir.

Álvaro García Ortiz decía que se estaba sacrificando para proteger a la Fiscalía…

La mayoría de los fiscales no estamos de acuerdo con eso. Precisamente creemos que debería haber dado el paso de la dimisión para evitar ese descrédito. Él no lo entendió así. Lo respeto, pero no lo comparto.

¿Cómo está viendo a su sustituta, Teresa Peramato, y en concreto los nombramientos que está haciendo?

Pese a que manifestó que venía a cerrar heridas en la Fiscalía, está siendo una continuidad del anterior Fiscal General. Incluso más allá. En los nombramientos no se han respetado los principios de mérito, capacidad y trayectoria profesional. Es claro que todas las personas nombradas tienen una trayectoria y una capacidad, pero creemos que no se ha nombrado a los que tenían el mejor currículum y las mejores capacidades para acceder a esos puestos. No hemos mejorado, es una labor continuista.

En Asturias ha habido tres fiscales superiores en pocos meses. ¿Cómo ha sentado tanto trasiego?

La Fiscalía de Asturias funciona muy bien, y no lo digo porque yo esté aquí, sino porque tenemos una carga de trabajo razonablemente asumible, lo hacemos lo mejor que sabemos y hay muy buenos profesionales. No ha habido problema en esas situaciones de interinidad y de cambios constantes. Esperemos que ahora continúe durante todo el mandato el actual Fiscal Superior.

Recortar competencias

¿Cuáles son las funciones del Consejo Fiscal?

Las funciones del Consejo Fiscal son pocas, pero importantes. Fundamentalmente, es un órgano de asesoramiento del Fiscal General del Estado, que tiene que ser oído en los nombramientos discrecionales, es decir, en aquellos que no dependen exclusivamente del escalafón. Simplemente ser oído, porque luego el Fiscal General del Estado decide libremente. Por ahí está viniendo el problema… También tiene funciones muy importantes de emitir informes sobre todos los anteproyectos de ley o todas las disposiciones legales que se refieran o puedan afectar al Ministerio Fiscal. Y, por último, funciones de tipo gubernativo, como pueden ser en temas disciplinarios y en temas de compatibilidad de los fiscales para ejercer otras funciones.

Hasta aquí…

Como digo, son muy limitadas, pero importantes, porque reflejan la sensibilidad de todos los fiscales. Cuando se dice que el Consejo Fiscal no sirve para nada, siempre digo lo mismo: si en el proyecto de ley de reforma de nuestro estatuto querían eliminar parte de esas funciones, será porque interesa eliminarlas; tan pequeñas o tan poco importantes no deben de ser...

¿Quién desea eliminarlas?

El proyecto de ley que no se ha aprobado por falta de mayoría parlamentaria. Fue una de las razones por las que la Asociación de Fiscales, de la que formo parte, fue a la huelga, porque planteaba la eliminación de esas funciones y trasladarlas al Fiscal General del Estado.

¿Motivo?

Lo desconozco. En teoría, esa modificación estatutaria iba en la línea de dar más imparcialidad, más independencia a los fiscales de cara a, en un futuro, asumir la investigación en los procedimientos penales. Pero en vez de dar esa mayor autonomía e independencia iba en la línea contraria, a reforzar los poderes del Fiscal General del Estado.

¿Y a quién interesa eso?

Pues quiero creer que al Gobierno de turno.

¿Usted está de acuerdo en que los fiscales instruyan las causas judiciales?

Estoy de acuerdo, pero según en qué condiciones. Primero tendríamos que garantizar una mayor independencia de las órdenes. Estamos sometidos constitucionalmente por el principio de jerarquía. Eso significa que somos una estructura jerárquica, pero eso no significa que seamos autómatas, que hacemos lo que nos mandan desde arriba, para entendernos. Entonces, hay que reforzar esa independencia y autonomía en los procedimientos. Evidentemente, en los procedimientos sencillos del día a día nadie te va a dar una instrucción, ni una orden, ni una orientación, porque no interesan. Pero en determinados procedimientos, y a la vista está, porque todos los días nos desayunamos con noticias nuevas sobre temas de corrupción, hay ese riesgo. En segundo lugar, y no menos importante, harían falta más medios personales y materiales. Con los que tenemos ahora es absolutamente imposible asumir la investigación penal. Desde que yo entré en la carrera, hace 29 años, ya se decía que nos iban a dar la instrucción. Y así seguimos.

¿Cuántos fiscales más hacen falta en Asturias?

Habría que estudiarlo con calma. En Avilés, se necesitan fiscales porque es el sitio con mayor carga de trabajo. Han anunciado que van a crear tres plazas, una en Avilés, otra en Gijón y otra en Oviedo, y pienso que no son suficientes para el aumento de población y el aumento de litigiosidad. No hay más que ver los números: seguimos siendo los mismos desde hace años. No se aumenta el número en proporción a lo que van creciendo la población y los procedimientos.

"Lawfare" y crítica a los jueces

¿Existe en España una animadversión organizada de los jueces contra los políticos?

Tajantemente, no. El "lawfare", que dicen, va por barrios. Cuando se imputan o se atribuyen unos delitos a políticos de un partido político, el otro lado del espectro ideológico aplaude y dice que está muy bien la justicia. Cuando les toca a ellos, entonces hay lawfare, una persecución, todos somos malos. Lo que hay son procedimientos en los que se persigue la corrupción, cualquier corrupción. Yo he estado llevando durante bastantes años procedimientos de corrupción y muchas veces ni sabía ni me interesaba si era de un lado del espectro político o del otro. Me era indiferente. Me han llamado fiscal soviético y fiscal de ultraderecha. Eso significa que hacía bien mi trabajo. Los jueces y los fiscales no miramos la ideología de quien tenemos delante. Eso lo tengo clarísimo.

¿Teme un deterioro de la separación de poderes?

Como miembro de la Asociación de Fiscales, y ahora como vocal electo del Consejo Fiscal, es un tema que nos viene preocupando. De hecho, una de las razones por las cuales el año pasado hicimos huelga, junto con las asociaciones judiciales, fue por los ataques al Estado de Derecho. Las resoluciones judiciales se pueden criticar. Lo que no aceptamos es que se haga un ataque a la persona que dicta las resoluciones judiciales, cómo se está haciendo. Eso es un ataque a la separación de poderes. Y no alzamos la voz por interés de los jueces o de los fiscales, sino por interés del ciudadano. La garantía de independencia, la imparcialidad y la separación de poderes son una garantía para el ciudadano, para que su procedimiento no se vea influido por influencias externas a otros poderes. Esa es la garantía. Si desaparece eso, desaparece la democracia, no nos engañemos.

¿Qué es criticable y qué no lo es, según ustedes?

La crítica a resoluciones judiciales es buena siempre que se haga, lógicamente, dentro de una educación y unos parámetros normales. Lo que no es bueno es atacar a los jueces o a los fiscales por realizar su labor, en el plano personal, buscando, como hemos visto, situaciones o noticias absurdas. Recuerdo lo de los “dos DNI” o ese tipo de cosas… Las resoluciones judiciales se pueden criticar, y es bueno: en una democracia todo es criticable. Pero las personas que las dictan no deben ser objeto de ataque, porque se trata de influir en ellas. Es un aviso a navegantes para que aquel que toque a alguien que tenga poder, se lo piense dos veces antes de llevar adelante los procedimientos.

¿Qué debería preocupar más al ciudadano, la corrupción en la izquierda política o que la extrema derecha adquiera mucho poder?

Lo que tiene que preocupar al ciudadano no se lo voy a decir. Lo que pienso es que la corrupción, sea de un lado o de otro, es un ataque directo al Estado democrático de derecho. Se hunden los pilares y la confianza en el funcionamiento del Estado, y es un ataque total y absoluto. La corrupción de un lado y de otro, me da igual la ideología política, es muy dañina.

¿Y que venga la extrema derecha puede ser muy dañino, por ejemplo, para el trabajo de jueces y fiscales?

Lo que voten los españoles está bien votado. No entro en temas ideológicos para nada. No me importa la ideología de las personas que tienes en un procedimiento judicial.

¿Cómo está viendo la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en casos que salpican a altos cargos políticos?

Lo que veo es un buen hacer. Cuando el procedimiento se dirige contra un partido político, parece que son malos. Son profesionales, muy cualificados, muy preparados, muy trabajadores, con mucha experiencia, y ahí están los resultados.

"Caso Zapatero"

¿Qué puede haber en el fondo del nuevo caso Zapatero? ¿A qué le huele?

Sobre procedimientos que están en marcha, de los que no conozco los entresijos, trato de no pronunciarme nunca, porque las noticias muchas veces son interesadas. He llevado asuntos en los que han salido noticias que no respondían, ni mucho menos, a la realidad del procedimiento. Por lo tanto, siempre soy muy cauto en pronunciarme.

¿Ha leído el auto del juez José Luis Calama?

Lo he leído y me parece que es difícil encontrar un auto que acuerde una imputación tan fundamentada. Es lo único que puedo decir, y cualquiera que tenga experiencia en los juzgados sabe que un auto para llamar a alguien a declarar en calidad de investigado, con ese nivel de fundamentación, es difícil encontrarlo. De todas formas, la causa está en una fase inicial, y por eso le llaman ahora a declarar en calidad de investigado, como a cualquier otro ciudadano.

La Justicia en Asturias

¿Cómo está viendo la reorganización de las oficinas judiciales en Asturias?

La implantación de las oficinas judiciales no nos toca de cerca a la Fiscalía porque somos un organismo aparte, pero sí nos afecta en el funcionamiento diario. Evidentemente, ha sido problemática, especialmente en los sitios grandes. Tengo serias dudas de que vaya a tener el efecto que se persigue, que es una mejora en la tramitación de los procedimientos y una mayor rapidez. Tengo dudas de si va a ser eficiente.

¿Cómo ve las carencias los Juzgados y la dispersión de sedes en Oviedo?

En Oviedo, lo ideal sería la unificación de las sedes judiciales, no sólo por facilitar el trabajo que hacemos, sino también para los ciudadanos y los profesionales. No se puede tener a los profesionales y a los ciudadanos de un lado o para otro. Entiendo que es difícil y que requiere dinero, pero esperemos que se lleve a cabo.

¿Funciona bien la justicia asturiana?

Aunque igual suena un poco extraño, en Asturias somos un oasis judicial. Con defectos, con problemas y con retrasos puntuales, la respuesta judicial y de los fiscales es, en general, mucho más rápida que en otros sitios, donde sufren saturación de trabajo y falta de personal. Quizá es que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Pues quizá sí, no lo sé.

Demoras y mascotas

¿Habría que establecer unas garantías de tiempos máximos de resolución de los casos?

En teoría, sí; en la práctica, no. Las leyes ya recogen plazos, pero es imposible cumplirlos. A veces se oye: “Pues que se establezca que todos los procedimientos de familia tienen que acabar en tres meses”. Sí, muy bonito, pero luego no se va a poder. Cuando se pide un informe del equipo psicosocial puede tardar un año en hacerse, por ejemplo. U otros procedimientos, u otras periciales… Tardan mucho. Entonces, ¿cómo van a concluirse en tres meses? Es muy bonito ponerlo, pero si no hay medios, es imposible cumplirlo.

¿Por qué aumenta la litigiosidad? ¿Es un problema social? ¿Es una derivada de la conflictividad de las personas? ¿O hay un sistema que estimula que nos peleemos?

Evidentemente, el aumento de la población conlleva más procedimientos judiciales de todo tipo. También tenemos legislación defectuosa: leyes y modificaciones legales que no son, por decirlo suavemente, las mejores. Y eso conlleva también acudir a los tribunales para solventar lo que las leyes no solucionan. Y, en tercer lugar, en materia de reclamaciones de consumo, habría que plantearse medidas para evitar que a las corporaciones les sea más rentable denegarlas y obligar a los ciudadanos a acudir a los tribunales, con la consiguiente sobrecarga.

¿Los líos sobre mascotas deberían llegar a jueces y fiscales?

Es un problema que afecta hoy en día a muchos ciudadanos. En Asturias tenemos un volumen de mascotas mucho mayor que de niños, quizá tristemente, pero esa es otra cuestión. Cuando los ciudadanos no somos capaces de ponernos de acuerdo en muchas cosas, normalmente en situaciones de rupturas de parejas o matrimoniales, las mascotas se convierten también en un objeto de litigio que acaban los tribunales. A veces, con una sensación por parte de los que aquí trabajamos de estar matando moscas a cañonazos.

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