El guiño de Barbón para mostrar sintonía con el SOMA, que le exige depurar las responsabilidades políticas de Cerredo

La comisión de investigación parlamentaria del accidente de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, dará el lunes su portazo definitivo con la votación de un dictamen no exento de polémicas. La decisión de reprobar con nombres y apellidos tanto a expolíticos como a funcionarios de la Administración acabó en las últimas semanas por aislar por completo al PSOE. Los socialistas no han conseguido mantener en su lado del tablero ni a sus socios de Gobierno, Convocatoria por Asturias-IU, ni al SOMA, sindicato minero afín al Partido Socialista. Ambas formaciones insisten en reclamar que se depuren responsabilidades políticas, algo a lo que se resisten, por ahora, los socialistas liderados por Barbón. “Asumirlas no es una opción, sino una obligación”, recalcó ayer sábado José Luis Alperi, lider del SOMA.

Para el secretario general del sindicato minero, la existencia de responsabilidades políticas ha sido “evidente” desde el mismo momento del accidente, tal como se desprende del dictamen final de la comisión parlamentaria. Por lo que advierte que estas responsabilidades “deben afrontarse ante la sociedad, si se quiere recuperar la credibilidad institucional, y también ante unas familias que merecen respeto, humanidad y respuestas tras unas pérdidas irreparables”.

No comparte, sin embargo, la parte del dictamen que señala a funcionarios públicos. “Los funcionarios públicos responden en el ámbito administrativo y jurídico, ya que su actuación debe ajustarse estrictamente a la legalidad. Por ello, desde un órgano político como la Junta General del Principado de Asturias corresponde depurar exclusivamente responsabilidades políticas, sin invadir competencias propias del ámbito administrativo o judicial”, afirmó Alperi.

La posición del sindicato minero se aleja considerablemente de la estrategia establecida por la Federación Socialista Asturiana (FSA). Una circunstancia de la que Adrián Barbón es más que consciente. El presidente del Principado y secretario general de los socialistas quiere reducir las fricciones con el SOMA y este sábado aprovechó un acto en plena cuenca minera, concretamente la fiesta anual del PSOE de Mieres, celebrada en el restaurante Casa Nando de Urbiés, para lanzarle un guiño a quienes antaño fueron sus “compañeros” de batalla.

Empresarios mineros "miserables"

A raíz de la situación de Mina Miura (Ibias) y los impagos que desde hace un año sufren sus trabajadores, Barbón recordó que desde el Ejecutivo regional se están estudiando posibles soluciones legales, las cuales pasarían por caducar la concesión al empresario actual y volver a sacar la explotación a licitación. Y es en este punto donde quiso exhibir una complicidad total con sus "compañeros" del SOMA.

“El consejero de Industria, el conjunto del Gobierno de Asturias, ha recibido a los trabajadores y a los compañeros del SOMA para trabajar en ver qué soluciones legales se pueden hacer”, explicó Barbón, quien insistió en que “lo que nadie se podría imaginar es que faltan instrumentos jurídicos para hacer frente a estos empresarios”.

Empresarios mineros a los que, sin poner nombre y apellido, calificó de “indeseables” y “miserables”. El presidente del Principado acusó de ejercer una “rapiñería empresarial” a quienes “explotan a los trabajadores” y “trafican con el dolor del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio de aquellos a los que no les pagan el salario”.

Incidió, además, en que se trata de personas que "no son verdaderos empresarios” y reiteró que el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando para encontrar vías de apoyo a los afectados por el conflicto laboral en Mina Miura.

Barbón no entró a valorar el dictamen de la comisión de Cerredo, aunque sí lo hizo su secretario de Organización en la FSA. Luis Ramón Fernández Huerga criticó que el texto, en su conjunto, “asigna unas responsabilidades que no encuentran otro fundamento que el interés político partidista”.

Afirmó que, pese a las múltiples modificaciones introducidas, mantiene “el error en el planteamiento que ya habíamos constatado”. Esto es, “se trata de un dictamen que presenta un enfoque desde el ámbito de las responsabilidades jurídicas administrativas”, resumió en alusión a que la propuesta señale directamente a los exconsejeros Enrique Fernández (presidente de Hunosa), Nieves Fernández (presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón) y Belarmina Díaz, así como al exviceconsejero Isaac Pola y a tres funcionarios.

"Pagaron con su vida"

Ignacio Requena, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, también valoró este sábado el dictamen final de la comisión parlamentaria. El sindicalista lamentó que el accidente de Cerredo “no fue una fatalidad, fue el resultado de trabajar a escondidas, sin ventilación, ni seguridad”.

En su opinión, el dictamen les da la razón y confirma que se extrajo carbón “de forma clandestina” y “sin permisos”, mientras la Administración “miró para otro lado”. Para Comisiones Obreras hay, por tanto, “claros responsables que están señalados en el informe y deben pagar por ello”.

“Este dictamen y un procedimiento judicial ágil es lo mínimo que merecen las familias, lo mínimo que merecen el conjunto de la sociedad y la seguridad minera”, insistió Requena, quien concluyó: “Cinco compañeros pagaron con su vida por un sistema que falló en cadena”.

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