El nuevo protocolo contra el acoso sexual para todo el Principado pone el acento en evitar la revictimización
El documento, que ya tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno, incluye al Sespa, al personal docente y a los funcionarios de Justicia

Edificio de consejerías del Principado en Oviedo. / LNE

El Principado contará con un protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo para toda la Administración autonómica. El documento, que ya tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno, formaliza una política de tolerancia cero frente al acoso y las conductas discriminatorias vinculadas al ámbito laboral institucional.
El Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos públicos es fruto del diálogo social y del desarrollo del I Plan de Igualdad de la Administración del Principado.
El texto parte de una premisa clara: estos tipos de acoso constituyen una manifestación estructural de la desigualdad entre mujeres y hombres y una forma de violencia contra las mujeres que vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la igualdad, la integridad física y moral o el derecho a un entorno laboral seguro.
Confidencialidad y acompañamiento
El documento incorpora una perspectiva integral basada en la prevención, la sensibilización, la formación y la reparación, con el objetivo de avanzar en una cultura organizativa libre de violencias machistas y discriminaciones.
Además, incorpora garantías avanzadas para las presuntas víctimas, como la confidencialidad de todo el procedimiento, medidas para evitar la revictimización, acompañamiento durante el proceso y mecanismos que priorizan los derechos, tiempos y decisiones de cada persona afectada.
El protocolo será de aplicación a todo el personal de la Administración del Principado y sus organismos públicos, incluidos el Servicio de Salud del Principado (Sespa), el personal docente dependiente de la Consejería de Educación y el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia transferida.
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