El Gobierno de Asturias aprueba el proyecto de Ley de Salud Mental para fortalecer derechos, fomentar la prevención y combatir el estigma

El Gobierno del Principado ha aprobado esta mañana el proyecto de Ley de Salud Mental, "una norma que persigue fortalecer derechos, fomentar la prevención y combatir el estigma, y que sitúa Asturias a la vanguardia nacional en participación y atención comunitaria", ha destacado el Ejecutivo autonómico.

“Esta ley es la expresión de un compromiso colectivo", ha subrayado la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra. Y ha añadido que el impulso de la norma "es la respuesta a un mandato social claro: cuidar más y cuidar mejor".

El texto que el Gobierno regional remite a la Junta General del Principado, para su debate y eventual aprobación, "protege, acompaña y reconoce la dignidad de todas las personas”, ha señalado la titular de Salud.

Saavedra ha señalado que las contenciones mecánicas (atar a los pacientes) están incluidas en la normativa como "última herramienta posible" y cuando exista un "riesgo de vida" para los pacientes, familias o profesionales.

El proyecto normativo es el resultado de un trabajo que comenzó al inicio de la legislatura, cuando la salud mental se situó en el foco de las políticas públicas y se abrió el camino para alcanzar un gran consenso social en esta materia.

Pacto por la Salud Mental

El acuerdo se materializó el verano pasado mediante la rúbrica, con más un centenar de entidades públicas y privadas, del Pacto por la Salud Mental, el documento que constituye la base ética y política de la nueva norma. Escuchar, comprender y construir desde la realidad de las personas que padecen sufrimiento psicosocial han sido las claves del proceso.

Asturias fue pionera en la reforma psiquiátrica de los años 80 del siglo pasado, cuando apostó por la desinstitucionalización de pacientes y el desarrollo de un modelo de asistencia comunitaria, un enfoque en el que ahora se profundiza. El proyecto reconoce a las personas con problemas de salud mental capacidad para decidir sobre su vida y sus tratamientos, al tiempo que incorpora derechos específicos, como la voluntariedad de la atención, el plan terapéutico individualizado, la perspectiva de género y la especial protección de la infancia y la adolescencia.

Una Oficina para la Protección de los Derechos en Salud Mental

La nueva ley robustece la promoción y la prevención e incorpora medidas en el ámbito educativo, laboral y local, así como una estrategia específica frente a la conducta suicida. Además, consolida la red de salud mental como sistema organizado, comunitario y coordinado con atención primaria para favorecer la recuperación de las personas y la continuidad de los cuidados.

Una de las grandes novedades que plantea la norma es la creación de una Oficina para la Protección de los Derechos en Salud Mental, que se encargará de comprobar si se respetan los derechos de las personas usuarias de los servicios y recursos de salud mental. También recoge la constitución de nuevos instrumentos de participación y garantía: el Foro de Salud Mental y la Comisión de Salud Mental.

A lo largo del mandato se han ido dando pasos, de la mano de asociaciones, entidades, sociedades científicas y el tercer sector para mejorar el bienestar emocional de la población asturiana. Así, en marzo de 2023 se aprobó el Plan de Salud Mental 2023-2030, la hoja de ruta que ha marcado la planificación de medidas y recursos. Después, a finales de 2024, se constituyó el Foro por la Salud Mental, un órgano asesor para orientar la atención a la ciudadanía desde un enfoque comunitario. Tras la firma del Pacto por la Salud Mental, el verano pasado, la nueva ley viene a poner el broche de todo el proceso.

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