La ley de Vivienda se adaptará a las recomendaciones de los letrados (y podría aprobarse antes del verano)

La futura ley de Vivienda del Principado está garantiza y se tramitará cumpliendo todos los objetivos jurídicos, pero también políticos con los que se planteó desde un inicio. La secretaria de Organización de Izquierda Unida, María Miranda, partido que está al frente de la Consejería de Vivienda, asegura que los reparos planteados por los letrados de la Junta General, en un informe en el que advierten de fallos jurídicos, falta de claridad y problemas de encaje competencial, "no alteran" los fines iniciales de la norma. No solo eso, sino que cada una de las advertencias que realizan "tiene encaje" y serán incorporadas al texto definitivo, que esperan poder aprobar en este periodo de sesiones (el cual finaliza el 30 de junio, si julio no se habilita de forma extraordinaria).

Desde IU quisieron lanzar este domingo un mensaje de "tranquilidad", tras la información relevada por LA NUEVA ESPAÑA, y aseguraron que la ley de Vivienda va a salir, a pesar de las "presiones" que aseguran estar recibiendo por parte de sectores que están en contra de la normativa. "Estamos recibiendo presiones, pero no lo vamos a consentir. La ley va a salir", aseguró Miranda.

Una de las cuestiones de mayor controversia que incorpora la ley es el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo. Es decir, se concede al ciudadano la capacidad legal de reclamar a la Administración una vivienda digna y, en el caso de no poder proporcionársela, desde el Principado se procederá a apoyar el pago de otros servicios básicos. Los letrados dudan de este medida que en IU insisten que van a mantener, pero que pulirán para dotarla de más eficacia.

También mantendrán las disposiciones transitorias para las que en el informe plantea una revisión integral. En este sentido, Miranda explicó que "la pluralidad de casos" que aborda la futura ley hacen necesario un exceso de disposiciones para que haya seguridad jurídica. Al igual que defiende la necesidad de declarar de utilidad pública ciertas actuaciones de rehabilitación para conseguir ayudas europeas. Ahora mismo la propuesta, en opinión de los letrados, es demasiado abierta y puede causar problemas.

Norma con "innumerables defectos"

Frente a esta defensa, el diputado del PP Agustín Cuervas-Mons la calificó este domingo de "chapucera" y "técnicamente mala". "Siendo el Gobierno regional con más miembros y medios de personal, no se puede tener tantos fracasos legislativos, es una constante", afirmó, recordando que actualmente están paradas tanto la ley de consumo como la de bebidas energéticas (ambas propuestas de la consejería que lidera el coordinador de IU, Ovidio Zapico).

Cuervas-Mons advirtió que los "innumerables defectos" que presenta actualmente la norma, en tramitación en la Junta, van a obligar a cambiar muchas partes de la misma. "Técnicamente es mala, pero ideológicamente es una locura. Es intervencionismo puro, persigue a los propietarios, una burocracia excesiva...", describió el popular. Y continuó: "No da ninguna seguridad jurídica a los propietarios, ni siquiera habla de los okupas, algo que me extraña muchísimo".

Pero además, añadió, "falla en la práctica". "Nadie discute que se necesita un parque de vivienda pública amplio, pero no hacen ni siquiera un estudio para ver dónde se necesita más. No aciertan en la parte legislativa ni en la ejecutiva", afirmó el diputado, para quien el informe de los letrados refleja el "desbarajuste" que existe dentro del Gobierno regional.

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