El "blindaje" al asturiano que pretende Barbón: extender su uso en la Administración (incluidos ayuntamientos) sin necesidad de llegar a la oficialidad

El compromiso de Adrián Barbón de que la futura Ley de Cultura e Identidad blindará el asturiano ha situado el debate lingüístico en un terreno alternativo al de la oficialidad. El Gobierno del Principado no dispone de los apoyos necesarios para reformar el Estatuto de Autonomía y reconocer el asturiano como lengua oficial, por lo que está buscando la fórmula para reforzar su protección, ampliar el margen de actuación de las administraciones y convertir la política lingüística en una pieza estable del sistema público cultural.

No cuenta el PSOE con esa mayoría cualificada suficiente, como quedó constatado el pasado verano con la última votación en la Junta para intentar sacar adelante la oficialidad. Para que esta medida salga adelante se requiere el respaldo de tres quintos de la cámara, es decir, 27 diputados. Actualmente, los partidos dispuestos (PSOE, Convocatioria-IU y la diputada Covadonga Tomé) a apoyar esta modificación solo suman 23.

Por tanto, Barbón habla de una fórmula para avanzar dentro de las competencias actuales. La Consejería de Cultura sostiene que la norma permitirá el “máximo desarrollo posible” dentro de ese marco y que "garantizará derechos culturales y lingüísticos", protegerá "las lenguas propias como parte esencial de la identidad asturiana" y dará cobertura a políticas de normalización en todo el territorio.

Uno de los puntos más relevantes del planteamiento de Cultura es el papel reservado a los ayuntamientos. La futura ley de Identidad reconocerá “la capacidad de las entidades locales para aprobar, dentro de sus competencias, planes y ordenanzas de normalización lingüística”. Ese aspecto abre la puerta a que los concejos desarrollen estrategias propias y coordinadas con el Principado.

Precisamente, en septiembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ratificó la nulidad del Plan de Normalización Llingüística del Ayuntamiento de Gijón para el periodo 2024-2027 tras una denuncia de Vox. La sentencia establecía que el documento era "una disposición con vocación normativa y no un mero plan de actuación”.

La fórmula planteada ahora por el Principado no equivaldrá a la oficialidad, pero hay que tener en cuenta que tampoco parte de cero. Asturias ya cuenta con referencias al asturiano en su Estatuto de Autonomía y dispone de una ley específica de Uso y Promoción, aprobada durante la presidencia de Sergio Marqués (PP). La novedad que plantea el Gobierno es integrar esa protección en una norma de mayor alcance político y cultural, con vocación de ordenar el sistema público de cultura, reconocer símbolos y señas de identidad y fijar nuevas herramientas administrativas.

En resumen, el blindaje no consistiría en reconocer un nuevo estatus jurídico de la lengua, sino en dotar de mayor estabilidad las políticas lingüísticas que se pretenden desarrollar en los próximos años, y cuya hoja de ruta está recogida en la “Estratexa de normalización”, presentada hace poco más de dos meses. En dicho documento se proponía, entre otras acciones, implantar un BOPA bilingüe.

Ese diseño, sin embargo, deja abierta la pregunta central: hasta dónde puede llegar una ley autonómica sin oficialidad. El Ejecutivo podrá reforzar programas, coordinación, órganos consultivos, planificación y reconocimiento cultural, pero no podrá atribuir al asturiano los efectos jurídicos plenos que tendría una lengua oficial.

Las dudas de la derecha

El proyecto queda atrapado entre dos lados opuestos. Por un lado, PP, Vox y Foro recelan del alcance político del blindaje. Por otro, Convocatoria-IU y Covadonga Tomé advierten de que la verdadera protección de las lenguas propias pasa por la oficialidad.

El presidente del PP, Álvaro Queipo, sostuvo ayer que el asturiano ya está protegido por el Estatuto y por la Ley de Uso y Promoción, y pidió al Gobierno que explique qué significa ahora “blindar” la lengua. Reclamó, además, que una ley de Identidad y Cultura de esa “importancia” no salga "de un despacho con un sesgo sectario e ideológico”. En cambio, dijo, debe ser compartido “al menos” con el principal partido de la oposición “para asegurarnos de que no es un muro más que divida a los asturianos”.

Por su parte, Carolina López, de Vox, llevó el debate a un plano identitario y acusó a Barbón de querer seguir los modelos catalán y vasco. “El dinero público debe invertirse en los servicios públicos, no en crear estructuras identitarias artificiales que ya nos cuestan 55 millones de euros al año”, sentenció.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, cargó contra la propuesta para la ley hecha por Izquierda Unida y acusó a Ovidio Zapico de ser “quien frustró la pasada legislatura la reforma del Estatuto de Autonomía” por “su cerrazón a buscar puntos de acuerdo que permitiesen alcanzar una mayoría de 27 diputados, negándose siquiera a discutir cambios normativos”.

La presión más incómoda para Barbón procede, no obstante, de su propio espacio parlamentario. Convocatoria por Asturies-IU recordó que la ley de Identidad fue pactada con el PSOE a iniciativa de la coalición, pero su portavoz, Xabel Vegas, avisó de que el borrador “se queda muy justo”. IU quiere negociar un texto más ambicioso y reforzar el papel de instituciones como la Academia de la Llingua o la RTPA.

Por su parte, Covadonga Tomé fue más explícita: “La mejor manera de blindar las lenguas propias es aprobar su oficialidad. Cuando hubo posibilidad numérica por la composición del parlamento asturiano, el presidente Barbón obstaculizó activamente esta oportunidad. Son totalmente oportunistas sus declaraciones”.

El Ridea, otro foco de conflicto

El debate lingüístico quedó además mezclado con la propuesta de IU de aprovechar la Ley de Cultura e Identidad para transformar el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) en una Academia de las Artes y las Ciencias Asturianas. Un planteamiento lanzado el lunes por el consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de IU, Ovidio Zapico, y ratificado este martes por el diputado Xabel Vegas. “Creemos que el Ridea ya ha cumplido una etapa y ahora lo que tenemos que crear es una Academia de las Artes y las Ciencias Asturianas”, insistió.

El director del organismo, Ramón Rodríguez, respondió acusando a Zapico de “sectarismo e ignorancia”. Pero, sobre todo, defendió una labor de 81 años de historia que “no conocen” porque “nunca los he visto en ninguna de sus actividades”. “El Ridea se ocupa de todo lo que es importante para Asturias, desde el conocimiento de su historia, su arte, su lengua, sus costumbres y su economía hasta problemas del máximo interés para los asturianos de hoy, como la sanidad, la demografía, la industria, la minería, la ciencia, la tecnología...”, destacó Rodríguez.

Asimismo, lamentó también que hace cuatro años, cuando se aprobó la ley del Ridea, contó con el respaldo total de IU, no solo con su votación a favor, sino “con todo aquello que planteamos”.

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