Las familias de las víctimas de Cerredo, tras el dictamen de la comisión de investigación: "Es un paso hacia la verdad, la justicia y la asunción de responsabilidades"

Las familias de cuatro de los cinco mineros fallecidos en el trágico accidente de Cerredo valoran el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria, que señala hasta siete responsables con nombres y apellidos e impulsa mecanismos de reparación tanto para ellos como para los heridos graves, como “un paso importante hacia la verdad, la justicia y la asunción de responsabilidades tras unos hechos de enorme gravedad que han conmocionado a todo Asturias y León”.

Precisamente por ello, consideran, por boca de su abogada, Beatriz LLamas, “imprescindible” que ahora “todas las fuerzas políticas estén a la altura” de ese compromiso institucional y respalden las iniciativas destinadas a garantizar una protección económica inmediata mientras se desarrollan los procedimientos judiciales y administrativos, que previsiblemente “se prolongarán durante años”.

El PSOE fue el único grupo parlamentario que votó en contra del dictamen de la comisión al considerar que “excedía” de lo que debía ser un órgano de estas características por reprobar a cuatro exconsejeros (Enrique Fernández, Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz e Isaac Pola) y a tres funcionarios.

Las familias también recuerdan que la línea de ayudas planteada por la comisión “no constituye una subvención ordinaria ni una ayuda graciable, sino anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil derivados de un gravísimo accidente laboral”.

“Su finalidad no es generar renta ni capacidad económica adicional, sino compensar parcialmente daños personales, morales, familiares y patrimoniales sufridos por las víctimas y sus allegados”, defiende Llamas.

Por tanto, insiste, “resulta esencial que cualquier mecanismo de anticipo indemnizatorio cuente con un tratamiento fiscal adecuado y coherente con su verdadera naturaleza jurídica reparadora”, a fin de evitar que las familias “sufran una nueva penalización económica derivada de interpretaciones tributarias impropias”.

La abogada defiende que, después de un año del trágico accidente, las familias de los fallecidos necesitan “seguridad jurídica, protección inmediata y el cumplimiento efectivo del apoyo institucional que públicamente se les trasladó desde el primer momento”.

“Asturias no puede reivindicar la memoria y el sacrificio histórico de la minería y, al mismo tiempo, dejar solas a las familias cuando más necesitan el respaldo de sus instituciones. La deuda con las víctimas no es una cuestión política ni presupuestaria, es una cuestión de justicia”, sentencia.

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