Demoledor informe del Tribunal de Cuentas sobre el "fiasco" de "Fevemocho": el escándalo de los trenes mal construidos supuso un sobrecoste de 20 millones

El "Fevemocho", el escándalo por el 'fiasco' de los trenes mal construidos que no entraban por los túneles, supuso un incremento de 19,4 millones de euros, equivalente al 11,9% del importe inicial del contrato, lo que sumado a otras partidas adicionales acabó elevando el coste total hasta los 218,8 millones de euros. El contrato inicial, hasta detectarse los errores, superaba los 161 millones de euros. El precio no tiene en cuenta el IVA, por lo que el sobrecoste ronde los 20 millones de euros. Esa es una de las principales conclusiones del informe que acaba de emitir el Tribunal de Cuentas sobre un episodio que salió a la luz en 2023.

El denominado "Fevemocho" estalló tras detectarse una demora de más de dos años en la construcción de 31 trenes de ancho métrico (la antigua Feve) debido a la incompatibilidad entre las dimensiones exigidas para los convoyes y algunos túneles de Asturias y Cantabria. El problema fue consecuencia de una cadena de errores y de la falta de coordinación entre Renfe, Adif y CAF, la empresa encargada de fabricar los trenes.

El Tribunal de Cuentas pone ahora negro sobre blanco lo sucedido. El informe concluye que el retraso en la ejecución del contrato estuvo relacionado con la inclusión por parte de Renfe Viajeros en los pliegos de "unas prescripciones técnicas de imposible ejecución", al exigir unos gálibos incompatibles con las infraestructuras por las que ya circulaban trenes de su propia flota.

Una modificación "no ajustada a derecho"

El Fevemocho desembocó en la firma de los conocidos como acuerdos de La Castellana, que ampliaron el número de trenes que recibirán Asturias y Cantabria y dieron lugar a una modificación del contrato inicial para corregir los errores relacionados con los gálibos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas es contundente: "Cabe afirmar que la modificación del contrato no fue ajustada a Derecho y que carece de justificación que Renfe Viajeros no resolviera el contrato y tramitara una nueva licitación".

Los acuerdos de la Castellana, según se informó en aquellos días, no habían supuesto ningún gasto público. El Tribunal de Cuentas echa por tierra esa versión de forma contundente. "En el convenio suscrito con las comunidades autónomas afectadas el 20 de febrero de 2023, el Ministerio de Transportes dejó constancia de que el contrato no había producido ningún gasto público, lo que, a la vista del antedicho desembolso, no se ajustaba a la realidad", destaca en uno de los párrafos.

Según el informe, esa modificación que se formalizó en noviembre de 2024 supuso un incremento del precio de 19,3 millones de euros, elevando el importe del contrato hasta los 181,6 millones.

Además, el órgano fiscalizador analiza la opción de compra adicional para incorporar la construcción de siete trenes adicionales, elevando el total de unidades de 31 a 38. Con esta ampliación, que costó más de 37 millones, el importe total de todo el contrato llegó a los 218,8 millones de euros. El sobrecoste total, contando también esos trenes adicionales, se situaría en 56 millones.

"Del importe modificado y hasta la finalización de la fiscalización, se habían abonado al adjudicatario un total de 21,8 millones", destaca el Tribunal en su informe.

El documento señala que los trenes deberán entregarse a partir del 31 de julio de 2028. Por el momento, los convoyes aún no han iniciado las pruebas de circulación, lo que debería suceder este año y siguen sin contar con una fecha concreta prevista de entrada en servicio. La última previsión de Renfe era que estuviesen, "en principio", en 2027.

Mejora de procedimientos

"Teniendo en cuenta que Renfe Viajeros es responsable, como empresa ferroviaria, de la compatibilidad del material rodante con la ruta por la que ha de circular, es necesaria una mejora significativa de sus procedimientos internos de gestión, que contemplen con carácter obligatorio la solicitud previa de información de ADIF, en su condición de administrador de la infraestructura ferroviaria, en todo lo que resulte necesario para la planificación de su actividad contractual y la preparación de sus contratos, con objeto de evitar sobrecostes y demoras en la ejecución que son evitables con la simple observancia de la diligencia debida y que no redundan en una mejora de la calidad ni de la seguridad del servicio ferroviario que ha de prestar", destaca el Tribunal.

El informe también señala las causas del "Fevemocho", asegurando que "el retraso en su ejecución (el contrato de los trenes) se debió a que los pliegos contenían unas prescripciones técnicas de imposible ejecución, incurriendo en causa de resolución, según los propios pliegos, y en un posible vicio de nulidad de pleno derecho".

Destaca, a su vez, que Renfe," era propietario de los trenes que en ese momento circulaban por las líneas de ancho métrico, por lo que podría haber obtenido conocimiento de los gálibos correctos con la simple consulta de sus bases de datos, tampoco solicitó previamente a la elaboración de los pliegos información a ADIF, como prevé la normativa ferroviaria, lo que pone de manifiesto una significativa falta de diligencia en su gestión que tuvo importantes consecuencias".

Suscríbete para seguir leyendo