Historia de una incineradora que nunca se construyó (pero que en Asturias sigue dando que hablar)

Asturias, región abonada a los debates interminables, afronta ahora, en 2026, un problema silencioso, a menudo ajeno al ciudadano de a pie, pero que no deja de crecer y que, cuando rebose, tendrá difícil solución. Hay algo en lo que coinciden todos los consultados —políticos, técnicos y operarios—: Asturias sigue sin saber qué hacer con una parte importante de la basura que genera.

El Principado pasó años enredado en una discusión eterna sobre el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) y la posibilidad de construir una incineradora para quemar parte de los residuos que ya no tenían cabida en el vertedero. Aquello puso en jaque a la política asturiana, provocó manifestaciones, recursos judiciales, enfrentamientos entre PSOE e IU —socios de gobierno cuando comenzó el debate y también en la actualidad— y alimentó interminables discusiones parlamentarias.

Sus defensores la presentaban como una infraestructura imprescindible para evitar el colapso del sistema de residuos. Sus detractores la consideraban incompatible con un modelo basado en la reducción, la reutilización y el reciclaje. La planta nunca llegó a construirse.

Sin embargo, más de veinte años después de que Cogersa incorporase por primera vez la idea a sus planes, la pregunta que pretendía responder sigue encima de la mesa. Y hoy, tras una semana frenética en el consorcio, está más vigente que nunca.

—"Ojalá se hubiese hecho"—, reconoció esta semana en el Parlamento el presidente del Principado, Adrián Barbón.

La polémica sobre la incineración comenzó apenas unos años después de la creación de Cogersa, en 1982. Ya en los años noventa existían dudas sobre la conveniencia de quemar residuos y se perfilaban dos corrientes claramente diferenciadas: quienes defendían la incineración como una herramienta más dentro de la gestión de residuos y quienes la rechazaban, considerándola una solución de último recurso por su impacto ambiental.

El año 2003 marcó un punto de inflexión. Por primera vez, Cogersa incluyó en sus planes de futuro la construcción de una planta de valorización energética destinada a dar oxígeno a un vertedero que ya empezaba a mostrar síntomas de agotamiento. La Unión Europea endurecía por entonces las exigencias ambientales y ponía el foco sobre los vertederos. La preocupación era evidente: ¿qué hacer cuando Serín llegase a su límite?

Vicente Álvarez Areces, entonces presidente del Principado, dio el primer paso e impulsó la tramitación del proyecto. IU, socio de gobierno del PSOE, enseñó rápidamente las uñas. También lo hicieron numerosos colectivos ecologistas. Incluso llegó a constituirse una plataforma específica, el Conceyu contra la Incineración.

En febrero de 2006, tras un intenso debate político y social, la Junta General decidió aparcar temporalmente el proyecto. La guerra, sin embargo, no había hecho más que empezar.

Después de varios años de bloqueo, Areces volvió a la carga. En 2010 el PSOE activó los trámites para levantar una gran instalación capaz de quemar 450.000 toneladas de residuos al año y con una inversión prevista de unos 250 millones de euros. IU amenazó con romper el gobierno y acusó a los socialistas de incumplir los compromisos adquiridos.

"Tranquilos, será pequeña"

"No conviene jugar con fuego porque se corre el riesgo de quemarse", advirtió entonces Jesús Iglesias, coordinador general de IU.

Desde el PSOE, Javier Fernández, que años más tarde ocuparía la Presidencia del Principado, defendía la necesidad de la infraestructura. "El futuro del basurero tiene que pasar por el reciclaje, por el compostaje y también, porque no va a haber otra alternativa, por la incineración de residuos", dijo.

La maquinaria siguió avanzando, pero la Justicia acabó interviniendo. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias consideró que el plan de residuos vigente no amparaba adecuadamente la construcción de una instalación de esas características.

La llegada de Francisco Álvarez-Cascos al Gobierno del Principado supuso un nuevo frenazo. Foro paralizó el proyecto, apoyándose en parte en aquella resolución judicial.

Pero la idea no murió ahí. Javier Fernández devolvió al PSOE al poder y trató de recuperar la iniciativa. Eso sí, con una versión reducida de la instalación. Consciente de la oposición de IU, lanzó un mensaje durante el debate de investidura: "Tranquilos, será pequeña".

La nueva planta tendría capacidad para tratar 310.000 toneladas anuales y una inversión cercana a los 200 millones de euros. Tampoco prosperó. Finalmente, el PSOE acabó aceptando las tesis de sus socios y el nuevo Plan Estratégico de Residuos 2017-2024 descartó expresamente la construcción de la incineradora.

La etapa de Adrián Barbón ha seguido ese mismo camino. Si durante años la palabra clave fue "incineradora", en la última legislatura el gran concepto ha sido el combustible sólido recuperado (CSR), generado por la nueva planta de tratamiento de la fracción resto, conocida popularmente como la Plantona. La instalación, que costó 62 millones de euros, permite recuperar de forma automática parte de los materiales que no se separan previamente en los hogares.

Las previsiones apuntan a una producción anual de unas 150.000 toneladas de CSR. Además, la planta recuperará unas 80.000 toneladas de materiales reciclables —principalmente plásticos y metales—, otras 40.000 toneladas de bioestabilizado procedente de materia orgánica y generará alrededor de 90.000 toneladas de rechazo que acabarán en el vertedero.

Y ahí sigue estando el gran problema. ¿Qué hacer con todo aquello que no puede reciclarse?

El vertedero de Serín ha tenido que ampliarse y Asturias continúa buscando una solución definitiva. Mientras tanto, las comunidades vecinas han optado por otra vía: Galicia, Cantabria, País Vasco o Navarra cuentan con instalaciones de valorización energética. Asturias, en cambio, sigue pendiente de definir un nuevo plan de residuos que sustituya al anterior, ya caducado.

Como tantas otras cuestiones estratégicas en la región, la gestión de la basura vuelve a llegar con retraso. Y el reloj sigue corriendo.

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