La oposición estalla por los sobrecostes del Fevemocho y el Gobierno se defiende: "Hubo un error que se subsanó"

El Gobierno de Pedro Sánchez y la empresa pública Renfe salieron este sábado al paso y defendieron sus actuaciones tras conocerse el demoledor informe del Tribunal de Cuentas sobre el llamado "Fevemocho", el escándalo de los trenes de cercanías de ancho métrico que fueron diseñados con unas dimensiones incompatibles con la red para la que estaban destinados. El documento revela que la modificación del contrato provocó un sobrecoste de cerca de 20 millones de euros, que acabó haciendo un total de 218 millones de euros.

"Hubo un error en el planteamiento de aquel proyecto, que se subsanó en cuanto se tuvo conocimiento de él. Se asumieron responsabilidades políticas y se actuó con agilidad para rehacer el proyecto, aunque ello supuso un incremento de los costes, evidentemente", explicó Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias.

Los acuerdos de La Castellana, suscritos tras el estallido del escándalo, no habían supuesto ningún gasto público, según sostuvo en su día el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Raquel Sánchez. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas desmonta esa versión de forma contundente. "En el convenio suscrito con las comunidades autónomas afectadas el 20 de febrero de 2023, el Ministerio de Transportes dejó constancia de que el contrato no había producido ningún gasto público, lo que, a la vista del antedicho desembolso, no se ajustaba a la realidad", señala el informe.

"También hubo rapidez por parte del Principado a la hora de exigir al Ministerio de Transportes el cumplimiento de los acuerdos de La Castellana. Los asturianos viajan gratis como compensación por aquel error y esperamos que los trenes lleguen cuanto antes. El secretario de Estado aseguró que no tienen constancia de ningún retraso", añadió la delegada del Gobierno.

El informe, tras hacer referencia al coste de los siete trenes adicionales comprometidos tras el escándalo, indica que los convoyes deberán entregarse a partir del 31 de julio de 2028, si bien el presidente de Renfe había señalado que, "en principio", estarían disponibles en 2027.

Lo que dice Renfe

Renfe, por su parte, aseguró que "muchas conclusiones del informe del Tribunal parten de una interpretación errónea del concepto de gálibo y del marco legal aplicable, lo que afecta a sus valoraciones sobre la resolución o nulidad del contrato". El Tribunal establece que el contrato defectuoso debería haberse resuelto, al contener medidas de túneles incompatibles. "Al contrario, Renfe asegura que los requisitos eran cumplibles conforme a normativa y se señala que el gálibo define límites máximos, no dimensiones fijas, por lo que no era necesaria la resolución del contrato sino una modificación de las condiciones iniciales", destacan en la compañía pública, donde recuerdan que debe ser el fabricante, CAF, quien garantice que los trenes cumplen con la normativa. "Renfe actuó conforme a la normativa vigente y nunca ha llegado a recibir trenes que no fueran aptos para circular", reiteran, asegurando su "máxima colaboración" en el proceso y recordando que se sigue esperando por los trenes.

"El informe del Tribunal de Cuentas analiza un episodio que fue grave y que tuvo consecuencias económicas derivadas de errores de planificación que nunca debieron producirse. Se trata de una evaluación necesaria para conocer con detalle lo ocurrido y extraer las lecciones correspondientes", aseguraron fuentes de la Consejería de Movilidad. "Gracias a ese acuerdo", agregan, "se amplió la renovación de la flota de cercanías de ancho métrico, se incrementó el número de nuevos trenes destinados a Asturias, se reforzaron los compromisos de inversión en la red ferroviaria y se garantizó la gratuidad de los servicios de cercanías hasta la llegada de los nuevos convoyes". Y precisaron desde la Consejería que los efectos de esa medida "siguen plenamente vigentes hoy y continúa beneficiando diariamente a miles de usuarios asturianos". Lo importante, concluyen desde el Gobierno regional, "es que los beneficios de aquel acuerdo no pertenecen al pasado. Son mejoras que ya están repercutiendo en la ciudadanía y que continúan desarrollándose".

Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Infraestructuras, e Isaías Taboas, presidente de Renfe en aquellos momentos, dimitieron tras el escándalo ferroviario.

Críticas de la oposición

"Ahora descubrimos que era falso lo que se nos había dicho hasta ahora. Siempre se mantuvo que el coste sería cero y que no habría retrasos. Ya sabemos que hay retraso, porque los trenes no fueron entregados en plazo, y descubrimos además el sobrecoste que pagaremos todos los asturianos", expuso Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias. "Barbón firmó los Acuerdos de La Castellana y nos los vendió como una solución seria. Lo cierto es que los trenes no han llegado y lo único que han hecho es poner excusas de forma constante para tapar las vergüenzas del PSOE a costa de todos los asturianos", afirmó el líder de los populares.

"Veinte millones tirados a la basura, es increíble. Solo a alguien muy incapaz se le pasa por alto la más mínima cautela o revisión de las condiciones de un contrato que supone esa cantidad. Que se encargue un tren que luego no cabe por los túneles es propio de Tip y Coll, Faemino y Cansado o de Martes yTrece", apuntó, por su parte, Gonzalo Centeno (Vox).

Para Delia Campomanes, de IU, la "errática gestión" de esos contratos, "cuyos máximos responsables políticos ya están fuera, demuestra la necesidad de procedimientos que garanticen modelos de gestión pegados al territorio y con mecanismos para evitar este tipo de errores que son un despilfarro, pero también un menoscabo de la calidad de los servicios públicos".

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé aseguró que "la descoordinación y la absoluta falta de rigor en las operaciones de dos empresas públicas, Renfe y Adif, es impresentable". "En Asturias ha tenido repercusiones muy concretas con el escándalo de los trenes más grandes que los túneles. Supuestamente se compensó en los Acuerdos de La Castellana con la entrega de un mayor número de unidades para Asturias. Unidades que no han llegado y de las que tampoco sabemos cuándo lo harán. Esta misma semana preguntamos en el Pleno al consejero Alejandro Calvo y no nos dio respuesta. El Ministerio de Transportes sigue ninguneando al Gobierno de Barbón, igual que ocurre con el peaje del Huerna y otros asuntos pendientes", manifestó.

"Las chapuzas tienen consecuencias. Mintieron tanto al asegurar que el error no tendría consecuencias económicas como al prometer la llegada de los nuevos trenes a Asturias, que todavía seguimos esperando", añadió por su parte Adrián Pumares, diputado de Foro.

"En este momento, lo relevante es que se cumplan los plazos comprometidos y que Asturias disponga cuanto antes de los nuevos trenes, sin que exista constancia de retrasos en su entrega. Lo importante para los asturianos es contar con un mejor servicio ferroviario y seguir avanzando en la modernización de unas infraestructuras fundamentales para la comunidad", añadió Luis Ramón Fernández-Huerga, secretario de Organización de la FSA-PSOE.

El "Fevemocho", el escándalo provocado por el fiasco de los trenes que no podían circular por los túneles para los que habían sido concebidos, supuso un incremento de 19,4 millones de euros, equivalente al 11,9% del importe inicial del contrato. Sumadas otras partidas adicionales, el coste total acabó elevándose hasta los 218,8 millones de euros. El contrato original, antes de detectarse los errores, superaba los 161 millones de euros. Las cifras del informe no incluyen el IVA, por lo que el sobrecoste total ronda los 20 millones de euros.

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