Jesús María Chamorro, presidente del TSJA: “La situación de los juzgados de Oviedo es frustrante y hace tiempo que no se soporta"

Jesús María Chamorro González preside el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desde diciembre de 2019 y fue reelegido en 2025 para un segundo mandato. Magistrado de larga trayectoria, llegó a la carrera judicial en 1989, ejerció en Pravia, Cádiz y el País Vasco, y desde 1998 desarrolla su labor en Asturias, donde fue presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo antes de asumir la Presidencia del alto tribunal asturiano.

—Ha destacado en sus últimas intervenciones la capacidad de resolución de la justicia asturiana. ¿En qué cifras se sustancia esa afirmación?

—Tenemos ahora mismo 153 jueces en Asturias, 89 de ellos mujeres, y con una plantilla más o menos estable hemos resuelto este año 170.000 asuntos, casi un 7% más que el año anterior. Entraron 165.000 asuntos y se resolvieron 170.000. El año anterior habíamos resuelto casi 161.000 y el anterior 143.000. Vamos incrementando tanto el número de asuntos que entran como el número de resoluciones. Estamos hablando de unos 1.100 asuntos por plaza judicial al año, resueltos con sentencia o con auto. Son muchos.

—Asturias es una de las comunidades con mayor litigiosidad. ¿Por qué?

—Es la tercera comunidad autónoma con mayor índice de litigiosidad. Habría que hacer un estudio sobre por qué es así. En España hay mucha litigiosidad y en Asturias también. Una de las razones puede ser que los ciudadanos encuentran en los tribunales una respuesta rápida, eficaz y buena. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje o la mediación, no acaban de dar el resultado que se pretende. También hay bolsas importantes de litigiosidad: contratación bancaria, cláusulas suelo, tarjetas revolving, asuntos laborales, empleo temporal... Hay mucho conflicto que se pretende resolver por vía judicial. Estos son temas que traen causa en directivas de derecho de la Unión Europea y es necesario mejorar las relaciones o el diálogo entre los tribunales españoles y el Tribunal de Justicia de Europa, de tal forma que haya mayor seguridad jurídica a la hora de resolver este tipo de pleitos. Hay temas como el de las cláusulas suelo o los inerinos que se han resuelto por parte del Tribunal Supremo, y ahora se va a dar un vuelta otra vez al Tribunal Europeo. Pero hay que poner un límite a esta a esta posibilidad de acudir continuamente a la UE. Los tribunales tenemos que generar seguridad jurídica y cuando el Tribunal Supremo dice una cosa, hay que cumplirla. Y si realmente hay un problema de aplicación de derecho de la UE, que haya un mecanismo, un diálogo adecuado o correcto y definitivo para solucionar estos temas.

—¿Es suficiente esa agilidad o haría falta más?

—Con las leyes procesales que tenemos, nuestra capacidad de resolución es difícil de optimizar. La justicia española es muy garantista y eso implica muchos trámites para garantizar el derecho de defensa, el derecho a la prueba y el derecho a formular alegaciones. Eso hace que los procedimientos se alarguen, porque está previsto así por la legislación. Con esos mimbres tenemos una justicia rápida y eficaz. Lo que debería haber es menos litigiosidad. No podemos seguir siempre reclutando más jueces, más funcionarios y más medios sin preguntarnos dónde acaba el sistema. A los juzgados deberían llegar los asuntos que realmente tienen un problema jurídico de fondo. No digo que nadie pierda su derecho a acudir a los tribunales, pero no podemos tener pilotos de caza tripulando avionetas.

—¿Existe riesgo de colapso porque llegan a los juzgados asuntos que podrían resolverse de otra forma?

—Creo que sí. Hay muchos asuntos que podrían tener una solución alternativa. El derecho ayuda a resolver conflictos, pero no es una panacea. También hay otros mecanismos para evitar que los conflictos se produzcan o para solucionarlos después.

—En Gijón, por ejemplo, se han detectado retrasos en algunas sentencias. ¿Hay puntos negros en la justicia asturiana?

—No todos los puntos son blancos. También hay puntos grises y alguno negro. Gijón tiene un peso específico muy grande, es la ciudad más poblada de Asturias y tiene mucha litigiosidad. Además, la distribución competencial de los órganos territoriales no siempre se ajusta a la realidad. Hay asuntos que, siendo de Gijón, van a Oviedo porque la organización es así. La Sección Octava de la Audiencia, con sede en Gijón, también ha tenido vicisitudes en relación con sus componentes, bajas y otras circunstancias que han influido. Pero no deja de ser un punto aislado dentro de una fotografía general que, en Asturias, creo que es francamente buena.

—¿La fase de instrucción se alarga demasiado?

—La instrucción es una fase complicada. Depende muchas veces de la investigación que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dirección del juez y con intervención del fiscal. Hay que hacer instrucciones buenas para que no fracase luego el juicio oral. En determinados delitos, las instrucciones son lentas y difíciles. Ahí tenemos la instrucción del accidente minero de de Cerredo.

—Ya que me saca el tema de Cerredo. ¿Qué le parece ese dictamen de la comisión parlamentaria de investigación? ¿Excede sus límites al señalar responsables políticos y funcionarios?

—No debo tener opinión al respecto.

—¿Cómo ve la posibilidad de profundizar en la figura del fiscal instructor?

—Es una figura que existe en otros Estados de nuestro entorno. En España habría que asegurar e implementar mayores medidas para garantizar la independencia del Ministerio Fiscal en esa fase de instrucción. Pero el sistema actual es plenamente satisfactorio. No invitaría a grandes cambios. Si hay un cambio, bienvenido sea; si no lo hay, creo que está funcionando de forma satisfactoria. Hay una colaboración muy buena entre fiscales y jueces.

Hay muchos asuntos que podrían tener una solución alternativa a un juez; no podemos tener pilotos de caza tripulando avionetas

—Ha reclamado reiteradamente más medios humanos, materiales y tecnológicos. ¿Qué es lo que más urge?

—La Administración de Justicia es un servicio que depende de muchos focos de poder distintos. Los jueces dependen de los órganos de gobierno del Poder Judicial, los fiscales de la Fiscalía General del Estado, los letrados del Ministerio de Justicia y los funcionarios y medios materiales de la administración autonómica. Es como si en un quirófano las pinzas dependieran de uno, las camillas de otro, los médicos de otro y las enfermeras de otro. En Asturias tenemos tres demandas fundamentales: mejores sedes judiciales, mejores medios informáticos y menos temporalidad del personal al servicio de la Administración de Justicia, con más especialización y formación.

—¿La inteligencia artificial debe entrar también en la Justicia?

—Sin duda. Necesitamos introducir inteligencia artificial en nuestra forma de gestionar los asuntos e incluso de resolver determinados trámites. En materias como contratación bancaria o recursos en masa, los escritos de demanda de los abogados se hacen con inteligencia artificial. Nosotros tenemos que disponer de iguales armas para poder dar una respuesta satisfactoria y pronta. Necesitamos utilizar la inteligencia artificial para dar respuesta a escritos de demanda que están hechos con inteligencia artificial.

—¿Cuál es la situación de las sedes judiciales en Asturias?

—Hay sitios que están bien, como Gijón, Villaviciosa o Valdés. Pero hay otros donde desde hace muchos años se precisan nuevas sedes: Cangas de Onís, Pola de Lena, Llanes, Pravia, Oviedo o Pola de Laviana. En Cangas del Narcea parece que contaremos con nueva sede a finales de año y en Pravia parece que las obras se iniciarán también este año. Pero en Llanes, por ejemplo, tenemos un órgano judicial por debajo del nivel de la calle, y cada vez que hay un problema de agua se inunda. Tener un órgano judicial en esas condiciones es un problema.

—Más allá de los edificios, ¿dónde está la mayor sobrecarga de trabajo?

—Hay que pensar que un tercio de la población asturiana pasa por los tribunales. Si hay 170.000 asuntos y un mínimo de dos partes por asunto, hablamos de más de 350.000 personas que han tenido un litigio. Tenemos puntos donde es necesario implementar medidas adicionales, en algunos ya con refuerzos que dan sus frutos: las secciones Décima y Octava de la Audiencia Provincial en Gijón, el juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo, que conoce asuntos de violencia de género en la fase de enjuiciamiento, o la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que lleva asuntos mercantiles. También vamos a necesitar refuerzos dentro de poco en la Sección Tercera, que tmabién enjuicia asuntos de violencia de género y agresiones sexuales. Lo que ocurre es que cuando pedimos refuerzos nos recuerdan en el CGPJ la situación del cinturón de Madrid, Barcelona o Valencia. Creo que hay que premiar a los que lo hacemos bien, pero es verdad que nuestras necesidades, comparadas con otros territorios, no tienen la misma urgencia.

—¿La violencia de género se tramita en Asturias con la rapidez necesaria?

—El año pasado tramitamos unos 3.500 asuntos de violencia de género. Ha bajado un 15% el número de mujeres que acuden a denunciar a los juzgados de violencia de género y también el número de órdenes de protección, en torno a un 10% o un 12%. Aun así, creo que esos juzgados trabajan de forma muy rápida y eficaz. La orden de protección es inmediata. Donde necesitamos mejores medios es en evitar la revictimización y la confrontación visual entre víctimas y agresores. También necesitamos personal funcionario especializado. Los juzgados están especializados y los jueces también, pero hay que dar ese paso con los funcionarios.

—¿El Principado escucha suficientemente las reclamaciones del TSJA?

—Escucharse, se escucha. Lo que hace falta es pasar a hechos ciertos y reales. Hay un plan de infraestructuras general, pero Oviedo no está en ese plan. Y los plazos son excesivamente largos. Estamos hablando de bastante más allá de 2033 para finalizarlo, cuando es una demanda que venimos haciendo pública desde hace muchos años. En Oviedo no acabamos de ver la solución final. Falta definición de tiempos y tampoco sabemos con exactitud cuál será el proyecto, si será Llamaquique o qué. El anuncio del Presidente fue en septiembre de 2022 y desde entonces los pasos han sido muy tímidos. Necesitamos ver la foto definitiva, sobre todo saber cuándo se hará realidad.

—¿Oviedo es ahora mismo el gran problema de la Justicia asturiana?

—El espacio en Oviedo está completamente agotado. Si necesitamos algún juez adicional, y lo vamos a necesitar tanto en plantilla como por refuerzo, ni siquiera podemos darle un despacho. Y, lo que es quizá más grave, tampoco tenemos salas de vistas para hacer más señalamientos y más vistas públicas. Hemos perdido salas de vistas y las salas de vistas son fundamentales para nuestra función. Estamos en una suerte de provisionalidad permanente, una provisionalidad definitiva, que se ha agravado al suprimir dos sedes judiciales en Oviedo. Una tercera también se va a suprimir. Con lo que hay más comprensión de personas.

Quien metió a la Universidad en la ecuación de unificar las sedes fue el Principado; mi relación con el Rector es magnífica

—¿Hasta cuándo puede soportar esta situación la Justicia en Oviedo?

—Hace tiempo que no la soporta. Hace tiempo que el Palacio de Justicia de la plaza Eduardo Gota Losada está agotado y que el servicio no se presta adecuadamente. No es fácil orientarse en ese edificio, la gente espera en los pasillos y la situación llegó hace tiempo a su límite.

—Es duro que un presidente del TSJA diga que no se presta adecuadamente el servicio...

—Creo que el propio Principado ha reconocido esta circunstancia. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial han visitado el edificio y han llegado a la misma conclusión.

—La Universidad ya ha ocupado el edificio de la calle Independencia para centralizar vicerrectorados. ¿La antigua sede de Minas habría resuelto parte del problema al poder instalar allí provisionalmente alguna facultad de Llamaquique que quedase ya para juzgados?

—Sin duda. Había un compromiso anterior que no estaba escrito, pero lo había, para que esto fuera así, y al final no ha sido así. Nosotros seguimos esperando una solución puente. No tiene que venir necesariamente de la mano de la Universidad, aunque si la ecuación es la que plantea el Principado, tendría que venir de la mano de la Universidad. En su momento apostamos por una solución definitiva en Llamaquique. Mientras eso se resolvía, algunos edificios previstos para formar parte del conglomerado de Justicia se iban a poner a nuestra disposición para ir dando pasos. Pero a día de hoy no vemos ni la foto final ni la foto intermedia.

—Da la sensación de que cada uno defiende lo suyo y de que no hay espacio en Oviedo para que convivan una ciudad de la Justicia y un campus universitario.

—Debería haberlo. Con buena voluntad, capacidad de entendimiento y capacidad de negociar y de ceder, debería haberlo. Yo creo que debería existir un principio de solidaridad entre los poderes públicos. A partir de ahí, a quien tengo que demandar que haya una solución para los medios materiales de la Justicia en Asturias es al Gobierno regional, que es quien tiene la competencia. La Universidad tiene su autonomía, su capacidad de decisión y su propio programa de actuación. Quien introdujo a la Universidad en esta ecuación no fue la Justicia, sino el Gobierno.

—¿Ha sido un error introducir a la Universidad en esa ecuación? Tal parece que su entendimiento con el Rector es nulo.

—No lo sé. No puedo hacer valoraciones políticas. Primero, porque no soy político, soy presidente del Tribunal Superior de Justicia; y segundo, porque yo no he tomado esa decisión. Con el Rector tengo una magnífica relación personal, tuvo un detalle con mi persona dándome la medalla de la Universidad de Oviedo, donde me licencié y doctoré y que es mi "alma máter". Dicho esto, la sensación que tenemos es que nuestra situación es muy precaria. Hace mucho tiempo que lo es y cada vez lo es más. Y creo que es más precaria que el servicio que prestan otros poderes públicos.

—¿Cómo afecta la dispersión de sedes al ciudadano?

—Le afecta en muchos planos. Primero, porque no tiene sedes agradables, cómodas, donde pueda sentirse atendido con intimidad y tranquilidad. Muchas personas que acuden a la Justicia están en una situación personal complicada o son vulnerables. En segundo lugar, afecta al trabajo de los funcionarios, dispersos por edificios, pasillos y habitaciones donde a veces es difícil acceder. Y también faltan espacios adecuados para servicios complementarios: oficina de atención a las víctimas, atención a personas afectadas por desahucios, Junta Electoral cuando hay elecciones... La afección al ciudadano es multidireccional.

—Digamos que son los principales afectados.

—Sí. Los jueces tienen su despacho individual y muchos pueden trabajar desde casa. En mis 37 años como juez, he puesto pocas sentencias en el despacho. Las pongo en mi casa, con mis cosas. El menos afectado por esta situación es el juez. El más afectado es el ciudadano.

—Defina con una palabra la situación de los juzgados de Oviedo.

—Frustrante. Son muchos años demandando una solución y no acaba de llegar.

—En medio de esa situación llega la ley de eficiencia judicial y las nuevas oficinas judiciales para centralizar los servicios necesarios para los juzgados. ¿Está justificado el lío que se ha generado?

—El cambio es un cambio de paradigma, y un cambio de paradigma siempre conlleva situaciones incómodas. A la ley hay que darle una oportunidad. Los jueces estamos para cumplir la ley. Pero los tiempos de implantación han sido muy cortos y en Asturias nos hemos puesto demasiado tarde con la ley. Además, lo hemos hecho con unos medios que sabíamos que no eran los más adecuados para el nuevo escenario. Eso ha generado frustración en jueces, funcionarios, abogados y operadores jurídicos.

—¿Qué riesgo ve en el nuevo modelo?

—La nueva oficina judicial tiene una virtud: es transversal y horizontal. Los funcionarios son intercambiables y pueden moverse donde hagan falta. Pero tiene un riesgo importante: aislar al juez, que es la pieza clave del servicio. La Administración de Justicia tiene como punto central la función judicial, que es juzgar y ejecutar lo juzgado. No hay oficina judicial si no hay un juez que dicte un auto o una sentencia. Por eso hay que crear mecanismos de relación correctos entre los jueces y la oficina judicial.

—Y los medios digitales son claves.

—Es fundamental. Tiene que haber sistemas telemáticos adecuados, sin fisuras ni fallos, con asistencia técnica continua y formación. Si estoy celebrando un juicio y se cae una videoconferencia, necesito que se arregle sobre la marcha para no mandar a la gente a casa y retrasar el juicio cuatro o cinco meses. Lo mismo ocurre con medidas urgentes, como una suspensión de demolición o una decisión sobre la libertad de una persona. Un ciudadano no puede estar ni un segundo más de lo debido privado de libertad. Eso exige que el juez tenga conocimiento inmediato y exhaustivo de la situación.

—¿Calificaría de caótica la implantación de la oficina judicial?

—No, no la calificaría de caótica. Creo que hay que mejorar y perfeccionar la implantación. En Oviedo, desde luego, hay que mejorarla. En Gijón ha habido menos problemas. Oviedo tiene varias sedes, mucha dispersión y hay una digitalización respecto a la que no tenemos la seguridad ni las garantías que se nos dijeron que íbamos a tener.

—El propio TSJA ha dictado una sentencia que tumba su implantación en varios partidos judiciales. ¿Qué ocurre ahora?

—No voy a entrar en resoluciones judiciales. Ahora habrá que ejecutar la sentencia cuando corresponda. Parece que se va a recurrir. Puede haber ejecución provisional o puede esperarse a que la sentencia sea firme. Eso no me corresponde valorarlo como presidente. La sentencia la dicta una Sala judicial y la Administración tendrá que cumplirla cuando toque.

—¿No resulta curioso que una medida para los juzgados que usted preside reciba una sentencia en contra del propio TSJA?

—Desde fuera puede comprenderse menos, pero desde dentro es perfectamente comprensible. Hay que diferenciar entre quienes ejercen una función jurisdiccional y quienes tenemos una responsabilidad gubernativa. La justicia funciona así. Todos estamos sometidos a la ley y al escrutinio de los tribunales cuando alguien lo demanda.

—En el debate político nacional se habla mucho de “lawfare”. ¿Qué siente cuando algunos políticos utilizan ese término?

—Me decepciona tremendamente. Después de muchos años en los que los jueces hemos dado señales inequívocas de absoluta independencia y de sometimiento exclusivo a la ley, que alguien siga planteando sospechas sobre la independencia judicial me parece absolutamente desafortunado. Creo que esas afirmaciones son residuales y que una inmensa mayoría de la ciudadanía cree en sus jueces y confía en ellos. La prueba es que cada vez acuden más a los tribunales.

Me decepciona que algunos políticos hablen de «lawfare», pero es algo residual porque la ciudadanía confía en sus jueces

—¿Es mejorable la separación de poderes en España?

—Desde el punto de vista de su funcionamiento, la separación de poderes es satisfactoria. Nuestra Constitución y nuestro bloque de constitucionalidad diseñan mecanismos adecuados para proteger la independencia judicial y la separación de poderes. Otra cosa es la percepción pública. Ahí quizá haya camino por recorrer. Nuestro sistema es confiable, tiene que tener vocación de permanencia y no podemos replantear el sistema constitucional cada cierto tiempo. Los sistemas son mejorables, pero también hay que saber rentabilizar lo que tenemos. Y lo que tenemos es un sistema de calidad.

—¿La sentencia contra el fiscal general del Estado ha sido un duro golpe para la Administración de Justicia?

—No es bueno, sin duda, que un responsable máximo de la Fiscalía se vea en esa situación. Lo que hay que hacer es respetar a la justicia. Respeto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y no tengo ninguna duda de su rigor jurídico. Las salas del Tribunal Supremo están compuestas por la élite de la justicia española.

—Y llegó el auto del juez Calama que investiga a Zapatero. ¿Lo ha leído?

—No, sinceramente no lo he leído. No tengo tiempo para leer todos los autos ni todas las sentencias mediáticas. Además, no suelo opinar sobre resoluciones judiciales. Ahora tengo una responsabilidad gubernativa y no lo hago; antes tampoco lo hacía. Muchas veces uno puede leer un auto o una sentencia y hacer una valoración jurídica, pero para decir si está bien o mal hay que conocer los autos. En derecho cuenta la verdad formal, no la verdad material. Lo que no está en los autos no cuenta para tomar una decisión, y esa verdad formal no la conoce quien está fuera del procedimiento.

—En cualquier caso, que se investigue a un presidente del Gobierno es un hito judicial. ¿Es un síntoma de independencia judicial?

—Todos estamos sometidos al imperio de la ley. Todos estamos sometidos a que los jueces, a instancia de parte, investiguen comportamientos presuntamente delictivos. Estamos en un Estado garantista. Desde el punto de vista jurídico, es una situación de normalidad. La persona investigada tendrá derecho a asistencia jurídica y a la defensa, habrá un fiscal que podrá ejercer la acusación si procede, podrán personarse otras partes legitimadas y hay un juez de instrucción, de la Audiencia Nacional, con mucha experiencia. Confío en que su trabajo será correcto. Y, por supuesto, hay un principio fundamental, que es la presunción de inocencia.

—Cuando termine su mandato, ¿qué le gustaría dejar encauzado?

—Me gustaría ver culminadas las tres demandas que han sostenido este mandato, que ya se prolonga más de seis años. Como veo que va a ser imposible, al menos quisiera verlas pergeñadas: un compromiso firme y formalizado para la unificación de sedes en Oviedo, unos sistemas digitales adecuados en Asturias y funcionarios titulares de carrera, bien formados y seleccionados.

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