El Gobierno de Sánchez cita por separado a las autonomías para negociar la financiación
Las primeras conversaciones entre Hacienda y los Ejecutivos regionales se harán en "reuniones bilaterales", como pedía ERC
El ministro Arcadi España quiere cerrar el nuevo modelo antes de que acabe el año para estrenarlo en 2027

Hacienda acelera para aprobar la nueva financiación, que entrará en vigor en 2027 / LNE

El Ministerio de Hacienda informó ayer que ha remitido una carta a las comunidades de régimen común, entre las que se encuentra Asturias, para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
La intención del departamento que dirige Arcadi España es concertar fechas con las distintas comunidades autónomas, aunque algunos ‘barones’ del PP han mostrado sus dudas respecto a estas reuniones bilaterales y han apostado por tratarlo en órganos multilaterales. Falta por saber qué harán finalmente ante esta llamada de Hacienda.
En cualquier caso, el ministro España mantiene su "compromiso" de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año. En su momento, la exministra María Jesús Montero aclaró que esto se tiene que plasmar en una ley orgánica, es decir, en un texto con artículos, que permita superar la norma anterior de financiación autonómica. No obstante, algunos grupos que sustentan al Gobierno han expresado ya su rechazo a este planteamiento.
Asturias, en el último Consejo celebrado en Madrid, se mostró en contra del modelo planteado, aunque se alejó de las fuertes críticas de las comunidades gobernadas por el PP y se abrió a negociar y poder hacer cambios. El nuevo sistema necesitaría el sí de ese órgano (el Gobierno tiene ahí mayoría, al solo necesitar un voto favorable y contar con Cataluña) para luego plasmar el modelo en una ley.
La intención del Ejecutivo es aprobar este año la normativa, para que pueda entrar en vigor en 2027.
Montero, siendo todavía ministra de Hacienda, tuvo que hacer frente a la oposición del PP en el último consejo, pero también valoró la actitud del Gobierno asturiano. "Con Asturias, bien. Quieren incorporar elementos nuevos y están dispuestos a dialogar", dijo entonces, emplazando a futuras reuniones que tendrán lugar ahora.
El sistema prevé inyectar 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas —248 para Asturias— pero según varios expertos beneficia sobre todo a las regiones del Meditérraneo.
Asturias reclama que en el futuro reparto no tenga tanto peso la capacidad fiscal de los territorios y sí el coste real de los servicios, además de otros factores como la orografía y el envejecimiento. El Principado mantiene que sus prioridades están fijadas en dos documentos: la Declaración de Santiago, firmada por ocho regiones, y el acuerdo de la Junta General.
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