Movimientos tras el dictamen de Cerredo: relevo del jefe de servicio de Minas y nuevos controles a los proyectos mineros

Cambios de calado en el servicio de Minas del Principado para tratar de reforzar un área que ha quedado bajo escrutinio político y administrativo tras el accidente de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros, y después de que la comisión de investigación de la Junta General señalara fallos de control e inspección.

El Gobierno asturiano, dentro del Plan Regenera, ha impulsado el relevo al frente del servicio de Minas de Santiago Berjano. Su nombre figura en el dictamen aprobado por la comisión parlamentaria, que reprocha su actuación como máximo responsable técnico del área. Su sustituta será María Elena Colunga, actual jefa de servicio de Industria, que asumirá ahora la dirección de un departamento situado en el centro del debate político desde la tragedia de Cerredo "tras la jubilación de su antecesor", asegura el Principado.

Nacida en Oviedo en 1965, Colunga es ingeniera de Minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo. Es funcionaria de carrera tanto de la Xunta de Galicia (Cuerpo Facultativo Superior, escala de Ingenieros de Minas) como de la Junta de Castilla y León (Cuerpo de Técnicos Superiores, Ingenieros de Minas). Inició su trayectoria en la Administración en 1994.

Tras desempeñar distintos puestos en la Junta de Castilla y León y en la Sección de Minas de León, se incorporó a la Administración del Principado en 2002. Desde diciembre de 2008, ocupaba la jefatura del actual Servicio de Política Industrial de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo.

Berjano aparece citado expresamente en el dictamen. Ya en el borrador elaborado por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, se apuntaba que, como superior jerárquico, asumía la supervisión de las inspecciones realizadas en la explotación. El texto definitivo sostiene que validó las actas sin cuestionar ni la metodología empleada ni las conclusiones alcanzadas.

También le atribuye no haber advertido incompatibilidades entre distintos instrumentos administrativos, como el proyecto de rehabilitación de la mina y las posteriores transmisiones y autorizaciones. La comisión concluye que la falta de dirección efectiva y de planificación de la actividad inspectora determina su responsabilidad como supervisor.

Los grupos parlamentarios acordaron la semana pasada el dictamen final con el único rechazo del PSOE. El documento mantiene el señalamiento a los siete cargos, entre responsables políticos y funcionarios, incluidos ya en el borrador presentado hace un mes por Tomé.

Más cambios

La reorganización en el servicio de Minas no es la única medida adoptada por el Principado. El Gobierno regional ha aprovechado para introducir cambios normativos dirigidos a reforzar el control sobre la actividad minera y cerrar algunas de las vías administrativas que quedaron en entredicho tras el caso Cerredo.

Así, la Consejería de Ciencia ha aprobado una nueva instrucción para regular la tramitación de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), la figura utilizada por Blue Solving para operar en Cerredo y que fue considerada por numerosos expertos y grupos políticos como una fórmula que permitió desarrollar una actividad extractiva bajo la cobertura de un proyecto de investigación.

El texto distingue entre los casos en los que existe un proyecto general de explotación vigente y aquellos en los que no. Si la concesión ya dispone de este proyecto, las actuaciones de investigación deberán integrarse en el plan de labores. En cambio, cuando no exista dicho proyecto y la actuación no implique extracción de mineral más allá de catas, sondeos u otros trabajos de similar intensidad, la tramitación se realizará como un permiso de investigación, con su correspondiente documentación técnica, información pública e informes sectoriales.

La nueva norma tiene como objetivo, según recoge literalmente, "establecer las pautas de actuación administrativa" a las que deberán ajustarse los órganos de la Administración autonómica en este tipo de expedientes.

La instrucción diferencia entre las investigaciones que se desarrollan en explotaciones con Proyecto General de Explotación vigente y aquellas que se plantean en concesiones que carecen de él. Además, establece una distinción clave entre los proyectos que únicamente contemplan sondeos, catas u otras labores de investigación y aquellos que prevén una extracción relevante de mineral.

En el primer supuesto, la tramitación deberá seguir un procedimiento específico con información pública, informes sectoriales y autorización administrativa. En el segundo, cuando la extracción vaya más allá de la estrictamente necesaria para la investigación, el proyecto deberá tramitarse como un Proyecto General de Explotación y someterse a todas las exigencias previstas para una explotación minera ordinaria.

La instrucción añade además una cautela específica para las concesiones afectadas por el Plan de Cierre de la Minería del Carbón. En estos casos, cualquier autorización que implique extracción de mineral deberá acreditar previamente su compatibilidad con dicho plan mediante un informe favorable del Instituto para la Transición Justa.

Junto a ello, la Consejería también ha aprobado una segunda instrucción destinada a endurecer los requisitos para la transmisión de derechos mineros, otra de las cuestiones que afloró durante la investigación del caso Cerredo.

Entre las novedades figura la posibilidad de exigir una fianza equivalente al 10% de la inversión prevista para el primer año cuando la autoridad minera considere que el programa de financiación presentado por el adquirente no ofrece suficientes garantías. La nueva regulación también pone el acento en la solvencia técnica que deberán acreditar quienes pretendan hacerse con una concesión minera. En el ámbito económico, las empresas deberán acreditar un determinado volumen de negocio o patrimonio neto en relación con las inversiones y gastos previstos en el proyecto minero.

La instrucción también regula los supuestos de compra, absorción, fusión o escisión de empresas titulares de concesiones mineras. En estos casos, la Administración verificará que la entidad resultante mantiene las condiciones de capacidad y solvencia exigidas para la explotación del recurso.

Junto a estas decisiones, el Gobierno del Principado ha aprobado la segunda modificación del decreto de estructura orgánica básica de la consejería con el fin de reforzar la organización del área minera. La principal novedad es la recuperación del Servicio de Seguridad Minera dentro de la Dirección General de Energía y Minería.

"Este nuevo servicio asumirá competencias en materia de seguridad y salubridad en explotaciones mineras y establecimientos de beneficio, además de funciones de inspección, control, supervisión y, en su caso, sanción. También será responsable de la certificación de aptitud en determinadas profesiones, la coordinación de programas de formación en seguridad minera y la elaboración de los planes generales de inspección", destacó.

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