Las empresas que fabriquen productos no saludables no podrán patrocinar actividades escolares o extraescolares en Asturias

Las empresas que fabriquen productos o presten servicios no saludables no podrán patrocinar actividades escolares o extraescolares, o publicitarse en las mismas. Así lo establece el proyecto de Ley de Salud Pública, aprobado este pasado lunes por el Gobierno de Asturias, en su artículo 63, dedicado a “ambitos de actuación de la promoción de la salud”. La norma concreta que queda excluida “cualquier colaboración con empresas de tabaco, de bebidas alcohólicas y de juegos y apuestas”.

La misma norma indica en su artículo 64, sobre “promoción de la alimentación saludable y sostenible”, que en los centros y establecimientos educativos, sanitarios y de servicios sociales públicos o financiados por las Administraciones, que cuenten con servicios de restauración colectiva o venta de alimentos y bebidas, “sólo se permitirá la ubicación, instalación y funcionamiento de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas saludables, cuyas características serán establecidas reglamentariamente”.

Refuerzo de autoridad

En su exposición de motivos, el texto señala que el concepto de salud pública en el que se basa la futura norma autonómica “es el de la acción colectiva, tanto de los poderes públicos como de la sociedad civil, encaminada a proteger y mejorar la salud de las personas”.

Asimismo, refuerza el peso de agentes de la autoridad sanitaria, ya que dispone que el personal funcionario y estatutario de la Administración sanitaria autonómica que, con la debida acreditación, realice funciones de intervención, inspección y control en el marco de la presente ley, “tendrá la condición de agente de la autoridad sanitaria y, por tanto, la consideración de autoridad pública”.

Nueva herramienta frente a emergencias

El proyecto de Ley de Salud Pública está llamado a actualizar el marco normativo vigente “para incorporar el aprendizaje adquirido durante la pandemia de la covid”, indica la Consejería de Salud, que pone el acento en “fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta ante emergencias sanitarias”. Asimismo, refuerza la prevención y regula ámbitos clave como la seguridad alimentaria y la salud ambiental y laboral.

“El objetivo es claro: reducir las desigualdades en salud y garantizar que el lugar donde residimos o nuestras condiciones de vida no determinen nuestras oportunidades de vivir con salud”, sostiene la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra.

La ley parte de la premisa de que la salud no depende únicamente de la atención sanitaria, sino también de factores sociales, económicos, laborales, ambientales, culturales y educativos. Este hecho exige un marco normativo que permita actuar sobre estos determinantes para reducir desigualdades.

Derechos y deberes

La norma refuerza los derechos de la ciudadanía a la protección de la salud, a recibir información veraz y comprensible, a participar en las políticas públicas y a que todas las actuaciones garanticen la dignidad, la confidencialidad y la seguridad. Igualmente, fija deberes como los de evitar conductas que pongan en riesgo la salud colectiva, colaborar con las autoridades sanitarias y contribuir a la protección de la sociedad en conjunto.

El texto impulsa la promoción de la salud a lo largo de toda la vida y en todos los entornos —educativo, laboral y comunitario- y consolida un sistema de vigilancia robusto, con mecanismos de alerta precoz para mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias, con medidas basadas en la evidencia científica y criterios de proporcionalidad y transparencia.

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