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Asturias prohibirá por ley nuevas viviendas de uso turístico en áreas tensionadas, donde el Principado tendrá derecho preferente en compra de inmuebles

La ley de Ordenación del Territorio (LOITA) creará la figura de zonas de mercado resgringido, que permitirá además establecer el derecho de tanteo y retracto a favor del Principado en operaciones de compraventa de inmuebles

Viviendas en construcción en Siero.

Viviendas en construcción en Siero. / P. T.

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Oviedo

Asturias suspenderá la aprobación de nuevas licencias de uso turístico y prohibirá el cambio de uso de los inmuebles residenciales en zonas tensionadas o declaradas zonas turísticas protegidas. La medida se incorporará al proyecto de ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA) a través de una nueva figura, zonas de mercado restringido, que permitirá además establecer un derecho de tanteo y retracto a favor del Principado sobre solares, inmuebles completos, pisos y suelos.

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, explicó que el Ejecutivo trabaja en los últimos informes que deben acompañar al texto, con el objetivo de llevar el proyecto de ley al Consejo de Gobierno a lo largo de este mes de junio y remitirlo después a la Junta General. Según señaló, la incorporación de este artículo responde a las alegaciones planteadas por Comisiones Obreras, que fueron analizadas por el equipo de la Consejería y por la Dirección General de Ordenación del Territorio.

Este régimen urbanístico se implantará automáticamente en aquellas zonas declaradas tensionadas o protegidas. El objetivo de la medida es doble. Por un lado, impedir que viviendas destinadas al uso habitual y permanente pasen a actividades más lucrativas en las zonas donde se limite el precio del alquiler. Hasta ahora, el Principado ha declarado como zonas tensionadas: Llanes capital y Posada (Llanes); Poo y Arenas (Cabrales); los barrios gijoneses de La Arena y Cimadevilla; Luanco (Gozón) y el de La Magdalena (Avilés). Y el próximo lunes se aprobarán Poo, Barro, Niembro y Nueva, en el concejo de Llanes.

Laura López junto al Consejero.

Laura López junto al Consejero. / Eloy Alonso / EFE

Laura López, directora general de Urbanismo, reconoció que poner coto a los precios del alquiler podría provocar “un riesgo de que los propietarios dedicaran esos inmuebles a actividades más lucrativas y que al final perdiéramos inmuebles. De esta manera creemos que cerramos esa esa posibilidad”.

El otro objetivo es permitir al Principado adquirir inmuebles mediante tanteo y retracto para incorporarlos al patrimonio público de suelo. La Administración tendrá que ser informada de las transmisiones que se pretendan realizar en estas áreas y podrá ejercer una opción preferente de compra. Esa intervención podrá producirse antes de formalizar la operación, mediante el tanteo, o después, a través del retracto.

Ovidio Zapico defendió que la vivienda es “un derecho” y sostuvo que el acceso a ella constituye “el mayor reto” social actual. También subrayó que las leyes aprobadas por la Junta General son de aplicación en toda la comunidad autónoma y de obligado cumplimiento para ciudadanos, administraciones y ayuntamientos.

Ovidio Zapico y José Manuel Zapico durante la rueda de prensa.

Ovidio Zapico y José Manuel Zapico durante la rueda de prensa. / Eloy Alonso / EFE

CCOO reclama más pasos

José Manuel Zapico, secretario general de CCOO, valoró positivamente la incorporación de esta figura a la LOITA, aunque advirtió de que la medida debe ser “el inicio de un camino” para reforzar las políticas de vivienda en Asturias. El sindicato defendió que "el suelo asturiano no puede convertirse en un espacio de especulación" y reclamó nuevas limitaciones para los grandes tenedores.

El representante sindical afirmó que la situación de la vivienda exige medidas ambiciosas y puso como ejemplo el encarecimiento de habitaciones en Gijón, donde ya rozan “los 400 euros”. También alertó del riesgo de que concejos como Gijón o Llanes evolucionen hacia modelos turísticos similares a los de “Ibiza o Marbella”, con presión sobre los alquileres y expulsión de vecinos de sus zonas de arraigo.

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