"Incertidumbre" en el mercado inmobiliario por el plan de Asturias para intervenir en ventas de pisos: "¿Cómo va a pagar un comprador las arras?"

La aplicación del derecho de tanteo y retracto por parte del Principado de Asturias en zonas tensionadas provocará una clara "incertidumbre" e "inseguridad jurídica" tanto a vendedores como a compradores. Las agencias inmobiliarias ubicadas en estos territorios coinciden en que imponer más "trabas burocráticas", lejos de conseguir una reducción de los precios, tal como pretende la Administración, puede tener el efecto contrario y provocar que quienes actualmente se estén pensando en poner su vivienda en el mercado acaben optando por todo lo contrario.

"Desde el punto de vista de una inmobiliaria, entendemos el objetivo de intentar proteger el acceso a la vivienda en zonas tensionadas, pero creemos que esta medida debe regularse con muchísimo cuidado para no generar un efecto contrario al buscado", advierte Manuel Iglesias, de RK Iglesias, inmobiliaria con oficinas en Gijón, Oviedo y Llanera.

Actualmente son zonas tensionadas Llanes (capital) y Posada (Llanes), y Poo y Arenas (Cabrales), los barrios gijoneses de La Arena y Cimadevilla (Gijón), Luanco (Gozón) y La Magdalena (Avilés). Además, mañana lunes se aprobarán Poo, Barro, Niembro y Nueva, en el concejo de Llanes.

El profesional explica que para un vendedor el principal impacto de la medida será "la incertidumbre". "Si cada operación tiene que quedar sujeta a una posible intervención administrativa mediante tanteo o retracto, el comprador puede sentirse menos seguro, los plazos pueden alargarse y algunas operaciones pueden complicarse, especialmente cuando el vendedor necesita vender para comprar otra vivienda, resolver una herencia, una separación o una necesidad económica concreta", explica.

El derecho de tanteo y retracto que el Principado introducirá en la ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA) concede a la Administración la preferencia a la hora de adquirir un inmueble en zonas tensionadas. Es decir, cada operación de compraventa que se produzca en estas áreas tendrá que ser comunicada previamente al Principado, que tendrá un plazo legal –que suele rondar el mes– para decidir si ejerce su derecho. En el caso de que rechace la transacción o no se produzca respuesta, el proceso podrá continuar con normalidad.

Es este tiempo de espera el que preocupa a las inmobiliarias. Iglesias insiste en que en operaciones de estas características "los plazos son muy importantes: financiación, arras, mudanzas, cancelaciones hipotecarias, coordinación con otra compra…". Por tanto, añadir una nueva fase administrativa podría perjudicar al vendedor.

Coincide con él José Ramón Campillo, de Campillo Inmobiliaria, con sede en Llanes. "No puedes tener a una persona que necesita vender con urgencia esperando meses a que el Principado responda. Y no es solo eso, sino que puedes realizar el procedimiento y luego que haga uso del derecho de retracto y te tire para atrás la venta", dice. E insiste: "No puedes generar esa incertidumbre e inseguridad jurídica".

Los profesionales avisan, además, de que esta medida podría tener un afecto negativo sobre la oferta. "Algunos propietarios, ante más trámites o incertidumbre, podrían decidir no vender, esperar o buscar otras fórmulas. Y en un mercado donde ya falta vivienda disponible, cualquier medida que reduzca oferta debe analizarse con prudencia", considera Iglesias.

Para Mariano Álvarez, de Siete Gestión Inmobiliaria (Gijón), la posibilidad de que el Principado "intervenga" en las ventas puede generar "miedo" en los vendedores. E introduce un nuevo matiz: el precio que los inmuebles tienen en estas áreas y la capacidad económica del Principado para su adquisición. "¿Va a destinar el Principado 200.000 euros a un piso a reformar para destinarlo a alquiler asequible? Y otra cuestión: si decide hacerlo, ¿cómo y cuándo va a proceder al pago?", afirma el profesional, que teme que esta sea simplemente una "medida política".

Álvarez coincide con Campillo al poner también el foco en la repercusión que tendrá para los compradores: "¿Cómo vas a decirle a un cliente que te pague unas arras, que pueden ir entre los 10.000 y los 20.000 euros, sin saber si finalmente va a poder quedarse con la vivienda?".

Los profesionales insisten, por tanto, en que si finalmente el Principado quiere ejercer este derecho, debe hacerlo "con plazos muy breves, criterios transparentes y seguridad jurídica absoluta para vendedor y comprador". Campillo va incluso más allá y reclama una nueva ley estatal de Vivienda "más clara y sencilla", que evite que "cada comunidad vaya por su lado".

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