Opinión
La foto fija que acompaña a la enseñanza concertada
La renovación de los conciertos educativos condena a numerosos colegios a una lenta pérdida de unidades
Dicen que una fotografía captura un instante, pero nunca cuenta toda la historia. Una imagen puede inmortalizar una sonrisa y ocultar una tragedia, o reflejar una mala racha sin mostrar todo el potencial de quien aparece en ella. El problema surge cuando esa fotografía deja de ser un recuerdo para convertirse en una sentencia. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en algunos centros concertados de Asturias.
Cada seis años, la Administración educativa renueva los conciertos educativos. Sobre el papel parece un procedimiento técnico. En la práctica, sin embargo, se ha convertido en un mecanismo que está condenando a numerosos colegios concertados a una lenta pérdida de unidades y, en algunos casos, a un proceso de desaparición progresiva.
La situación es sencilla de entender. Los centros públicos ofertan cada año todas las plazas que permite su estructura. Si un colegio dispone de dos aulas por curso, puede ofertar esas dos aulas independientemente de lo ocurrido en años anteriores. Los centros concertados, en cambio, quedan atrapados por la fotografía tomada en el momento de la renovación del concierto.
Si durante ese año coinciden una baja natalidad coyuntural o cualquier circunstancia que reduzca temporalmente las matrículas, la Administración elimina unidades concertadas. El problema es que esas aulas pueden cerrarse, pero no recuperarse, aunque en los años posteriores exista demanda suficiente por parte de las familias y el centro disponga de instalaciones y profesorado para atender al alumnado.
Las consecuencias son evidentes. Un colegio que históricamente ha tenido dos líneas puede verse reducido a una y quedar así durante toda la escolarización de esa promoción. Lo mismo ocurre con centros de una línea obligados a mantener aulas mixtas o con colegios de tres, cuatro o cinco líneas que pierden unidades y nunca pueden recuperarlas. La consecuencia es siempre la misma: una oferta educativa cada vez más limitada y una capacidad de elección cada vez menor para las familias.
Desde OTECAS advertimos de esta situación en el Consejo Escolar del Principado durante la tramitación de la normativa. Presentamos enmiendas para que el sistema contemplara no solo el cierre de unidades cuando no hubiera alumnos suficientes, sino también su apertura cuando la demanda lo justificara. La propuesta fue ignorada por la Administración.
Lo más preocupante es que esta regulación establece una evidente desigualdad de trato entre centros sostenidos con fondos públicos. Mientras la enseñanza pública puede ofertar toda su estructura cada curso, la concertada queda condicionada por una decisión tomada hasta seis años antes. Determinados centros dejan de poder admitir alumnos no porque carezcan de aulas o recursos, sino porque la Administración les impide recuperar lo que es su día ofertaron.
Nadie reclama aulas vacías. Nadie pide mantener unidades sin alumnado. Lo que exigimos es algo tan razonable como que los centros concertados puedan responder a la demanda real de las familias en igualdad de condiciones. Si existen alumnos y existen aulas, no debería existir ninguna barrera que impida su apertura.
La educación no debería ser un campo de batalla ideológico. Sin embargo, las decisiones de la Consejería de Educación parecen orientadas a reducir progresivamente la red concertada en lugar de garantizar la libertad de elección reconocida por nuestro ordenamiento jurídico. Quienes trabajamos cada día en este sector conocemos bien las consecuencias: menos oportunidades para las familias, incertidumbre para los trabajadores y un progresivo debilitamiento de centros que durante décadas han formado a miles de asturianos.
Porque una fotografía debería servir para recordar el pasado, no para condicionar el futuro. Cuando una imagen fija tomada cada seis años impide a las familias acceder al centro educativo que desean para sus hijos, la libertad de elección deja de ser un derecho real para convertirse en una simple declaración de intenciones. Y eso, en una sociedad democrática, debería preocuparnos a todos.
José Manuel Cueto González es secretario general de OTECAS
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