La ley de Mecenazgo de Asturias introduce un crédito fiscal pionero para empresas
La norma, que iniciará su tramitación en la Junta tras ser aprobada por Consejo de Gobierno, amplía el espectro tradicional del mecenazgo para incluir el deporte, la investigación o las actividades sanitarias

Guillermo Peláez con el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, a su izquierda. / PdA
La futura ley de Mecenazgo de Asturias, aprobada este lunes en Consejo de Gobierno, fijará una seria de incentivos fiscales con el ánimo de estimular la colaboración social y empresarial en actividades culturales, deportivas, sanitarias y de investigación e innovación tecnológica.
La norma, que amplía el espectro del mecenazgo tradicional, normalmente limitado al ámbito cultural, aborda también el reto de involucrar a las personas jurídicas con la creación del llamado crédito fiscal, una figura “pionera” que permitirá compensar pagos tributarios con un horizonte de cuatro años.
“Es verdad que no tenemos competencias sobre los tributos que afectan a la actividad económica, por tanto, el reto que nos planteamos desde la Consejería fue cómo involucrar a las personas jurídicas”, explicó el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Por tanto, a partir de la aprobación de la ley estas “tendrán derecho a que se les reconozca un crédito fiscal que podrán utilizar a la hora de pagar los tributos propios del Principado de Asturias como tasas e impuestos propios”.
Estos créditos alcanzarán el 25% del importe total del donativo, con un límite anual de 5.000 euros, y podrán usarse durante un periodo de cuatro años desde su reconocimiento.
Por su parte, las personas físicas que actúen como mecenas se establece un régimen específico de deducciones en el impuesto sobre la renta (IRPF). Mientras que el tercer bloque de incentivos fiscales tiene relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales. En estos casos, la ley recoge una serie de beneficios para que las operaciones vinculadas al mecenazgo queden exentas de tributación y no soporten cargas adicionales.
Tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, la ley iniciará su tramitación en la Junta General del Principado, por lo que Peláez aprovechó para pedir “el mayor consenso posible, porque entendemos que es una ley necesaria que involucra al sector privado en cuestiones de interés general”.
En este sentido, aclaró que esto no va a suponer “una reducción de los recursos públicos que se destinan a estas actividades”, sino que servirá para “sumar” y, por tanto, tener mejores servicios públicos y actividades de esta índole.
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