El Principado defiende su plan para adquirir vivienda en zonas tensionadas frente a las críticas de la derecha: "Están descolocados buscando el titular fácil"
Guillermo Peláez, portavoz de Ejecutivo regional, insiste en que la medida no causa "perjuicio o agravio" a los vendedores y resalta que ya se está desarrollando en comunidades lideradas por el PP
Un cartel de se vende en una vivienda. / Europa Press
Añádenos en GoogleEl consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, defendió este lunes la decisión del Principado de hacer uso de su derecho de tanteo y retracto en zonas tensionadas, incorporando esta medida en la futura ley de Ordenación Integral del Territorio (LOITA). “No estamos ante una ocurrencia, estamos ante un gobierno que busca dar soluciones realistas, posibilistas, para garantizar el derecho a la vivienda”, afirmó tras las críticas que ha despertado la medida tanto entre la oposición como entre las inmobiliarias.
El derecho de tanteo y retracto concede al Principado preferencia en cualquier venta, tanto de viviendas como de solares, que se produzcan en zonas de mercado restringido (zonas tensionadas o turísticas protegidas). El vendedor debe informar al Gobierno regional de todos los detalles de la transacción, para que este pueda decidir si igual o no la oferta. De hacerlo, el inmueble pasaría a engrosar el patrimonio público.
“Lo que vemos es una oposición que está descolocada buscando un titular fácil cuando le falta bastante rigor a la hora de analizar la propuesta. Buscando, como digo, un titular sencillo de que si vienen los comunistas, pero que está totalmente y absolutamente alejado de la realidad. Y lo único que ponen de manifiesto es que, efectivamente, la derecha lo que trata es de ver la vivienda como como un negocio y no como un derecho”, aseguró.
Por el contrario, afirmó, desde el Gobierno regional están “buscando soluciones” porque defienden la vivienda “como un derecho” y están comprometidos con "utilizar todos los mecanismos legales y presupuestarios a su alcance para garantizarlo”.
Peláez insistió en que esta herramienta “no supone una limitación a la propiedad privada”, puesto que el Principado debe aceptar el precio pactado. Es decir, “no hay un perjuicio o un agravio para quien decide enajenar su propiedad porque va a cobrar lo que estaba pactado con un tercero”.
Además, la medida no es novedosa, puesto que ya existe en otras comunidades como Cataluña, Valencia o Baleares. Estas dos últimas, señaló Peláez, “comunidades gobernadas por el PP”. También en País Vasco.
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