Faltas de control de los "fondos mineros" persisten en los fondos de Transición Justa, destapa un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas

La comisión mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha instado al Gobierno a "revisar la eficacia" del Instituto para la Transición Justa "y, de no ser eficaz, proceder a su disolución, de forma que no genere costes al Ministerio". La petición de la comisión se hace tras analizar el informe de fiscalización de la actividad del Instituto para la Transición Justa en 2023, en el que persisten carencias de control ya detectados en los antiguos "fondos mineros".

El Tribunal de Cuentas realizó a iniciativa propia la fiscalización de la actividad del Instituto para la Transición Justa (ITJ), creado para la reactivación de las comarcas afectadas por el cierre de la minería del carbón, de las centrales térmicas y de las centrales nucleares. Este organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica es resultado de la transformación del antiguo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), que gestionaba los conocidos como "fondos mineros". Ante el "riesgo" de que la transformación del IRMC en el ITJ hubiera sido realizada sin acometer las adaptaciones necesarias para hacer efectivas las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas había hecho en 2020 (en el "Informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras con especial referencia a la gestión de la construcción de la residencia de mayores La Minería, ejercicios 2006 a 2017") realizó una nueva fiscalización del ejercicio 2023.

De las cinco recomendaciones que el Tribunal hizo en 2020 al IRMC, una sigue sin cumplirse por el ITJ, otra se cumple parcialmente, otra no es aplicable y otras dos, sobre el funcionamiento interno, sí se cumplen. La medida que sigue sin cumplirse es capital para el control de los fondos. El Tribunal había sugerido promover un plan de actuaciones de comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con las actuaciones financiadas por parte del Instituto, tanto de la línea de infraestructuras como de las dos sublíneas de subvenciones para proyectos empresariales generadores de empleo. Sin embargo, ese plan de comprobación no existía en 2023.

Además, no se analizó el impacto que habían tenido las ayudas a la minería. "Esto supone un riesgo de que las líneas de subvenciones en zonas de transición justa continúen comportándose cosmo un conjunto disperso de medidas que no responde a un plan con objetivos y con plazos fijados, impidiendo la adecuada evaluación de su eficacia, y favoreciendo que se perpetúen ayudas poco eficaces", señala el informe del Tribunal.

También señala que en 2023 no se habían cerrado los anunciados convenios de transición justa; que para la delimitación geográfica de las zonas de transición justa (197 municipios en 15 provincias, entre ellas Asturias) no se tuvo en cuenta el impacto de las medidas que ya se venían desplegando en los municipios mineros y que ninguna de las obras de restauración de minas (entre ellas las asturianas de Buseiro, Tormaleo y Cerredo) cumplía los ritmos de avance previstos.

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