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Asturias, Galicia y Castilla y León unen fuerzas para exigir el fin del peaje del Huerna y piden una reunión a la Comisión Europea

Las tres comunidades autónomas y las patronales firman la Declaración de Santiago y reclaman a la UE e una solución definitiva al procedimiento abierto por Bruselas sobre las prórrogas de las concesiones

De izquierda a derecha en la foto: Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Emergencias del Principado de Asturias; María Martínez Allegue, conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia; Natalia Flórez, secretaria General de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León; Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG); María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios;  Juan Mª Vallejo, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE); María Deza Martínez, directora de la Axencia Galega de Infraestruturas y Diego Maraña, presidente de EN-COLECTIVO esta mañana en la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela.

De izquierda a derecha en la foto: Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Emergencias del Principado de Asturias; María Martínez Allegue, conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia; Natalia Flórez, secretaria General de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León; Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG); María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios; Juan Mª Vallejo, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE); María Deza Martínez, directora de la Axencia Galega de Infraestruturas y Diego Maraña, presidente de EN-COLECTIVO esta mañana en la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela.

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Xuan Fernández

Xuan Fernández

Imagen de unidad para acabar con los peajes de la autopista del Huerna (AP-66) y la AP-9 gallega. El Principado, la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León firmaron esta mañana la denominada Declaración de Compostela, un acuerdo suscrito junto a las patronales empresariales de las tres regiones para reclamar a la Unión Europea (UE) una solución "definitiva al procedimiento abierto sobre las prórrogas de las concesiones".

La cita reunió al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo; a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, María M. Allegue; a la secretaria general de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez; a la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo; al presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites; el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Juan María Vallejo; al director regional de Galicia Norte de Banco Sabadell, David Martís; y al presidente de EN-COLECTIVO y CEO de MundiNova, Diego Maraña.

Los consejeros de las comunidades autónomas, paralelamente, pedirán una reunión conjunta "al más alto nivel" al vicepresidente de la Comisión, Stephane Sejourné, que dirige el procedimiento desde Bruselas.

Bruselas considera irregulares las ampliaciones de las concesiones de la AP-66 y la AP-9 y mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España que se encamina hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una vía que podría desembocar en el fin de ambos peajes. Por este motivo, las tres regiones reclaman al Gobierno central la extinción de las concesiones, una posibilidad que el Ejecutivo rechaza.

La posición del Gobierno de Pedro Sánchez ha generado un evidente malestar político en las tres comunidades, una gobernada por el PSOE, Asturias, y las otras dos por el PP. Asturias, de hecho, presentará un recurso ante el Tribunal Supremo después de que el Ministerio de Transportes rechazara su solicitud de revisión de la concesión.

Unidad política y empresarial

El documento, rubricado esta mañana en la capital gallega por representantes de los tres gobiernos autonómicos y de las patronales Fade, CEG y la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), "consolida una posición común del noroeste en defensa de intereses económicos, sociales y territoriales compartidos". Alejandro Calvo fue el representante del Gobierno regional en la firma.

La declaración da continuidad a la unión ya escenificada en Oviedo durante el Foro del Noroeste de Prensa Ibérica, en el que los presidentes de las tres comunidades se mostraron partidarios de eliminar los peajes, evidenciando una coincidencia política en esta materia por encima de las siglas.

"Ninguno de los tres gobiernos autonómicos ha tenido acceso al expediente ni a los términos de la contestación remitida por el Estado", asegura la Declaración de Compostela.

"En consecuencia, transcurrido el plazo concedido por la Comisión al Estado sin que este haya adoptado medida alguna, y dado que no procede otra actuación que la continuación de la tramitación del procedimiento de infracción, resulta imprescindible asegurar el cumplimiento de los mecanismos de control establecidos", añade el texto.

"Entendemos que el procedimiento ha alcanzado un grado de madurez que hace especialmente conveniente su avance diligente hacia las fases posteriores previstas en el ordenamiento de la Unión Europea, permitiendo que las cuestiones planteadas puedan resolverse de forma definitiva a través de los mecanismos institucionales correspondientes", prosigue el documento.

David Martís, María Calvo, Juan María Vallejo, María Calvo, María M. Allegue, Juan Manuel Vieites, Natalia Flórez, Alejandro Calvo y Diego Maraña

David Martís, María Calvo, Juan María Vallejo, María Calvo, María M. Allegue, Juan Manuel Vieites, Natalia Flórez, Alejandro Calvo y Diego Maraña / LNE

Cinco años de procedimiento europeo

El consejero asturiano Alejandro Calvo señaló que la rúbrica "extiende a todo el noroeste una forma de trabajo que en Asturias ha demostrado su utilidad para construir consensos amplios sobre asuntos estratégicos y fortalecer la capacidad de interlocución". También subrayó que "la dimensión económica, social y territorial" de la cuestión exige el mayor grado posible de unidad. "Por ello, hemos trabajado junto con Galicia y Castilla y León para construir una posición compartida que permita trasladar una voz común a las instituciones europeas", precisó. "Los pasos que de la Comisión serán decisivos para que España elimine los peajes de forma definitiva, por eso es tan importante este respaldo de los tres Gobiernos", enfatizó.

"Solicitamos premura", destacó la conselleira de Vivenda, María M. Allegue. Del encuentro también germinó la llamada Alianza del Noroeste, impulsada por MundiNova, que tendrá su propia página web. "Hemos reafirmado una posición común con Galicia y Asturias para defender el fin de las concesiones de estas autopistas en Europa: estos peajes perjudican la movilidad", añadió Natalia Flórez, secretaria general de la consejería de Movilidad de Castilla y León. "Europa ya se ha pronunciado, ahora el Noroeste tiene que hacerse escuchar", destacó Diego Maraña.

El acuerdo se produce cuando está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea concluyera, en su dictamen motivado, que las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 formalizadas en el año 2000 incumplieron la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones. La apertura del correspondiente procedimiento de infracción contra el Reino de España se remonta a hace casi cinco años.

"Cuestión estratégica" para Asturias

"El peaje del Huerna supone un sobrecoste estructural para las empresas asturianas, encarece la movilidad de mercancías y personas y penaliza la competitividad del Principado respecto a otros territorios", destacó María Calvo, presidenta de Fade y firmante del documento. Calvo defendió que la anulación del peaje "es una cuestión estratégica para Asturias y para el conjunto del noroeste, porque afecta directamente a la industria, la logística, las exportaciones y la capacidad de competir en igualdad de condiciones".

Por su parte, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, señaló que "la AP-9 constituye una infraestructura esencial para la vertebración económica y social de Galicia".

El presidente de Fele, Juan María Vallejo, recalcó que "León no puede seguir soportando barreras que condicionan su desarrollo económico, su capacidad logística y su conexión natural con el resto del noroeste" e indicó que la autopista del Huerna "es la principal conexión de Asturias con la Meseta".

Consumo planea multas

Por otro lado, La Dirección General de Consumo, que se engloba en la Consejería de Ordenación, que lidera Ovidio Zapico (IU) continuará con la tramitación del expediente abierto a Aucalsa, empresa concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), por el cobro íntegro del peaje a pesar de las obras que merman el servicio.

 Zapico explicó hoy que su departamento evalúa si existen opciones para la imposición de sanciones administrativas, tras constatar las deficiencias derivadas de las restricciones de velocidad, reducción de carriles, congestión del tráfico y falta de información en tiempo real para las personas usuarias.

"No nos convencen las explicaciones que nos da la empresa", destacó el Consejero. Por el momento, no hay un plazo determinado, aunque desde Consumo se sigue trabajando para determinar posibles sanciones. Este procedimiento va de forma paralela al de la Fiscalía, que tiene abierto un proceso tras sendas denuncias de Unión de Consumidores y Daniel Ripa, diputado ex de Podemos.

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