Pablo Lucas, magistrado del Supremo: "Hay que fomentar un compromiso con la democracia desde edades tempranas"

La Junta General del Principado ha acogido este jueves por la tarde una conferencia bajo el título de "Educación, servicio público y democracia", dentro del "Espacio Fundamentos" e impartida por Elisenda Malaret García, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona e investigadora, y Pablo Lucas Murillo de La Cueva, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Contenciosa-Administrativa). Pablo Lucas Murillo de la Cueva resaltó la necesidad de "fomentar un compromiso con la democracia desde edades tempranas". Elisenda Malaret puso el acento en la educación inclusiva, que sólo es posible con unos servicios públicos sólidos que garanticen ese derecho.

Pablo Lucas defendió la importancia de la educación como "instrumento fundamental para transmitir los valores constitucionales y formar ciudadanos comprometidos con la democracia". Sostuvo que la defensa de la Constitución no corresponde únicamente a las instituciones, sino a toda la sociedad, y que la educación desempeña "un papel esencial para fomentar ese compromiso desde edades tempranas". Durante su exposición repasó algunos debates jurídicos relacionados con el sistema educativo, como la asignatura Educación para la Ciudadanía, recordando que la sala que preside en el Supremo zanjó la polémica en 2009 declarando su constitucionalidad, al considerar que "no suponía adoctrinamiento ideológico". También se refirió a cuestiones como la financiación pública de centros educativos, la educación diferenciada o la inclusión escolar, señalando que "corresponde al legislador adoptar las decisiones oportunas en estos ámbitos".

El magistrado destacó además el papel "ejemplar" que deben desempeñar los representantes públicos y las instituciones en la transmisión de valores democráticos. Finalmente, advirtió de los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, las redes sociales y la desinformación, defendiendo "una educación que enseñe a los jóvenes a utilizar estas herramientas sin perder de vista principios esenciales como la dignidad humana, el respeto a los demás y los fundamentos éticos de la convivencia democrática".

Unos servicios públicos sólidos para garantizar una educación inclusiva

Por su parte, Elisenda Malaret centró su intervención en el derecho a la educación y en la necesidad de avanzar hacia una escuela verdaderamente inclusiva. Reivindicó la estrecha relación entre conocimiento, universidad y democracia, recordando el papel histórico de la instrucción pública en la formación de ciudadanos libres e informados. Asimismo, alertó sobre los desafíos que afronta el sistema educativo español, especialmente en relación con la pobreza infantil, la exclusión social y la discapacidad, factores que "condicionan el acceso efectivo a la educación de miles de menores".

La profesora defendió una concepción amplia del derecho a la educación, que no se limite a la enseñanza obligatoria y tenga en cuenta todas las circunstancias que influyen en el aprendizaje. Destacó la importancia de la educación infantil en los primeros años de vida y subrayó que la igualdad de oportunidades requiere "reforzar servicios públicos como comedores escolares, residencias, ayudas al estudio o actividades culturales y musicales". También trasladó esta reflexión al ámbito universitario, donde señaló las dificultades derivadas del coste de la vida y de la falta de alojamientos para estudiantes.

Finalmente, sostuvo que "la escuela inclusiva debe ser capaz de atender la diversidad social, cultural y funcional del alumnado mediante apoyos personalizados y recursos adaptados a las necesidades de cada estudiante". Para ello, consideró necesario "eliminar barreras físicas y sociales, mejorar la formación del profesorado, incorporar nuevos perfiles profesionales y flexibilizar los métodos de enseñanza y evaluación". A su juicio, "solo unos servicios públicos sólidos y adaptables pueden garantizar una educación inclusiva y una auténtica igualdad de oportunidades".

La intervención del presidente de la Junta

Previamente, el presidente de la Junta, Juan Cofiño, reflexionó sobre el debate entre educación y adoctrinamiento a partir de una cita de Condorcet, quien defendía que "la libertad exige que el individuo pueda formar sus propias convicciones sin imposiciones ideológicas". A partir de esta idea, sostuvo que la educación nunca es completamente neutral, ya que toda sociedad está atravesada por la política y los valores colectivos. Por ello, considera que "la escuela no puede mantenerse al margen de los asuntos cívicos, sociales y políticos, sino que debe preparar a los alumnos para comprender la realidad, conocer las instituciones democráticas y participar activamente en la vida pública". Al mismo tiempo, advierte de la necesidad de evitar cualquier forma de adoctrinamiento y de garantizar el pluralismo, de manera que los estudiantes puedan conocer diferentes perspectivas y desarrollar su propia capacidad de elección.

El ponente defendió que la mejor forma de distinguir entre educación y adoctrinamiento es "fomentar el pensamiento crítico". En su opinión, la función de los docentes no debe ser transmitir dogmas, sino proporcionar herramientas intelectuales que permitan analizar la información, contrastar argumentos y tomar decisiones de forma autónoma. Recuordó que organismos como la Consejo de Europa consideran el pensamiento crítico una competencia esencial para la ciudadanía democrática y para afrontar desafíos como la desinformación o el mal uso de las tecnologías digitales. Como conclusión, sostuvo que la escuela debe ser un espacio de diálogo y reflexión, donde se eduque también con el ejemplo, y planteó una pregunta final: si el verdadero riesgo de adoctrinamiento se encuentra hoy más en las aulas o en las redes sociales. Según afirma, "la respuesta pasa por menos dogmatismo, menos relativismo y más pensamiento crítico".

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