Asturias, Galicia y Castilla y León elevan el tono en su frente contra los peajes del Huerna y la AP-9: exigen reunirse con el vicepresidente europeo de Estrategia Industrial
Los tres gobiernos autonómicos reclaman una resolución rápida del expediente abierto sobre las prórrogas de ambas autopistas
En la carta remitida a Séjourné exigen más transparencia y mayores garantías de acceso a la información vinculada a la investigación
Los representantes de los tres gobiernos autonómicos en la reunión celebrada en Santiago de Compostela el pasado jueves. / P.A.
Añádenos en GoogleC. J.
La alianza política que Asturias, Galicia y Castilla y León escenificaron en Santiago de Compostela empieza a tomar forma. Los tres gobiernos autonómicos han decidido llevar a Bruselas una de las reivindicaciones históricas del noroeste español: el futuro de los peajes del Huerna (AP-66) y de la AP-9, dos infraestructuras estratégicas cuya situación sigue pendiente de una decisión definitiva de la Comisión Europea. Las tres comunidades han solicitado una reunión con el vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, para trasladarle su rechazo común a las prórrogas de ambas concesiones y reclamar una resolución rápida del procedimiento abierto por Bruselas hace casi cinco años.
El origen del conflicto se remonta a las ampliaciones de las concesiones de las dos autopistas. La Comisión Europea mantiene abierto desde 2021 un procedimiento para determinar si las prórrogas de la AP-66 y la AP-9 se ajustaron a la normativa comunitaria.
En julio de 2025, Bruselas dio un paso más al emitir un dictamen motivado en el que cuestionaba la legalidad de ambas ampliaciones al considerar que podrían haberse aprobado sin una nueva licitación pública, un requisito que exige la legislación europea en determinados supuestos.
Aunque el expediente continúa su tramitación, los gobiernos autonómicos consideran que el tiempo transcurrido sin una resolución definitiva está generando una situación de incertidumbre que afecta tanto a las administraciones como a empresas y usuarios.
Una reivindicación histórica en Asturias
Si hay una comunidad especialmente pendiente del desenlace del proceso europeo, esa es Asturias. La autopista del Huerna constituye la principal conexión de alta capacidad entre el Principado y la Meseta y canaliza buena parte del tráfico de viajeros y mercancías que entra y sale de la región.
Por ello, el debate sobre el peaje trasciende la cuestión económica. El Gobierno asturiano sostiene que el mantenimiento de esta barrera afecta a la competitividad empresarial, encarece los costes logísticos y supone una desventaja para una comunidad que depende de sus conexiones terrestres para atraer inversiones y ganar peso económico.
La eliminación del peaje del Huerna se ha convertido, además, en una de las reclamaciones más recurrentes de las instituciones, organizaciones empresariales y agentes sociales asturianos durante las últimas décadas.
Junto a la petición de una resolución rápida, Asturias, Galicia y Castilla y León han trasladado a Bruselas otra preocupación: la falta de información sobre el estado del procedimiento.
Las tres comunidades consideran que el acceso limitado a la documentación dificulta el seguimiento de las actuaciones desarrolladas por la Comisión Europea y limita su capacidad para defender los intereses de los territorios afectados.
Por ello, en la carta remitida a Séjourné reclaman también más transparencia y mayores garantías de acceso a la información vinculada a la investigación.
La Declaración de Compostela pasa de las palabras a los hechos
La iniciativa supone uno de los primeros resultados concretos de la Declaración de Compostela, el acuerdo firmado por los gobiernos de Asturias, Galicia y Castilla y León junto con organizaciones empresariales del noroeste. A través de ese pacto, las tres comunidades se comprometieron a coordinar posiciones ante Madrid y Bruselas en cuestiones consideradas estratégicas para el desarrollo de sus territorios, entre ellas las infraestructuras y la movilidad.
La carta enviada a la Comisión Europea constituye, de hecho, la primera gran acción conjunta derivada de ese compromiso.
Más allá del recorrido jurídico del expediente comunitario, la iniciativa tiene una evidente lectura política. Asturias, Galicia y Castilla y León quieren trasladar a Bruselas que el debate sobre la supresión de los peajes del Huerna y la AP-9 ya no es una demanda aislada de cada territorio, sino una reivindicación común del conjunto del noroeste español.
Con esta ofensiva conjunta, las tres comunidades buscan acelerar una decisión que consideran clave para mejorar la movilidad, reforzar la cohesión territorial y eliminar una de las principales barreras que, a su juicio, siguen lastrando la competitividad de una de las áreas periféricas de la Península.
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