Asturias rechaza que negociar de forma bilateral la financiación autonómica "vulnere" la Declaración de Santiago: "Hacer lo contrario es una dejación de funciones"
Solo Castilla-La Mancha, de las ocho comunidades que firmaron el acuerdo, seguirá el camino del Principado y se sentará a hablar con el Ministerio de Hacienda, mientras que el resto de comunidades (todas del PP) han declinado acudir

Los ocho presidentes autonómicos que firmaron la Declaración de Santiago, en noviembre de 2021. / Juan A. Ardura
El Gobierno de Asturias rechazó ayer que negociar bilateralmente la financiación autonómica con el Ministerio de Hacienda sea “vulnerar” la Declaración de Santiago, un acuerdo que respaldan “de manera rotunda”. De hecho, aseguraron que esta decisión es precisamente para defender tanto ese acuerdo como el alcanzado en la Mesa de Financiación del Principado. “Defender la posición del Gobierno de Asturias en materia de financiación autonómica no supone vulnerar acuerdo alguno, significa defender los intereses de Asturias. Hacer lo contrario sería una dejación de funciones”, afirmaron fuentes de la Consejería de Hacienda.
El documento, firmado para exigir que la financiación autonómica tenga en cuenta el coste real de los servicios, rechaza los encuentros a dos bandas en favor de un consenso multilateral. En su artículo 15 establece, textualmente, que el nuevo sistema de financiación “solo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)” y que las decisiones deben quedar “al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada comunidad”.
Sin embargo, en el Principado recordaron que estos diálogos entre Administraciones han existido anteriormente. En concreto, pusieron el foco en los encuentros que el actual líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo cuando era presidente de Galicia. Pero no solo eso, insisten, en que estos encuentros a dos bandas “deben existir siempre en este contexto”.
No sentarse a escuchar la explicación técnica que el Ministerio de Hacienda quiere trasladar a las comunidades sería, dijeron, “renunciar a la defensa de los intereses de Asturias” y “una dejación de funciones”.
Además, aseguraron que acudir a un encuentro bilateral no excluye que el Principado defienda, como sostiene, que “cualquier acuerdo relativo al sistema de financiación deba ser multilateral y sometido a la negociación, el debate y la aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por el que este gobierno tiene el máximo respeto”.
De hecho, añadieron, Asturias fue “una de las pocas comunidades autónomas que, ejerciendo su responsabilidad, mantuvo la lealtad institucional en el CPFF celebrado en febrero de 2025 y no lo abandonó a mitad de la reunión”.
“El Gobierno de Asturias ya se ha manifestado con total claridad, tanto en lo referido a sus planteamientos —repetimos, los recogidos en la Declaración de Santiago y el acuerdo de los grupos parlamentarios— como en respecto a la propuesta del ministerio: tal y como está planteada, no contará con el apoyo del Ejecutivo del Principado”, sentenciaron.
Asimismo, puntualizaron que no serán la única comunidad que firmó la Declaración de Santiago que se sentará a negociar bilateralmente con el Ministerio. Castilla-La Mancha, liderada por el también socialista Emiliano García-Page, ha anunciado que sí acudirá al llamamiento del Gobierno central.
El vicepresidente primero del Gobierno castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, afirmó que asistirán a las reuniones con el Ministerio porque consideran que “así se deberían haber hecho las cosas en un principio; primero con reuniones bilaterales, y posteriormente una reunión multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera”. Aunque antes reclamarán información concreta de la propuesta.
No ocurrirá así con las otras seis comunidades que conforman la declaración y que están lideradas por el Partido Popular. Todas han sucumbido al mismo mantra: “Lo que es de todos debe negociarse entre todos” y, por tanto, darán plantón al Ministerio.
El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, afirmó recientemente que es “urgente un nuevo modelo de financiación autonómica” para garantizar la correcta prestación efectiva de los servicios públicos en todo el territorio, en línea con los consensos de la Declaración de Santiago. Y dejó claro que “lo que es de todos debe hablarse entre todos”.
Tajante fue en su discurso de investidura Alfonso Fernández Mañueco: “Rechazaremos y nos opondremos a cualquier acuerdo bilateral que genere ciudadanos y territorios de primera y de segunda”, aseguró el presidente de Castilla y León.
El Gobierno de Cantabria ha trasladado ya al Ministerio de Hacienda su negativa a negociar bilateralmente. “Nos sorprende que se pretenda avanzar como si existiera un consenso generalizado cuando en enero, catorce de las quince comunidades autónomas de régimen común dijimos que no”, afirmó hace solo unos días Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía.
En el Gobierno de Aragón fueron tajantes: “Defendemos que la negociación de la financiación autonómica tiene que ser multilateral porque nos afecta a todos y debe decidirse en los órganos previstos para esa negociación multilateral. Lo contrario, aparte de romper el acuerdo de Santiago, es hacerle el juego al sanchismo, que únicamente quiere privilegiar al independentismo catalán para sostenerse en Moncloa a costa del resto de españoles”.
Desde La Rioja, fuentes del Gobierno explicitaron que el correo que recibieron fue “excesivamente vago”. “Necesitamos mayor concreción: queremos saber qué información tiene el Estado, qué información va a facilitarnos, qué asuntos desea tratar y sobre qué quiere dialogar para poder tomar una decisión con criterio”, indicaron. No obstante, mantienen el mismo mensaje que las otras comunidades populares: “Aquello que es de todos debe negociarse de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el foro en el que estamos representados todos los españoles. La bilateralidad es el camino a los privilegios y a la discriminación”.
También en Extremadura, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, remarcó tras conocer la intención del Ministerio de citar a las autonomías que “lo que nos afecta a todos hay que hablarlo entre todos”. “Lo que hacen es emplazar a abordarlo de manera bilateral, y eso es justo lo que Extremadura no va a hacer”, aseguró.
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