Los presidentes de las Audiencias Provinciales, incluido el de la asturiana, reclaman un refuerzo urgente de medios ante el incremento de competencias de las secciones de violencia sobre la mujer para evitar su colapso

Los presidentes y presidentas de las Audiencias Provinciales, inlcuido el de la asturiana, el magistrado Antonio Lorenzo, han reclamado un refuerzo urgente de medios personales y materiales para garantizar una respuesta eficaz ante el incremento de competencias asumidas por los órganos especializados en violencia sobre la mujer. La petición figura entre las principales conclusiones de las XXIV Jornadas de Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales, celebradas esta semana en Ávila, donde también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar diversos aspectos de la organización judicial y del sistema de recursos civiles y penales.

Los responsables judiciales consideran que la especialización constituye una herramienta fundamental para mejorar la protección de las víctimas. En este sentido, respaldan la denominada comarcalización de la violencia de género impulsada por la Ley de Eficiencia de la Justicia, al entender que favorece una respuesta más homogénea y especializada en todo el territorio. No obstante, advierten de que esta reorganización debe ir acompañada de recursos suficientes para evitar retrasos y garantizar que la distancia geográfica no se convierta en una barrera para acceder a la Justicia.

La preocupación por la sobrecarga de trabajo de los órganos especializados fue uno de los asuntos centrales del encuentro. Los presidentes de las Audiencias alertan de que la ampliación de competencias derivada de la reforma legal, especialmente en materia de violencia sexual y trata con fines de explotación sexual, está generando una presión creciente sobre estos juzgados. Por ello, reclaman una actuación inmediata de las administraciones competentes para reforzar plantillas y dotaciones.

Las conclusiones también inciden en la necesidad de avanzar en la protección de menores víctimas de delitos graves y violencia sexual. Los participantes proponen impulsar la creación de secciones especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia allí donde exista una carga de trabajo suficiente y potenciar modelos de atención integral que permitan evitar la revictimización durante el proceso judicial.

Otro de los aspectos destacados hace referencia a los sistemas telemáticos de protección. Los responsables judiciales valoran positivamente el funcionamiento de las pulseras de control y otros dispositivos electrónicos, que consideran eficaces para prevenir incumplimientos de órdenes de alejamiento y mejorar la seguridad de las víctimas. Sin embargo, reclaman tecnología más avanzada, una mayor cobertura territorial y un incremento del personal técnico encargado de su gestión.

Junto a las cuestiones relacionadas con la violencia de género, las jornadas dedicaron una parte importante de sus trabajos al análisis de los recursos judiciales. Los participantes consideran necesario simplificar el actual sistema de apelaciones, tanto en la jurisdicción civil como en la penal, y defienden una reforma que permita agilizar procedimientos y reducir trámites innecesarios.

Asimismo, expresaron su preocupación por algunos efectos de la nueva organización judicial derivada de la Ley de Eficiencia. Aunque reconocen las ventajas de la modernización y la digitalización, subrayan que estas transformaciones no deben menoscabar la autonomía funcional de las Audiencias Provinciales. Por ello, proponen reforzar el papel institucional de sus presidencias y avanzar hacia la aprobación de un estatuto específico que regule sus competencias y recursos.

Las conclusiones aprobadas en Ávila dibujan, en definitiva, una hoja de ruta para afrontar los desafíos de la Justicia en los próximos años, con especial atención a la protección de las víctimas, la especialización de los órganos judiciales y la mejora de la eficiencia del sistema.

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