Salud trata de aplacar a los sanitarios con una ley para "blindar" mejoras laborales

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, puso ayer sobre la mesa un proyecto con el que trata de aplacar los ánimos de los sindicatos y trabajadores del sector, en medio de un clima nacional de malestar, protestas y huelgas que amenaza con agravarse tras el verano: la negociación de un estatuto jurídico propio para el personal sanitario de la región, que tenga rango de ley.

La propuesta ha sonado relativamente bien a los responsables sindicales. De forma mayoritaria, la ven como una posibilidad de "blindar" condiciones retributivas y salariales mejores que las actualmente vigentes, y de buscar por otras vías lo que consideran que les está hurtando la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad (con la oposición de la práctica totalidad de las comunidades autónomas).

Sin embargo, la huelga de médicos de la próxima semana –del lunes 15 al viernes 19– sigue adelante, según anticipó ayer mismo José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA): "Nuestro apoyo al paro nacional sigue adelante como protesta contra la actitud del Ministerio de Sanidad", indicó.

Según los conocedores de los entresijos sanitarios consultados por este periódico, el planteamiento de Conchita Saavedra constituye una fórmula de alcance incierto, por cuanto lo que se acuerde sobre condiciones laborales o salariales "no puede invadir las competencias del Ministerio de Sanidad ni salirse de una manera estridente de la normativa establecida en el resto de las comunidades autónomas".

La oferta de una norma propia para el personal estatutario (sanitario) de la región es el principal resultado de la reunión que la Consejera y su equipo mantuvieron en la tarde de ayer con las organizaciones sindicales, en un intento de atajar la indignación de los profesionales y de sus representantes tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del miércoles.

Ayer por la mañana, la titular de Salud explicó que la convocatoria del encuentro –por vía de urgencia– obedecía a que "hay una situación muy complicada en Asturias, y en todo el Sistema Nacional de Salud" que requiere "hablar de nuevos modelos de gobernanza y de nuevos modelos de organización asistencial". Se trata, añadió Saavedra, de dar respuestas "que no se pueden hacer de forma inmediata, sino de una forma gradual, en plazos y con una financiación". Esos desafíos, indicó la Consejera, "queremos empezar a tratarlos con las organizaciones sindicales como hemos hecho hasta ahora, y seguir con esas negociaciones y con ese diálogo"·.

Por la tarde se celebró la reunión. Fue algo así, por parte de Conchita Saavedra, como una toma de temperatura a un paciente cuyo estado da síntomas de agravarse de manera preocupante, con la posterior administración de un fármaco antitérmico en forma de compromiso.

"La Consejera nos ha dicho que confía en que podamos implantar el estatuto del personal sanitario antes de que concluya esta legislatura", explicó a este periódico Graciela Martínez, de Usipa-Sicepa.

La propueta de ley asturiana

A juicio del secretario general del SIMPA, la propuesta de una ley asturiana de personal estatutario "es una idea valiente de la Consejera, que asume el riesgo de que le corten la cabeza desde fuera de Asturias". José Antonio Vidal agregó: "La valoramos positivamente porque es una opción posible para salvar a la sanidad pública asturiana ante el intento de la ministra de Sanidad de hundir el conjunto del Sistema Nacional de Salud".

Entre tanto, Adrián Redondo, de Comisiones Obreras, hizo hincapié en que lo hablado en la reunión con las autoridades sanitarias "nos permite avanzar con mayor o menor velocidad, pero con ideas comunes; mientras que con la Ministra se retrocede en lo acordado y se abre la puerta a propuestas corporativas".

Graciela Martínez, de Sicepa-Usipa, remarcó que lo que toca es "dar la talla política respecto al Estatuto Marco". Y puntualizó que "de poco sirve que el Ministerio le eche la culpa a las comunidades y viceversa", ya que este toma y daca "no soluciona los problemas reales de pacientes y profesionales".

Desde el Sindicato de Enfermería (SATSE-Asturias), su secretaria autonómica, Belén García aseveró que, "además de exponernos una situación que todos entendemos que pone en riesgo nuestro sistema sanitario público, la Consejera ha emplazado a las organizaciones sindicales a la búsqueda de posibles medidas o acuerdos que puedan paliar, en el ámbito de la sanidad asturiana, el importante conflicto al que nos enfrentamos".

Felipe Piedra, de CSIF Asturias, se mostró categórico: "O la ministra de Sanidad vuelve al anteproyecto de Estatuto Marco que habíamos firmado, sin los recortes que ha aplicado posteriormente, o habrá un otoño caliente".

La postura de SIMES

Por su parte, el recientemente creado Sindicato Médicos del Sespa (SIMES) criticó el hecho de no haber sido llamado "siendo como somos el único sindicato que actualmente tiene un conflicto laboral abierto a nivel autonómico, es decir, una convocatoria de huelga autonómica". El SIMES admite que, dada su reciente creación, no dispone de representación en la Mesa Sectorial, pero puntualizó que "no entendemos que no se convoque a SIMES de ninguna manera, ni en conjunto ni a continuación".

Este encuentro ha tenido lugar en la víspera de una reunión de la Mesa General de Negociación del Principado, programada para hoy, viernes, en la que previsiblemente se dará luz verde a varios acuerdos firmados a principios de año por la Consejería de Salud, con el SIMPA por un lado, y con el resto de los sindicatos para el resto de las categorías por otro.

Entre esas medidas figuran un recorte de la penalización salarial que se impone a los médicos del Servicio de Salud (Sespa) que compaginan la actividad pública con la privada; un aumento del precio de la hora de guardia médica a partir de las 54 horas mensuales; la percepción de dietas en las guardias en atención primaria; el plus de nocturnidad; el plus para los residentes; el reconocimiento del solapamiento de jornada; o el prorrateo de guardias en casos de maternidad y paternidad.

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