Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio: "En una transacción entre particulares no se ejercerá el tanteo y retracto"

La decisión del Principado de hacer uso del derecho de tanteo y retracto para tener acceso prioritario a la compra de viviendas en zonas tensionadas ha levantado una polvareda de críticas, pero el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, asegura que las transacciones entre particulares no se verán afectadas. "El objeto son fondos, empresas o redes de inversión", adelante en una entrevista en que analiza en profundidad la nueva ley de Ordenación Integral del Territorio (LOITA).

-El tanteo y retracto ya estaba contemplado en el urbanismo asturiano. ¿Por qué se introduce ahora en la nueva ley de Ordenación del Territorio?

-Ya estaba introducido en el TROTU. Lo que se hace ahora en la LOITA es fijarlo como una herramienta de mayor amplitud, complementaria a las políticas de turismo y vivienda. Se trata de poder actuar en determinados suelos, además de sobre viviendas públicas u otro tipo de viviendas, para evitar que entren fondos de inversión en zonas donde los precios ya están elevados. También se intenta bloquear que viviendas situadas en zonas tensionadas pasen a ser oficinas o pisos turísticos y pierdan su carácter de vivienda de primera residencia. Es una herramienta que creo que se ha sobreleído o sobreactuado en su interpretación. No es nada nuevo y no pretende ser una medida confiscatoria ni limitadora del mercado.

-Por lo que usted plantea, no se adquirirían pisos entre particulares.

-No, una transacción entre particulares no tendrá ningún problema y no se ejercerá, ni se pretenderá ejercer, el tanteo y retracto. El objeto son fondos, empresas o redes de inversión. No se trata de comprar todas las viviendas que se vendan en cualquier zona tensionada.

-Otra crítica era que la medida supone intervenir la propiedad privada.

-Yo no lo veo así. La persona que quiere vender va a hacerlo en las condiciones que marque. Fijará un precio y venderá a ese potencial comprador o, si la Administración se personara y decidiera ejercer ese derecho, a la Administración por ese mismo precio. No se limita su propiedad ni su posibilidad de venta, ni siquiera el precio en el que quiera hacer la transacción. Sí es cierto que, si alguien tiene intención de hacer un negocio con una tasación B corre el riesgo de que la Administración diga que ese piso es una oportunidad y decida adquirirlo.

-¿Qué capacidad económica tiene el Principado para ejercer ese derecho?

-La que se quiera poner a disposición presupuestaria. El Principado maneja un presupuesto de vivienda que puede ejecutar en vivienda nueva, en subvenciones a vivienda protegida o, en algún momento determinado, interviniendo en determinados sitios. Las zonas tensionadas suelen ser lugares donde no hay solares disponibles para construir nueva vivienda. Esta herramienta permite adquirir pequeñas bolsas de suelo o pisos en sitios donde pueden ser de interés porque no existe posibilidad de construir.

-¿Está determinado qué tipo de pisos le interesarían al Principado?

-Hay que mirar las políticas que se están siguiendo en el ‘Alquilámoste’, donde se establecen unas condiciones. Se entiende que los pisos objetivo deberían tener esas características. Una vivienda de 250 metros cuadrados en el centro de Avilés no supone, como política de vivienda pública, una adquisición interesante para el Principado.

-Otro de los anuncios más importantes de la LOITA es la eliminación de los planes generales para agilizar la burocracia.

-Lo que se intenta es fragmentar los antiguos planes generales, que son documentos inmensos, multidisciplinares y con una cantidad de información amplísima, por lo que su gestión es muy complicada. A nuestro modo de ver, estaban pensados para hace treinta o cuarenta años, cuando los territorios no estaban ordenados. Ahora se pueden abordar los cambios de ordenación con estrategias parciales y no con documentos totales. Si un concejo quiere revisar sus núcleos rurales porque tiene demanda para vivir en ellos y no tiene vivienda suficiente, podrá hacerlo sin revisar todo el concejo.

-¿También pretenden que los documentos tengan menos grado de detalle?

-El nivel de detalle que se pedía antes ha sido uno de los problemas por los que ahora no hay suelo para vivienda. Con el paso de los años, las condiciones que se pusieron dejaron de tener validez. Lo que estamos haciendo es crear estrategias y utilizar elementos como las memorias de viabilidad económica para reactivar ámbitos. Si en un sitio estaban previstas cuatro alturas y con eso no sale, pero con cinco sí, se puede retocar solo ese ámbito sin tocar otra vez el plan general. Se trata de actuar de una forma más quirúrgica.

-¿Qué más traerá la nueva ley?

-Se plantea que los núcleos rurales dejen de estar dentro del suelo tradicionalmente no urbanizable y pasen a ser una clasificación propia. Tendremos suelo urbano, suelo rural —el antiguo no urbanizable— y núcleos rurales (que a su vez tendrán su propia clasificación). Por primera vez se incorpora la costa con un capítulo propio y una categoría de suelo propia, en relación con la protección y la gestión del litoral. También se habla de crear una infraestructura verde regional y dar coherencia a todos los espacios que ya cuentan con algún grado de protección.

-¿Hay novedades en materia de vivienda protegida?

-Se dificulta que los ayuntamientos, cuando reciban cesiones de los promotores para vivienda, las moneticen. Era habitual que el promotor recomprara lo que tenía que entregar al ayuntamiento. Ahora se limita, porque lo que se intenta por todos los medios es que la vivienda se ponga a disposición de los ciudadanos.

-Asturias tiene muchas realidades, ¿cómo se aborda eso en la ley?

-La vivienda no se distribuye uniformemente. Hay demanda en unos sitios, mientras otros siguen con un reto demográfico importante. La ley aborda esa realidad con dos velocidades. Hay concejos de tipo uno, con más población, más presión turística y más presión inmobiliaria, y otros municipios más rurales o tradicionales, con mucha menos presión. Para estos últimos se plantean estrategias más sencillas, posibilidades de actuar por convenios y medidas para que los núcleos rurales puedan desarrollarse y fijar población.

-Teniendo en cuenta la complejidad de la ley, ¿cree que dará tiempo a aprobarla?

-Vamos relativamente justos, pero el mecanismo está funcionando con el objetivo de elevar el proyecto de ley para enviarlo a la Junta General la última semana de mes.

-Se acaba de publicar el documento de avance de las directrices para los parques de baterías.

-Esperamos participación y seguro que recibiremos alegaciones ambientales y urbanísticas, tanto del sector industrial como del vecinal. Nosotros intentamos mantener el compromiso: siempre hemos dicho que no nos podemos negar a poner baterías, sino que se trata de ordenar dónde, generando las mínimas afecciones posibles. El documento deja claro que en los núcleos rurales no habrá baterías. Ahora se irá afinando más. Se ha incluido el catálogo de suelos degradados elaborado por la Universidad y con eso se fijará de forma precisa, en radios de cinco kilómetros, dónde sí y dónde no. También habrá que ver las alegaciones.

-Algo similar ocurre con los parques eólicos, sobre todo los marinos, que también generan rechazo. ¿Qué margen tiene el Principado?

-Es más complicado. Sobre los parques eólicos marinos, en teoría, no tenemos ninguna competencia. Es una tramitación de la Administración del Estado y no hay trámite autonómico. Es difícil saber cómo se desarrollará, pero es un campo en el que no podemos regular.

-¿Y con los terrestres?

-Al igual que con las baterías, estamos con las nuevas directrices: qué factores se van a considerar para fijar zonas de inclusión o exclusión. Hay parques ya autorizados que no puedes dejar fuera de ordenación, pero sí se pueden establecer criterios para los nuevos. Hay que buscar un equilibrio y replantear criterios para que la distribución en el territorio sea lo más justa posible. También hay que tener en cuenta que la tecnología ha evolucionado muchísimo. Donde antes se necesitaban más molinos y más pequeños, ahora se plantean repotenciaciones: sustituir un parque obsoleto por otro con muchos menos molinos, aunque normalmente de mayor altura y tamaño.

-El plan especial del Cristo está a punto de adjudicarse.

-Como ya hemos contado varias veces, ese trámite nos lleva tres años. El primer hito que necesitamos salvar, y en el que trabaja la Consejería de Hacienda, es llegar a un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social para saber cuál es el destino de la parcela de la residencia. Eso condiciona el desarrollo y fue gran parte del fracaso del primer plan, el de HUCAMP. Es fundamental, para que el trabajo pueda hacerse de forma seria y lo más ágil posible, saber cuánto y de qué forma vamos a compensar a la Tesorería de la Seguridad Social por los terrenos que aporta de la residencia. Cuando se despeje esa incógnita, el trabajo puede ir relativamente rápido porque las variables están muy fijadas.

-¿Cuándo se podrían dar licencias a la Universidad?

-Cuando tengamos la aprobación inicial. Como vamos algo adelantados sobre el calendario previsto, si despejamos la incógnita de la Tesorería de la Seguridad Social, quizá en el primer trimestre de 2027 podríamos tener el documento de aprobación inicial.

-Sobre la mina de Salave, el proyecto se presentó como estratégico. ¿En qué situación está?

-Se presentó como proyecto estratégico y se sometió a información pública con unos accionistas que parece que no son en su totalidad los de ahora. Después, cuando el trámite empezó a recibir informes negativos, se retiró y cambió parte del accionariado. Ahora parece que hay una campaña para intentar reactivarlo. Nosotros entendemos que eso no cabe en la ley de procedimiento administrativo. No puedes sacar a información pública un proyecto y, cuando sabes lo que te va a decir, retirarlo para cambiarlo. Por eso entendemos que lo que procede es que se haga un informe de archivo desestimatorio de ese expediente.

-Han anunciado la compra de SEDES ¿En qué punto está el proceso?

-Tenemos ya un acuerdo con Unicaja y en estos momentos tramitamos el proyecto de ley para que la Junta apruebe la compra en los términos pactados. Incluye la compra de las acciones de Unicaja por un euro, la refinanciación de la deuda financiera de la empresa y, en el momento de la compra o de la salida, que Unicaja afronte el 40% de la deuda con terceros que corresponde a su participación en la empresa. Estamos intentando correr todo lo que podemos para dar estabilidad a esa empresa, que ya está teniendo actuaciones importantes: ha intervenido en escuelas y obra pública y también está haciendo labores de mantenimiento para Vipasa. Tenemos claro que queremos sacarla del mercado competitivo. No queremos competir con el promotor privado, como hacíamos hasta hace relativamente tres años, porque entendemos que no tiene sentido una empresa pública compitiendo en el sector privado.

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