La revuelta de los empresarios de turismo, que se niegan a ser "recaudadores gratuitos" de los ayuntamientos en Asturias

La patronal Otea (Hostelería y Turismo en Asturias) ha presentado sus alegaciones al anteproyecto de ley del Impuesto sobre Estancias Turísticas que tramita el Gobierno del Principado. Y lo tienen claro: solicitan el archivo del procedimiento al entender que la medida “carece de justificación objetiva”, perjudica la competitividad del sector y responde a un objetivo “meramente recaudatorio” por parte de las entidades locales.

La organización empresarial rechaza la denominada tasa turística y sostiene que el diseño del tributo convertiría a hoteles, alojamientos rurales y otros establecimientos del sector en “recaudadores gratuitos” de los recargos municipales. Según Otea, la ley se plantea como un mecanismo de habilitación para que cada ayuntamiento pueda aplicar el impuesto según su propio criterio, lo que obligaría a las empresas a asumir nuevas cargas administrativas, adaptar sus sistemas de facturación y exponerse a posibles sanciones sin recibir ninguna compensación económica.

La patronal asturiana considera además “incongruente” implantar un impuesto de estas características en una comunidad que, a su juicio, no presenta problemas de masificación turística. En sus alegaciones, Otea recurre a datos oficiales del INE para señalar que Asturias registra una ocupación media anual hotelera del 51,23% y del 23,36% en el turismo rural, mientras que la presión turística en verano se sitúa, según la asociación, en torno al 10%.

“Resulta incomprensible justificar un tributo concebido a nivel internacional para corregir la saturación en un territorio con estos niveles de capacidad disponible”, sostiene el sector.

El Principado cerró el pasado viernes el periodo de información pública del proyecto de ley, contra el que han alegado varios ayuntamientos (del PP, que es contrario al recargo), además de Foro Asturias. La idea del Gobierno regional es apurar los trámites para que la tasa -de entre 0,5 céntimos y 3 euros por un máximo de 5 noches- entre en vigor la próxima Semana Santa de 2027, ya que solo se aplicará en este periodo vacacional y de junio a septiembre.

Otea también subraya que el turismo ya realiza una aportación fiscal relevante en Asturias. Según sus cálculos, la actividad turística genera 474 millones de euros anuales en ingresos tributarios ordinarios, una cantidad que la patronal equipara al 80% del gasto total en educación infantil, primaria y secundaria del Principado.

Fines

Otro de los puntos más criticados por la organización es el destino previsto para la recaudación. El anteproyecto contempla que los fondos puedan dedicarse, entre otros fines, a la promoción de vivienda pública. Otea considera que esta posibilidad supone una “notable falta de correspondencia” con el hecho imponible, al no guardar relación directa con la actividad de alojamiento. La patronal afirma que las políticas de vivienda son legítimas, pero reclama que se elimine esa finalidad del texto legal.

La asociación advierte igualmente del riesgo de crear “fronteras fiscales” entre concejos asturianos. Al tratarse de recargos municipales de aplicación facultativa, Otea entiende que podrían producirse agravios comparativos entre establecimientos similares que compiten bajo una misma marca regional, pero ubicados en municipios con distinta presión fiscal. A su juicio, esta situación podría provocar "desvíos artificiales" de clientes y romper la unidad del mercado turístico asturiano.

La patronal incide, además, en que el impuesto no afectaría únicamente a los visitantes procedentes de fuera de Asturias. También penalizaría, afirma, al turismo familiar y al turismo interno de los propios asturianos. En este sentido, recuerda que los residentes en la comunidad realizaron en 2024 un gasto de 779 millones de euros dentro de Asturias, un consumo que Otea considera estratégico para el sector y que, según advierte, se vería directamente gravado.

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