Archivada la causa contra cuatro ganaderos por cortar la autovía en Valdés durante las protestas contra Mercosur
El juez considera que no hay pruebas suficientes para condenar a los investigados, a los que defiende URA, por quemar fardos y neumáticos en Canero el pasado 29 de enero
Limpieza de los restos dejados en la autovía en Canero, el 29 de enero. / LNE
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El juez ha archivado la causa contra cuatro ganaderos denunciados por supuestamente participar en un corte de la autovía del Cantábrico en Canero (Valdés) el pasado 29 de enero, coincidiendo con las protestas contra el acuerdo entre la UE y Mercosur que tuvieron lugar en distintos puntos de Asturias (La Franca, Ribadedeva; Campomanes, Lena; y Barres, Castropol). En Canero se quemaron fardos de hierba y neumáticos, lo que obligó a cortar el tráfico durante un tiempo en la A-8.
Por este motivo se denunció a los cuatro ganaderos, tres de Tineo y uno de la propia localidad valdesana, que fueron defendidos por la abogada de Unión Rural Asturiana (URA) y para quien actuó de testigo en la instrucción su coordinador, Borja Fernández. El juez ha archivado la causa al considerar que no hay pruebas suficientes para seguir adelante con la misma, ya que las imágenes de las cámaras de seguridad presentadas no son claras.
Multas
Además de estos cuatro ganaderos, la Delegación de Gobierno optó por sancionar a una treintena de ganaderos –entre ellos, dirigentes de organizaciones agrarias– que se manifestaron contra Mercosur esa jornada del 23 de enero. Según la administración, incumplieron las condiciones fijadas para la protesta con cortes de tráfico en vías de alta capacidad que "generaron un riesgo objetivo para la seguridad de las personas". Los agentes de la Guardia Civil identificaron a los manifestantes, a los que llegaron días después multas de 600 euros (300 euros si se pagaban en menor plazo).
Unos optaron por abonar la sanción, pero otros han decidido recurrirlas, indignados por el proceder de la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, a la que llovieron entonces críticas por parte de las organizaciones agrarias y partidos políticos por "coartar el derecho de reunión y manifestación, tutelado por la Constitución y por la ley que lo regula"; también se criticó el "afán recaudatorio de fondos para las arcas públicas". El malestar fue mayor porque las cartas que envió Delegación eran "un corte y pega" que no se correspondía a la casuística personal de los multados, con horas y lugares equivocados. Adriana Lastra defendió en varias ocasiones el proceder de las fuerzas del orden durante las protestas y justificó las multas en base al riesgo que supuso el corte sin permiso de autovías, como sucedió en La Franca.
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