El dictamen sobre el accidente minero de Cerredo avanza: IU pide formalmente incluir al alcalde de Degaña entre los responsables y el PSOE votará en contra sin presentar voto particular

Convocatoria por Asturies-IU registró este martes, tal como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA, un voto particular parcial y concurrente al dictamen de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores, en el que reclama incorporar al Ayuntamiento de Degaña y a su alcalde, Óscar Ancares (PSOE), entre las responsabilidades políticas e institucionales derivadas de los hechos investigados. El PSOE, por su parte, no presentó finalmente voto particular y mantiene su estrategia de votar en contra del dictamen cuando llegue al Pleno de la Junta General, al rechazar el señalamiento de responsabilidades que hace la comisión.

El voto particular fue tramitado por el portavoz parlamentario de IU, Xabel Vegas. La formación recalca que no se opone al dictamen aprobado, que ya respaldó en la última reunión de la comisión, sino que pretende dejar constancia de varias precisiones antes del debate plenario previsto para dentro de dos semanas, en la última convocatoria de este periodo de sesiones de la Junta.

“El Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturies formula voto particular parcial y concurrente al Dictamen aprobado por la Comisión, con el fin de dejar constancia expresa de determinadas precisiones que este grupo considera relevantes para la más completa delimitación de las responsabilidades políticas e institucionales derivadas de los hechos investigados”, recoge el texto registrado.

Un voto “concurrente”

IU subraya que comparte “en lo sustancial” el dictamen, tanto en la reconstrucción de los hechos como en la identificación de las principales disfunciones administrativas y políticas que, a su juicio, contribuyeron al resultado trágico en la explotación de Cerredo. La formación sostiene que no se trató de “un fallo aislado, puntual o puramente técnico”, sino de “una sucesión de deficiencias acumuladas en la instrucción administrativa, en el control, en la inspección, en la reacción sancionadora y en la delimitación misma de los instrumentos jurídicos empleados”.

Xabel Vegas explicó que se trata de “un voto particular, pero concurrente con el dictamen aprobado”. “Estamos de acuerdo en lo esencial con el dictamen, pero echamos en falta dos aspectos: la inclusión del alcalde de Degaña como responsable político de lo sucedido y la necesidad de un informe jurídico de los letrados sobre el dictamen final”, señaló.

El diputado añadió que el informe jurídico fue rechazado por el resto de grupos “a pesar de que los letrados nos advirtieron de que transitábamos por un terreno delicado basándose en los criterios del Tribunal Constitucional”.

El voto particular insiste en esa idea y afirma que la solicitud de un informe jurídico previo de los letrados de la Cámara “no constituía un requisito reglamentariamente impuesto”, pero “sí habría supuesto una garantía adicional particularmente útil para depurar, en su caso, eventuales incorrecciones técnico-jurídicas, afinar determinadas formulaciones y reforzar la seguridad jurídica del texto finalmente sometido a aprobación”.

IU considera que esa cautela era especialmente relevante porque las comisiones parlamentarias de investigación actúan “en un terreno constitucionalmente delicado”, en el que debe preservarse la diferencia entre la depuración de responsabilidades políticas, propia de la función parlamentaria, y la atribución de responsabilidades penales o administrativas personales, que corresponde a otros órganos.

Degaña y su alcalde

El principal añadido político del voto de IU se centra en el Ayuntamiento de Degaña. Convocatoria por Asturies sostiene que el dictamen queda incompleto si omite toda referencia al ámbito municipal, aunque precisa que no equipara la responsabilidad del consistorio con la de quienes autorizaron, controlaron o dejaron de controlar desde la Administración autonómica las actuaciones vinculadas a la explotación minera.

“El Dictamen debió extender la apreciación de responsabilidad política e institucional también al Ayuntamiento de Degaña, no como administración sustantivamente competente en materia minera, pero sí como administración territorial directamente concernida por el ejercicio de potestades locales de control, vigilancia, verificación y reacción política e institucional”, señala el texto.

IU argumenta que el Ayuntamiento tenía competencias en materia de licencias y tributos vinculadas a la actividad de la empresa explotadora. “El ayuntamiento tenía y tiene competencias en materia de licencias y de tributos que debía pagar la empresa que explotaba la mina de Cerredo, algo que por cierto no hizo”, recoge el voto particular.

La formación añade que “no era ningún secreto para nadie del concejo que había actividad minera en la mina de Cerredo” y diferencia entre el conocimiento vecinal de la actividad y la obligación de control del gobierno municipal. “El equipo de gobierno municipal, y particularmente su alcalde, sí tenían que saberlo porque para tener licencia municipal previamente es imprescindible haber obtenido el permiso correspondiente de la autoridad minera, permiso del que las empresas responsables carecían”, sostiene.

El texto registrado por IU eleva el reproche político al alcalde de Degaña. “Resulta, a juicio de este grupo, particularmente grave la connivencia acreditada entre el alcalde y el principal empresario minero puesta de manifiesto en su comparecencia parlamentaria”, afirma. A continuación, añade que “ese compadreo, unido a la desidia del ayuntamiento en relación con la actividad minera desarrollada, crea la apariencia de una inaceptable complicidad entre el alcalde de Degaña y el responsable directo de un accidente en el que murieron cinco mineros”.

IU concluye que esa circunstancia “debería llevar al alcalde a su inmediata dimisión”, aunque matiza que la referencia a la Alcaldía debe entenderse “en el estricto plano de la responsabilidad política” y no como afirmación de responsabilidades “de otra naturaleza”, cuya apreciación corresponde a los órganos administrativos o jurisdiccionales competentes.

El voto particular de Convocatoria por Asturies pide que se incorporen al debate plenario tres posiciones: la constatación de que el dictamen coincide en aspectos esenciales con el informe de la Inspección General de Servicios del Principado, la conveniencia de haber solicitado informe jurídico a los letrados de la Junta y la inclusión del Ayuntamiento de Degaña y de su Alcaldía entre las responsabilidades políticas e institucionales.

Personas señaladas

El dictamen final de la comisión mantiene el señalamiento a los siete cargos políticos y funcionarios recogidos en el borrador elaborado por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé. Figuran así los exconsejeros Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, actualmente al frente de Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón; Belarmina Díaz, que dimitió días después del accidente; el exviceconsejero Isaac Pola; y los funcionarios Gonzalo Martín Morales, Santiago Berjano y Alberto Quirino Vázquez.

El documento también propone una línea de ayudas directas tanto a las familias de las víctimas como a los heridos graves de los accidentes de 2022 y 2025 en la misma explotación minera. El PSOE, único partido que votó en contra del dictamen en comisión, mantiene ahora su rechazo al texto sin formular voto particular, con la intención de defender en el Pleno su posición contraria a este señalamiento de responsabilidades aprobado por la mayoría de partidos, incluidos sus socios de IU, que tan solo piden extenderlas al también socialista Óscar Ancares.