Nueva agresión a dos educadoras sociales en un centro de menores de Asturias: "Nuestro trabajo no es ser insultados o atacados de manera habitual", advierte la plantilla
El incidente, en un equipamiento residencial para jóvenes tutelados de Oviedo, requirió de intervención policial y sanitaria para reducir y tranquilizar a la agresora
El sindicato USIPA alerta del "incremento" de estas situaciones y de que no se cubren las bajas de unos empleados que "merecen desarrollar su labor en condiciones de seguridad y con el respaldo efectivo de la Administración"

Un coche patrulla de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL
Nuevo incidente en un centro de menores de la región. En este caso, en un equipamiento de protección para jóvenes tutelados situado en Oviedo, donde en la tarde del lunes, según ha podido saber este periódico, tuvieron que intervenir la Policía y efectivos sanitarios para controlar una situación en la que resultaron heridas dos educadoras sociales, además de un vigilante, ante la agresividad mostrada por una residente del el centro, que tuvo que ser reducida para poder ser tranquilizada por los sanitarios. Los hechos han sido denunciados.
El suceso ha elevado la indignación de la plantilla que trabaja en estos equipamientos dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado. El sindicato USIPA, que no ha querido facilitar datos concretos de lo ocurrido, sí ha alzado la voz al entender que "los hechos denunciados constituyen un nuevo episodio de una realidad que los profesionales de los centros de acogimiento residencial vienen advirtiendo desde hace años: el incremento de situaciones de conflictividad, amenazas, insultos y agresiones que deben afrontar durante su jornada laboral".
A lo que agregan: "Los educadores y educadoras sociales desarrollan una labor esencial para la protección de menores en situación de vulnerabilidad. Su trabajo consiste en educar, acompañar, proteger y generar oportunidades de desarrollo personal para los menores. No consiste en ser insultados, amenazados o agredidos de manera habitual".
Afirman desde el sindicato que estos ataques, no siempre tan graves como el de ayer, se producen "cada vez de forma habitual" y que la plantilla percibe que "las medidas de protección son insuficientes", pudiendo estar "en riesgo su integridad física". A ello añaden que se mantienen las dotaciones de personal "ajustadas al mínimo imprescindible" y que las bajas no se cubren. Desde USIPA exigen "una cobertura inmediata de las ausencias".
Antecedentes en otros equipamientos
Este incidente se suma a los ocurridos en el centro de internamiento de menores de Sograndio, un equipamiento con características diferentes al tratarse de jóvenes encausados por la comisión de delitos. De hecho, en su caso, depende de la consejería de Justicia del Principado. "No podemos esperar a que se produzcan tragedias irreparables para actuar. Los graves incidentes registrados en los últimos meses en distintos centros de menores de España, entre ellos las agresiones, motines y episodios de violencia sufridos por profesionales en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, así como el trágico asesinato de una educadora social en un recurso de menores de Badajoz, han puesto de manifiesto la necesidad urgente de adoptar medidas preventivas, reforzar las plantillas y garantizar entornos de trabajo seguros", recalcan desde USIPA.
El sindicato recalca que "ignorar estas señales supone asumir riesgos que afectan tanto a los profesionales como a los propios menores", por lo que "la seguridad no puede seguir siendo una cuestión secundaria ni abordarse únicamente cuando ya se han producido hechos de extrema gravedad".
Y sentencian desde USIPA: "La protección de los menores y la seguridad de quienes trabajan con ellos deben ser una prioridad absoluta".
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