La Sindicatura alerta del uso abusivo de contratos menores en el Sespa para necesidades recurrentes

La contratación menor creció con fuerza en el sector público autonómico asturiano durante 2024 y volvió a situar bajo el foco al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), al que la Sindicatura de Cuentas atribuyó el uso de esta fórmula para atender necesidades periódicas o recurrentes. El informe presentado este viernes por el Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, en la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de la Junta del Principado también puso el acento en la gestión contractual de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, donde detectó expedientes negociados sin publicidad carentes de pliegos administrativos y técnicos.

El trabajo del órgano fiscalizador constató un incremento especialmente acusado de los contratos menores frente al resto de procedimientos. En concreto, las entidades analizadas comunicaron 4.595 contratos menores más que en 2023, lo que supone un aumento del 59,20%. El gasto asociado a este tipo de contratación también se elevó un 52,97%, con 9,9 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

Este informe de la Sindicatura de Cuentas provocó en la sesión de la tarde de la comisión un tenso enfrentamiento entre los consejeros del Principado, que defendieron su gestión, y los diputados de la oposición, quienes les recriminaron mantener año tras año las mismas deficiencias. En este sentido, Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, anunció que en abril aprobaron una guía para la elaboración de memorias justificativas de la contratación del Principado y que tienen pendiente lanzar un documento con instrucciones para la redacción de los planes de contratación en todo el sector público autonómico. El objetivo, señaló, es mejorar al máximo posible en este ámbito.

El SESPA y las necesidades recurrentes

Una de las incidencias señaladas por la Sindicatura afecta al SESPA. El informe advierte de que el organismo sanitario recurrió a contratos menores para cubrir necesidades periódicas o recurrentes, una práctica que el órgano fiscalizador ya había detectado en ejercicios anteriores. La contratación menor está concebida para atender necesidades puntuales y de menor cuantía, por lo que su empleo reiterado para prestaciones previsibles reduce las garantías de planificación, concurrencia y control, a juicio del ente fiscalizador.

La contratación no menor, por el contrario, redujo su volumen en 2024. Según los datos expuestos por Fernández Llera, los procedimientos ordinarios y urgentes bajaron un 26,21%, mientras que la contratación de emergencia disminuyó un 32,06%. En conjunto, los contratos no menores representaron el 37,11% de los expedientes comunicados, aunque concentraron 484,1 millones de euros, el 94,41% del importe total.

El caso Niemeyer

El informe también recoge deficiencias relevantes en la Fundación Centro Niemeyer. Todos los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad que fueron examinados carecían de pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. La Sindicatura considera que esta omisión no supone solo un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, sino que deja los expedientes sin una definición suficiente de los aspectos jurídicos, económicos y técnicos que deben garantizar la seguridad jurídica, la igualdad de trato y la transparencia de la licitación.

Además, el órgano fiscalizador señaló que en ninguno de los cuatro expedientes analizados se justificaron, en la fase preparatoria, aspectos de obligado cumplimiento previstos en la normativa contractual.

La reacción de los partidos

La comparecencia del Síndico Mayor derivó en un debate político sobre la gestión de la contratación autonómica. El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons calificó el informe de “demoledor” y sostuvo que evidencia falta de planificación y una tendencia a limitar la concurrencia. “Debe ponerse remedio a esta situación”, afirmó.

Desde Vox, Gonzalo Centeno destacó el “rigor” del trabajo de la Sindicatura, aunque lamentó que este tipo de informes no sean tenidos en cuenta por el Gobierno regional. El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, aseguró que lo más preocupante es la tendencia que refleja la contratación pública y defendió que algunas incidencias apuntan a “un patrón” y no a errores aislados. También advirtió del uso de sociedades mercantiles para operar con menos controles.

El PSOE rechazó las críticas de la oposición. Su diputado Ramón Fernández Huerga acusó a los grupos contrarios al Gobierno de hacer un “uso torticero” del informe de la Sindicatura y de realizar una interpretación “oportunista” de sus conclusiones. Fernández Huerga pidió tener en cuenta los argumentos recogidos en las alegaciones presentadas.

No es "extrapolable"

Fernández Llera precisó, al final de su intervención, que las conclusiones del informe no pueden extenderse al conjunto de la contratación pública asturiana. El Síndico Mayor explicó que la muestra fue seleccionada con criterios de riesgo y dividida en tres bloques: contratos ordinarios y urgentes, contratos de emergencia y contratos menores. “Los resultados de la fiscalización son estrictamente aplicables a cada uno de los expedientes y no extrapolables al conjunto de la contratación”, subrayó.

El informe abarca 71 entidades del sector público autonómico. De ellas, 67 remitieron dentro del plazo legal las relaciones certificadas de contratos adjudicados en 2024 o, en su caso, las certificaciones negativas, lo que representa un cumplimiento del 94,37%, ligeramente inferior al registrado el año anterior.

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