La Policía emite una alerta general por los 930 euros en 14 pagos que están desapareciendo de las cuentas bancarias y también afecta a Asturias: "Objeto de numerosos cargos en su cuenta"

La Policía Nacional utiliza sus canales oficiales en las redes sociales para alertar a los ciudadanos sobre las nuevas estafas que se producen y que, cada vez, son más difíciles de detectar por el usuario gracias a mensajes páginas web que imitan casi a la perfección a organismo oficiales.

Estafas como el 'phishing' o el 'smishing', que buscan que los ciudadanos crean que deben pagar un cobro de un banco o incluso de la propia Dirección General de Tráfico (DGT) para hacerse con sus datos o incluso con su cuenta bancari, son de los delitos más comunes. Recuperar el dinero no suele ser sencillo, aunque hay muchos casos de éxito.

Facua Córdoba ha asegurado este jueves que un banco ha sido "condenado a abonar" a un socio de la asociación de consumidores "los 930 euros que le sustrajeron mediante catorce cargos en su cuenta tras pinchar en un enlace que recibió por SMS que simulaba proceder de la Dirección General de Tráfico (DGT)".

Así lo ha señalado la asociación en una nota en la que ha detallado que la sentencia de la Plaza número 12 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba establece que "el banco tendrá que pagar también los intereses legales desde la fecha de los cargos fraudulentos (34 euros) y de las costas procesales (más de 800 euros), rechazando los argumentos de la entidad", que "trató de atribuir al afectado una supuesta negligencia grave".

Facua ha detallado que en la sentencia, la jueza "deja claro" que "la identificación de entornos no seguros no está al alcance de cualquier usuario", por lo que considera que "pinchar el enlace que le ofrece el SMS fraudulento no supone una grave negligencia" por parte del afectado.

Además, "da un toque de atención a la entidad bancaria al no detectar movimientos sospechosos por unos importes en sucesivas disposiciones efectuadas en un brevísimo periodo de tiempo y en distintos establecimientos comerciales desde lugares tan dispares como Alemania e Irlanda".

Los hechos se remontan a abril de 2025, cuando el afectado, de 77 años, "recibió en su teléfono móvil un SMS que aparentaba proceder de la DGT y que le informaba de una supuesta multa de tráfico pendiente de pago". Tras acceder al enlace, "una web que imitaba a la de Tráfico le pidió sus datos para pagar la sanción 'fake'. Después de introducirlos", el hombre "fue objeto de numerosos cargos en su cuenta (uno de 280 euros y trece de 50 euros) por un importe total de 930 euros".

Sin embargo, "a pesar de que el afectado comunicó inmediatamente la incidencia" al banco y "presentó la correspondiente denuncia policial", la entidad "rechazó devolverle las cantidades sustraídas de manera ilícita con el argumento de que es responsabilidad del cliente custodiar las tarjetas bancarias".

"En el banco me dijeron que no me reembolsaban el dinero porque era yo quién había dado mis datos a los estafadores", cuenta el afectado, quien decidió acudir a Facua Córdoba, organización de la que es socio desde el año 2010, para que le ayudasen a recuperar su dinero.

Así las cosas, la asociación presentó una nueva reclamación al banco, pero también fue desestimada. Tras esta segunda negativa, el afectado decidió acudir a los tribunales con el asesoramiento y el respaldo jurídico de Facua Córdoba.

La sentencia, firmada el 29 de mayo de 2026, concluye que el afectado "actuó con diligencia y que el banco no logró acreditar ni la existencia de una actuación fraudulenta por parte del cliente ni una conducta gravemente negligente que justificara trasladarle las pérdidas económicas derivadas de la estafa". Asimismo, destaca "la rápida actuación de la víctima, quien comunicó los hechos a la entidad bancaria el mismo día en que detectó las operaciones sospechosas".

Por ello, ha resuelto condenar al banco a pagar al afectado, que se muestra "encantadísimo con la gestión" que han "hecho en Facua, 100% satisfecho", los "930 euros que le sustrajeron a través de un SMS suplantando a la DGT, más los intereses legales y las costas procesales".