Mil millones de razones por las que Duro Felguera no ha quebrado: análisis sobre la "nueva etapa" de la empresa asturiana
El juez ha librado de una enorme deuda a la compañía, aunque afronta más casos en los tribunales e investigaciones vinculadas a la 'trama Leire'
El presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, estrecha la mano del consejero de Ciencia e Industria del Principado, Borja Sánchez, en la junta de accionistas de la empresa, el pasado jueves. / Ángel González / LNE
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"Duro Felguera es una empresa centenaria y emblemática de Asturias, símbolo de la tradición industrial y minera de las Cuencas, y nadie, ningún gobierno, ningún político ni ningún juez quiere ser recordado como el que puso el último clavo en el ataúd". Esta frase la dijo el pasado 23 de abril a LA NUEVA ESPAÑA uno de los asistentes a la primera sesión del juicio oral del plan de reestructuración de Duro Felguera.
Y, de momento, el pronóstico se ha demostrado acertado: el pasado lunes, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón avaló la reestructuración de la empresa asturiana de ingeniería. Una decisión con la que la compañía puede, de momento, respirar aliviada después de año y medio en preoconcurso de acreedores y bajo la acechante sombra de la quiebra.
La principal razón por la que hoy, 21 de junio de 2026, Duro Felguera no es una empresa en concurso es una razón contable, una razón con números: los "mil millones de euros" de deuda que –según admitió explícitamente el presidente de la compañía, Eduardo Espinosa, en la junta de accionistas del jueves– han desaparecido del pasivo de la empresa. La reordenación financiera bendecida por el juez sotrondino Rafael Abril Manso –exdirector de Justicia del Principado bajo la presidencia del socialista Javier Fernández– ha permitido a Duro librarse de una gigantesca losa e iniciar, según Espinosa, una "nueva etapa".
La desaparición de esos 1.000 millones de euros de deuda como condición indispensable para salvar a Duro no es una especulación. Lo afirmó un representante de la propia sociedad auditora, Lexaudit, durante el juicio: "Sin el plan de reestructuración, Duro entraría en liquidación". E insistió en ello el ejecutivo mexicano en la reunión con los accionistas, una vez obtenido el respaldo de la Justicia: "El plan elimina de raíz una carga que la compañía no podía sostener".
Y el principal ingrediente del plan son quitas del 100% a la mayoría de los acreedores, incluyendo entre estos a todos los contribuyentes asturianos: de sus bolsillos salieron los 6 millones de euros que el Gobierno del Principado inyectó a Duro en 2021 a través de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP), entidad mercantil dependiente del Gobierno regional. Un criterio técnico ha eximido a Duro de devolver ese dinero, al considerarlo de naturaleza privada por proceder de la SRP (a pesar de que esta entidad lo obtuvo a su vez de las arcas públicas asturianas).
No será así con los 120 millones de euros que también en 2021 –cuando en el consejo de administración se sentaban dos exministros socialistas, Jordi Sevilla y Valeriano Gómez– concedió a Duro la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La reestructuración no ha eliminado esa deuda, pero sí permite a la compañía aplazar su devolución hasta 2035.
No obstante, últimamente la combinación de las palabras "SEPI" y "Duro Felguera" no transmiten tranquilidad, a tenor de las informaciones relativas a las anotaciones de Leire Díez, la "fontanera" del PSOE investigada por la Justicia. En la libreta de la exmilitante, sospechosa de presionar a mandos policiales y judiciales para frenar investigaciones sobre Pedro Sánchez, se afirmaba que Duro iba "abocándose al concurso de acreedores" antes del rescate de la SEPI, y que este sirvió como "antesala" del realizado a la empresa vasca Tubos Reunidos unos meses más tarde.
En otro documento, la "fontanera" alude a otro controvertido capítulo en la historia reciente de Duro: los trámites para otorgar la nacionalidad española a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela, encausado en España por presuntamente haber cobrado entre 2008 y 2013 mordidas millonarias de la empresa para otorgarle una obra de una gran central de gas en el país latinoamericano. El juicio sobre este caso –en el que están acusados, entre otros, los expresidentes de Duro Juan Carlos Torres Inclán y Ángel Antonio Suárez del Valle– tendrá lugar del 19 al 22 de octubre.
Es cierto que ninguno de estos casos tiene que ver con el actual dueño de Duro, el mexicano grupo Prodi, pero, según el propio Espinosa ha reconocido esta semana, la reestructuración del último año ha "desgastado" la reputación de la empresa.
Pero ese trance se lleva algo mejor si a uno le han perdonado mil millones de deuda.
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