"Sacábamos carbón desde el primer día; los inspectores del Principado lo sabían": los supervivientes de Cerredo exigen que "pague quien tenga que pagar"

El carbón, dicen, estaba allí. En la galería, en las pilas visibles, en la nave, en los camiones. No era una actividad residual confundida con labores de retirada de chatarra, para lo que solo tenía permiso en realidad la empresa. Según el relato de los supervivientes del accidente de Cerredo (Rolando Prieto, David González, Abel García y David Álvarez Álvarez), en aquella mina se sacaba carbón de forma habitual. (Puedes leer en este enlace el testimonio completo publicado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA).

“Sacábamos carbón desde el primer día”, afirma tajante Abel García. Habla de una práctica que, según sostiene, se realizaba ya antes de 2022, cuando se produjo el primer accidente mortal. En aquel momento la mina estaba bajo la propiedad de Combayl, empresa que luego se convirtió en Blue Solving. Ambas pertenecientes al entramado familiar del empresario Chus Mirantes. “En 2022 trabajábamos en el sexto piso, el año pasado en el tercero”, detalla el minero.

Los trabajadores calculan que sacaban una media de 50 toneladas al día, unas dos mil al mes. Hablan de montañas de carbón, de movimientos continuos, de material que salía y de una actividad que, según su versión, dejaba rastro. Tanto es así que comenzaron bajando el carbón al exterior un día a la semana, pero en los últimos momentos "se bajaba todos los días". Por eso, cuando hablan de las inspecciones, el tono cambia: ya no describen solo lo que hacían bajo tierra, sino lo que creen que otros debieron ver.

“Los inspectores lo sabían, claro que lo sabían”, sentencia Abel. Su compañero Rolando lo corrobora. “Había pilas de carbón de 15 o 20 metros. ¿Cómo escondes tú esa mierda?”, se pregunta Rolando, quien insiste en que la acumulación de material alcanzaba la altura de un edificio: “¿Pasas junto a esas pilas de carbón y no te preguntas de dónde salió?”.

Los cuatro defienden que en todo momento les aseguraron que desde la empresa decían que “todo estaba legal, que tenían todos los permisos. Supuestamente estaba todo en regla”. Por eso, recuerdan, “hablábamos de ello con normalidad”.

 No obstante, reconocen que las inspecciones se avisaban por adelantado y que el día antes se dedicaban a limpiar y a tapar agujeros. “Eso nos hacía dudar y lo hablábamos entre nosotros, pero preguntabas y te decían que todo estaba bien”, insiste Abel.

En ocasiones, cuenta, los inspectores ni siquiera llegaban a entrar en la mina: “Se reunían con Casillas (José Antonio Fernández Casillas, ingeniero de la mina) en el despacho y se iban a comer”.

Por eso, reciben con escepticismo las promesas políticas de Adrián Barbón, presidente del Principado, de llegar hasta el final “caiga quien caiga”. “No va a hacer nada, es político”, dice Rolando, aunque los cuatro insisten en que las responsabilidades deben llegar a todos los niveles.

Piden que se investigue a los responsables técnicos y también a la Administración si se acredita que hubo fallos de vigilancia o control. Citan, incluso, al alcalde de Degaña, Óscar Ancares. E insisten: “Tiene que haber responsables de Minas también porque ellos sabían perfectamente que no estábamos en las condiciones debidas. El que tenga que pagar, lo tiene que pagar”.

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