El Estado fija en 31 millones la cuantía máxima a devolver para poder reabrir la mina de Vega de Rengos: Tyc Narcea alega que ellos no recibieron las ayudas

La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que, según trasladan los trabajadores, fija en 31,2 millones de euros la cuantía máxima que la empresa Tyc Narcea tendría que devolver por las ayudas percibidas por la anterior titular de la concesión de la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) en el marco del plan de cierre de la minería del carbón. El Instituto para la Transición Justa (ITJ) comunicó este lunes a la empresa que iniciaba el procedimiento administrativo, concediéndole quince días para presentar las correspondientes alegaciones.

La compañía sostiene que "las actuaciones actualmente en marcha no se corresponden con la misma unidad de producción que recibió en su día las ayudas al cierre", concedidas a la firma Carbonar. En este sentido, defiende que se trata de un "proyecto diferenciado tanto desde el punto de vista técnico como desde el jurídico".

Por este motivo, la empresa trabajará durante el plazo de alegaciones, fijado en 15 días hábiles, para elaborar un conjunto de argumentos técnicos y jurídicos con los que pretende acreditar su posición ante la Administración. Su objetivo es presentar "una respuesta sólida, fundamentada y dentro de los plazos establecidos".

Colaboración con la Administración

Tyc Narcea asegura que abordará el procedimiento "con la máxima celeridad". Los trabajadores iniciaron hace unos días una acampada en el centro de Oviedo para exitir tanto al ITJ como al Principado que agilicen todas las tramitaciones pendientes para recuperar la actividad, paralizada desde que el pasado noviembre se produjera un accidente mortal.

La empresa reitera, además, su disposición a colaborar con la Administración y su compromiso con el cumplimiento del marco legal vigente, así como con el desarrollo de proyectos industriales sostenibles en el ámbito de la transición energética.

La tramitación del Principado

Por su parte, el Gobierno del Principado inició la tramitación del proyecto de explotación de la mina de Vega de Rengos, gestionada por TYC Narcea, mientras el Instituto de Transición Justa determina las condiciones para la eventual reapertura del yacimiento y, en su caso, las posibles ayudas que la empresa tendría que devolver. Así lo explicó el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que destacó la complejidad jurídica y administrativa del expediente.

"Estamos en contacto con los trabajadores de TYC Narcea y también con la empresa", señaló Sánchez, que enmarcó las reivindicaciones de la plantilla en el ejercicio de "un derecho" para exigir a las administraciones "agilidad y eficacia". El consejero insistió en que el contexto del proceso "es jurídicamente muy complicado" y recordó que la empresa trasladó hace tres meses al Instituto de Transición Justa la situación jurídica de la explotación.

Sánchez explicó que el Principado decidió avanzar en la parte autonómica del procedimiento sin esperar a que el Instituto de Transición Justa fije su posición definitiva. "Mientras el Instituto de Transición Justa establece cuáles tienen que ser, en su caso, las posibles ayudas que tenga que devolver la empresa para reiniciar esa actividad, nosotros hemos iniciado ya la tramitación del proyecto de explotación", indicó.

El consejero defendió esta decisión por la importancia económica del yacimiento para la zona y por las características del mineral. Según señaló, la antracita que se extrae en Vega de Rengos, con menos del 5% de volátiles, figura en la lista de materias primas críticas de la Unión Europea.

El Principado analiza también si puede aprobar el proyecto de explotación de forma condicionada a las exigencias que establezca el Instituto de Transición Justa. "Lo que estamos analizando jurídicamente es ver si incluso podemos aprobar el proyecto de explotación condicionado a las exigencias que ponga el Instituto", afirmó Sánchez, que aseguró que las conclusiones estarán disponibles "en unas semanas".

El titular de Ciencia, Industria y Empleo precisó que, antes del trámite de información pública, la empresa debe incorporar documentación pendiente. "Estamos en conversaciones, dentro del diálogo administrativo propio de todo procedimiento, realizando una subsanación para que se incorpore una serie de documentación que todavía falta", explicó.

Sánchez trasladó a los trabajadores de la mina, acampados en Oviedo desde hace días, que el Gobierno asturiano es consciente de la relevancia del proyecto para la actividad económica del suroccidente. "Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano", sostuvo. El objetivo, añadió, es que cuando el Instituto de Transición Justa determine las condiciones para reabrir el yacimiento, el proyecto de explotación esté "lo más avanzado posible" e, idealmente, ya condicionado a esa resolución.

El consejero subrayó, no obstante, la dificultad del expediente. "El procedimiento es muy complejo. Es de los procedimientos más complejos que he visto como consejero, y ya van para siete años", concluyó.

Presión a la izquierda del PSOE

Paralelamente, los diputados de Convocatoria por Asturies IU en la Junta General, Xabel Vegas, y del grupo de Sumar en el Congreso, Rafa Cofiño, reclamaron este lunes al Principado que active de forma inmediata la tramitación del proyecto de explotación de la mina de TYC Narcea. Ambos parlamentarios trasladaron su apoyo a los trabajadores acampados en el Campo San Francisco de Oviedo para exigir la vuelta a la actividad.

Vegas y Cofiño mantuvieron un encuentro con la plantilla y pidieron a la Consejería de Industria y a la Dirección General de Minas que "se pongan las pilas" para agilizar el procedimiento administrativo. Los representantes de IU y Sumar consideran que el Principado debe avanzar en paralelo a la decisión que adopte el Instituto para la Transición Justa sobre las ayudas públicas recibidas en su día por la explotación.

El portavoz de Convocatoria por Asturies IU, Xabel Vegas, defendió que la Administración autonómica no debe esperar a que Madrid resuelva para impulsar los trámites que dependen del Principado. A su juicio, la Dirección General de Minas tiene que elaborar y tramitar "de manera urgente" el proyecto de explotación definitivo, incluida la información pública.

"Los trabajos tienen que ser paralelos", sostuvo Vegas, que advirtió de que la situación afecta a casi 70 empleos directos y al futuro económico del Narcea. El diputado señaló que el objetivo debe ser que, una vez se pronuncie el Instituto para la Transición Justa, la mina pueda retomar la actividad "de forma fulminante".

Por su parte, Rafa Cofiño calificó de "intolerable" que la incertidumbre se prolongue desde hace quince meses. El diputado de Sumar en el Congreso aseguró que trasladará al Instituto para la Transición Justa la preocupación por la situación de la plantilla y pedirá que se aceleren los plazos.

El delegado sindical de Comisiones Obreras en TYC Narcea, Carlos Menéndez, también reclamó que la tramitación ambiental y el proyecto de explotación avancen al mismo tiempo en Asturias. Según explicó, el Instituto para la Transición Justa ha remitido un informe que abre un plazo de quince días para presentar alegaciones ante la reclamación de 31 millones de euros a la antigua explotación, con un horizonte de resolución que podría prolongarse hasta finales de septiembre.

Menéndez advirtió de que el empleo en la comarca no puede quedar condicionado a nuevos retrasos administrativos y pidió que el Principado actúe para evitar que la paralización de la mina se convierta en definitiva.

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