La oposición pide a Barbón que escuche a los trabajadores de Cerredo y asuma el dictamen

El relato de cuatro de los supervivientes de Cerredo, hecho público a través de las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, no solo reconstruye las condiciones en las que trabajaban en la mina antes del trágico accidente, en el que perdieron la vida cinco compañeros, sino también el impacto físico, psicológico y familiar que arrastran más de un año después. Para la oposición esos testimonios refuerzan la necesidad de habilitar ayudas también para los heridos y supervivientes, además de respaldar su planteamiento de que deben depurarse responsabilidades a todos los niveles. Ideas que se recogen en el dictamen final de la comisión de investigación parlamentaria que será aprobado con el respaldo de todos los grupos, a excepción del PSOE (que no ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de los mineros).

El diputado del PP Rafael Alonso considera que el relato de los supervivientes "ratifica las pésimas circunstancias en que desarrollaban su trabajo" y apunta al empresario investigado, Chus Mirantes, que organizó "un entramado familiar" para extraer carbón "desde el primer momento ilegalmente". A su juicio, las historia de los trabajadores refleja "como esa circunstancia debía ser conocida dado el volumen de carbón que se acumulaba". Por ello, el PP defiende que deben exigirse responsabilidades políticas, una demanda que el presidente Adrián Barbón "se niega a aceptar".

Alonso también destaca el componente humano del testimonio. "Deja patente el espíritu de solidaridad en la minería", señala, al subrayar que los supervivientes "no tuvieron ninguna duda en volver a entrar" pese al riesgo para su propia seguridad. El PP cree que debe reconocerse "su entrega por sus compañeros" y el dolor que siguen sufriendo por la pérdida. "Ese es el ejemplo de camaradería en los trabajos en las minas y debemos reconocerles su entrega por sus compañeros y el dolor por su pérdida que siguen sufriendo", opina.

El duro testimonio de de un superviviente de la mina de Cerredo: "Nos sentimos abandonados, allí no había medidas de seguridad y nos decían que todo estaba en regla"

Vox eleva el tono contra el presidente del Principado. Su diputado Gonzalo Centeno sostiene que, año y medio después, los testimonios siguen poniendo "los pelos de punta" y reclama que las ayudas incluyan también a los supervivientes. "No solo a los damnificados", señala, antes de cargar directamente contra Barbón, al que acusa de no haber asumido responsabilidades pese a sus compromisos públicos de llegar "caiga quien caiga". "¿Qué carajo está haciendo el señor de los ocho apellidos mineros, el del ‘caiga quien caiga’? ¿Ir de romería en romería, tuitear, vacacionar en México con el dinero de todos?", se pregunta.

Para Centeno, el tiempo les dará la razón en que "el que tenía que haber dimitido desde el primer día es el señor Barbón, puesto que todo falló". Y sentencia: "Deje ya de esconderse y váyase a su casa".

Desde Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas afirma entender "perfectamente la frustración" de los trabajadores y recuerda que su grupo ha defendido ayudas tanto para las familias de los fallecidos como para los heridos supervivientes. Además, considera "absolutamente inexplicable que hayan tenido problemas para poder acceder a esa ayuda psicológica. No ya como supervivientes, sino como cualquier otra persona que en un momento de su vida puede tener la necesidad de este tipo de atención".

Vegas comparte también la dureza de los mineros hacia Chus Mirantes: "Así se lo dije en comisión. Es un sinvergüenza y es mala persona". El diputado de Convocatoria extiende esa censura a otros responsables, entre ellos al alcalde de Degaña, Óscar Ancares, al que los mineros también señalan y al que acusa de haber "mirado para otro lado" mientras la empresa funcionaba. Por eso, han presentado un voto particular concurrente al dictamen parlamentario para defender que se haga referencia a su papel.

A su juicio, "el mal está hecho" y la única esperanza es que el accidente sirva para adoptar medidas administrativas, empresariales y de seguridad laboral que impidan que una tragedia así vuelva a repetirse.

Adrián Pumares, de Foro, califica los testimonios de "estremecedores" y sostiene que ponen rostro al "enorme drama humano" que supuso la tragedia. "Obviamente, las responsabilidades judiciales deberán ser determinadas por los tribunales. Pero a los representantes públicos nos corresponde determinar las responsabilidades políticas. Esa es precisamente la función de la comisión de investigación que impulsamos en la Junta General y cuyo dictamen se aprobará el próximo miércoles", afirma.

Pumares advierte de que Barbón "no puede mirar hacia otro lado, por mucho que el PSOE vaya a quedarse solo en su rechazo al dictamen". Como presidente del Principado, "tiene la obligación de respetar el trabajo de la comisión, atender a sus conclusiones y actuar en consecuencia". "Después de una tragedia en la que perdieron la vida cinco trabajadores, sería inaceptable que nadie respondiera políticamente por lo sucedido", sostiene.

Covadonga Tomé también reclama al Ejecutivo autonómico que deje de "dar vueltas" y habilite ya ayudas para las familias de los fallecidos y para los heridos de los accidentes de 2022 y 2025. "No entendemos el enredo del Gobierno de Barbón para no asumir responsabilidades", señala.

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