La polémica de la basura de Asturias llega a León tras revelarse el envío de 5.600 toneladas a La Robla: "Es un regalito envenenado"

La polémica política en torno al Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha traspasado las fronteras del Principado y ha llegado hasta Castilla y León después de que la gerente de la entidad, Paz Orviz, revelase en la Junta General del Principado que más de 5.500 toneladas de combustible sólido recuperado (CSR) fueron trasladadas a la cementera de La Robla (León), propiedad de Cementos Tudela Veguín.

La información salió a la luz apenas unos días después de que el Gobierno asturiano hubiese negado que la posibilidad de enviar residuos a esa instalación estuviese sobre la mesa de cara al futuro. Sin embargo, Orviz confirmó ante los diputados de todos los grupos parlamentarios que esta alternativa ya se había utilizado entre los años 2023 y 2024.

Según explicó la gerente, parte de los residuos generados en la planta de clasificación de la denominada bolsa negra —la fracción de basura mezclada que llega a Cogersa— fueron derivados a la fábrica leonesa. En concreto, la empresa Cementos Tudela Veguín solicitó este material para realizar distintas pruebas industriales relacionadas con su actividad. En total, unas 5.600 toneladas acabaron siendo trasladadas desde Asturias hasta la instalación situada en el municipio leonés de La Robla.

Las explicaciones ofrecidas por Orviz provocaron una cascada de reacciones en la política asturiana. Los grupos de la oposición cargaron contra el Ejecutivo autonómico por considerar que la información conocida contradice el discurso mantenido hasta ahora por el Gobierno regional. Las críticas también llegaron desde Izquierda Unida, socio del PSOE en el Ejecutivo de Adrián Barbón, que reclamó más transparencia sobre la gestión de los residuos y sobre las decisiones adoptadas por Cogersa durante los últimos años.

La controversia no tardó en tener eco al otro lado de la Cordillera Cantábrica. En Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular en coalición con Vox bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco, las declaraciones de la gerente de Cogersa han abierto un nuevo frente político relacionado con la gestión de residuos y el control de los materiales que llegan a la comunidad procedentes de otros territorios.

Por el momento, la Junta de Castilla y León guarda silencio sobre estos traslados. Una postura que ha sido duramente criticada por el PSOE castellanoleonés, que considera que este asunto constituye un "regalito envenenado" dejado por Juan Carlos Suárez-Quiñones, hasta hace unas semanas responsable de las competencias de Medio Ambiente, a María González Corral, que asumió la cartera tras la reciente formación del nuevo Gobierno autonómico en coalición del PP con Vox.

"Un regalo envenenado"

"La gestión de los residuos es una de las asignaturas pendientes de este Gobierno. Cuando se deja en manos del libre mercado, pasa lo que pasa. La empresa no ha cometido ninguna irregularidad y está en su derecho de captar residuos. El problema está en quién lo autoriza, no en un tercero que sea más listo que tú y te traiga los residuos que no quiere quemar en su comunidad autónoma. Quien es torpe, a quien le han colado un gol y quien ha sido incapaz, por ineptitud, de planificar la gestión de residuos ha sido la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Mañueco", aseguró Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz socialista en las Cortes.

El dirigente socialista fue más allá y cuestionó el grado de conocimiento que tenía la administración autonómica sobre estos movimientos de residuos. "¿Era la Junta conocedora de que se estaban trayendo residuos no solo de esta comunidad, sino también de otra? Tenemos que poner el foco en quien lo autoriza y en quien se inhibe de sus competencias por desidia o por incapacidad", afirmó.

Pese a las preguntas planteadas por este periódico, la Junta de Castilla y León no facilitó información adicional sobre los traslados de residuos desde Asturias ni aclaró si existió algún tipo de autorización específica o seguimiento administrativo relacionado con estas operaciones.

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