Quién es quién en el amaño de la gran obra de Avilés que la UCO atribuye a la trama de Leire: una baja temeraria y la "connivencia" de una funcionaria para inadmitir un recurso

El contrato para derribar las viejas baterías de cok de Avilés figura, hasta ahora, como la principal derivada asturiana de las investigaciones de amaños de contratos a las presuntas tramas corruptas que rodean al PSOE. En concreto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa esa adjudicación en una de las ramificaciones de la red de pagos a Mediaciones Martínez y Servinabar por supuestas gestiones de influencia ante empresas públicas vinculadas a la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI), y describe cómo fueron las maniobras nombrando a algunas de las personas intervinientes. El procedimiento de contratación pública se hizo a través del Parque Empresarial Principado de Asturias (Pepasa), sociedad participada, precisamente, por la SEPI. La obra fue adjudicada por 2,8 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte la firma navarra Construcciones y Excavaciones Erri Berri S.L.

Según un informe de la UCO, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, esta fue la cuarta de las cinco primeras operativas analizadas en torno al grupo que los investigadores denominan Hirurok—“nosotros tres”, en euskera—, integrado por Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI; Leire Díez Castro, la "fontanera" del PSOE que ocupó distintos cargos públicos y de comunicación en empresas del sector público; y Joseba Antxon Alonso Egurrola, empresario vinculado a Servinabar y Mediaciones Martínez, a quien se sitúa como socio de Santos Cerdán, quien fuera secretario de organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez. La Guardia Civil sostiene que el grupo actuaba de forma coordinada, con reparto de tareas, canales seguros de comunicación y capacidad para explotar relaciones políticas o administrativas en beneficio de terceros.

Cómo operaron en Avilés

El caso de Avilés, siempre según la UCO, habría consistido en favorecer a Erri Berri durante la licitación ejecutada por Pepasa, que estuvo plagada de vicisitudes. Los investigadores destacan que, por el cargo público que había desempeñado uno de los integrantes del grupo —Vicente Fernández, como expresidente de la SEPI—, Hirurok habría tenido capacidad para beneficiar a la empresa adjudicataria en varios momentos decisivos del procedimiento. En concreto, el informe habla de la “habilitación” de su oferta “pese a la misma ser contraria al curso normal de la licitación”, de la aceptación de una propuesta que habría incurrido en baja temeraria y, posteriormente, de la inadmisión del recurso especial de contratación presentado por la otra UTE que concurría a la adjudicación.

Fue llamativa entonces la disparidad de cifras en las ofertas. La UTE de Erri Berri pujó por 2,85 millones de euros. Una rebaja más que llamativa respecto a la oferta de la UTE competidora, que más que dobló la suya: 6,14 millones. Es esa bajada temeraria a la que hace mención la UCO y la que eleva los indicios por la validación de una oferta que sería rechazable por ese motivo.

La mesa de contratación del expediente estaba presidida por Fernando Albert Aragón, secretario general y director de la Asesoría Jurídica de Sepides nombrado en el informe de la Guardia Civil. La UCO considera que el supuesto amaño no se habría limitado al momento inicial de la adjudicación pese a la baja oferta, sino que se habría extendido también a la fase de impugnación. En ese punto aparece otro nombre clave: María de la Concepción Ortiz Fuerte, entonces presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales. El informe subraya que Ortiz Fuerte había desempeñado antes funciones en la SEPI como directora de Asuntos Jurídicos y como secretaria general y del Consejo bajo la presidencia de Vicente Fernández. Los investigadores apuntan que Hirurok habría contado con su “connivencia y participación” para la inadmisión del recurso, extremo que forma parte de los indicios policiales.

El pago por los servicios

La presunta contraprestación económica también queda descrita por la UCO. Como pago por las actuaciones desarrolladas en favor de Erri Berri, los miembros de Hirurok habrían pactado con Félix Azcona Lacarra, responsable de la adjudicataria, el abono de 400.000 euros. Aunque en otros informes se han constatado pagos por una cantidad menor, de casi 100.000 euros. Para canalizar ese dinero, siempre según la Guardia Civil, se habrían simulado relaciones comerciales y se habrían utilizado sociedades vinculadas al grupo, principalmente Servinabar y Mediaciones Martínez. Los fondos habrían salido de Erri Berri y de alguna empresa participada, como Reciclajes y Derribos Olite S.L., además de emplearse también una sociedad ajena al grupo con dinero que procedía de pagos recibidos por Mediaciones Martínez.

El funcionamiento de esas sociedades es esencial para entender el esquema descrito por la UCO. Servinabar 2000 S.L. aparece en la investigación como la gran principales herramienta societarias del entorno de Antxon Alonso. La Guardia Civil señala que Alonso ostentaba formalmente una parte de Servinabar, aunque también sostiene que desde 2016 habría titulado de forma velada un 45% de sus participaciones en favor de Santos Cerdán. La sociedad fue utilizada, según los investigadores, en distintas operativas como vehículo para canalizar pagos o articular relaciones mercantiles que, bajo apariencia de servicios, habrían servido para retribuir gestiones de influencia.

Mediaciones Martínez S.L. es la otra pieza societaria central. La UCO la describe como una mercantil controlada en la práctica por Antxon Alonso, aunque formalmente administrada por Carmelo Aznárez Pellicer. En el rescate del Gobierno de Sánchez a la empresa vasca Tubos Reunidos, los agentes sostienen que Mediaciones Martínez fue usada para canalizar pagos al grupo Hirurok por servicios que no respondían a una necesidad real del cliente, sino a una fórmula “ad hoc” para compensar la intervención de sus miembros ante la SEPI. Hay que recordar que, según las anotaciones de la libreta de Leire Díez, el grupo se fijó en el rescate estatal previo a la ingeniería asturiana Duro Felguera como "antesala" de Tubos Reunidos.

En cualquier caso, el expediente avilesino encaja, según la UCO, en esa lógica. Pepasa, sociedad pública vinculada al grupo SEPI a través de Sepides, licitó una obra importante en Avilés. Erri Berri participó en la UTE adjudicataria. Hirurok habría desplegado su capacidad de influencia para facilitar el éxito de esa oferta y neutralizar después el recurso presentado por una competidora. Y, como contraprestación, se habría pactado un pago de 400.000 euros, canalizado mediante sociedades vinculadas al grupo o empresas interpuestas detrás de las cuales se sitúa a Antxon Alonso y Santos Cerdán.

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