El Principado se propone expropiar el taller de Barros a Duro Felguera con una vía legal nunca usada

El Gobierno del Principado está estudiando expropiar el taller de Duro Felguera en Barros (Langreo) para que las instalaciones pasen a manos de Indra y que la empresa de defensa ubique allí una segunda fábrica de blindados en Asturias. Es una potestad contemplada en el artículo 7.2 de la ley Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER) a la que quiere acogerse Indra para hacer realidad sus inversiones en la región. En caso de que el Principado acepte la solicitud PIER de la empresa de defensa y, además, declare que el proyecto es de "utilidad pública" –lo cual activaría la cláusula estipulada en el artículo 7.2–, el Gobierno de Adrián Barbón podría hacerse con el recinto langreano de Duro, una decisión que no tiene precedentes en Asturias.

En la región, desde luego, han tenido lugar numerosas expropiaciones en los últimos años, pero estas han tenido como objetivo la creación de grandes infraestructuras logísticas, como el puerto de El Musel o la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), en Gijón; o el parque empresarial de Bobes (Siero). También se ha recurrido a ese método para accesos ferroviarios, carreteras, minas u otro tipo de infraestructuras pública.

No obstante, la del taller de Duro Felguera, de llevarse a cabo, sería la primera expropiación ejecutada para hacer realidad una inversión industrial privada. Algo por otra parte lógico, ya que la norma que la ampara, la PIER, entró en vigor a comienzos de 2025 y desde entonces sólo ha autorizado un proyecto: la implantación en Bobes de un hipermercado de la cadena estadounidense Costco. Otras iniciativas solicitadas son la de una gran fábrica de componentes de placas solares de Sunwafe en la Zalia y la modernización del astillero de Gondán en Figueras (Castropol).

La regulación asturiana no es la única que permite la expropiación en caso de que un bien sea declarado de "utilidad pública". Otras cinco comunidades autónomas cuentan con normativas similares: Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Extremadura.

Todas las capacidades expropiatorias de los gobiernos autonómicos emanan de una ley nacional del año 1954, la ley de Expropiación Forzosa. Esta norma ha recibido modificaciones puntuales a lo largo de los años, pero su núcleo sigue en vigor: el derecho de la Administración (estatal o autonómica) de expropiar por causa de utilidad pública o interés social, con indemnización justa y procedimiento legal.

En el caso de Asturias, la declaración de un proyecto PIER por parte del Principado se otorgaría de forma simultánea a su "utilidad pública", según explicaron fuentes de la Consejería de Industria. Si bien Indra presentó su solicitud la semana pasada, el plazo máximo que tiene el Gobierno para pronunciarse al respecto (tres meses) sólo comenzará una vez que estén presentados todos los informes vinculados al proyecto, incluyendo los de los ayuntamientos afectados o el de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA). Por lo tanto, ese plazo de tres meses aún no ha empezado a correr. De hecho, Sunwafe presentó su solicitud de proyecto PIER el pasado agosto, hace casi un año.

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