Paso clave para que Galicia gestione la autopista AP-9, que comparte expediente con el Huerna

El Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves al traspaso a la Xunta de Galicia de la titularidad y la gestión de la autopista AP-9. La iniciativa salió adelante con los votos en contra del PP y Vox. La AP-9 comparte expediente con la autopista del Huerna (AP-66) en la Comisión Europea, ya que el órgano ejecutivo de la UE considera ilegal la concesión de ambas infraestructuras.

Se trata de la primera vez que esta demanda gallega llega tan lejos en su tramitación en las Cortes Generales, aunque todavía deberá superar varios trámites antes de hacerse efectiva. La ley orgánica será ratificada y posteriormente pasará al Senado, donde el PP ya ha anunciado su voto en contra. Después volverá al Congreso para su aprobación definitiva y, finalmente, el Gobierno central y la Xunta deberán negociar las condiciones concretas del traspaso.

PSOE, Sumar y BNG, cuyo acuerdo permitió desbloquear la iniciativa, calificaron la jornada de «día histórico» y acusaron al PP de oponerse porque, a su juicio, no desea asumir la gestión de la Autopista del Atlántico.

Por su parte, el Partido Popular sostiene que el acuerdo «deturpa» el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia. Argumenta que ya no se garantiza que el Estado asuma los costes derivados de la transferencia, como el mantenimiento de las bonificaciones de los peajes, las inversiones comprometidas o una eventual indemnización a la concesionaria si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que la prórroga de la concesión aprobada en 2000 fue ilegal.

El diputado del PP Pedro Puy defendió los votos particulares de su grupo y aseguró que el texto original había sido consensuado en el Parlamento gallego, pero que quedó desvirtuado tras las modificaciones introducidas por PSOE, BNG y Sumar en la Comisión de Transportes.

Según explicó, una de las principales diferencias es la eliminación de la disposición adicional que garantizaba que las posibles consecuencias económicas de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ampliación de la concesión no recayeran sobre la Xunta, sino sobre la Administración General del Estado.

Puy afirmó que, en las condiciones actuales, el traspaso «ya no es viable» por tres razones: porque las condiciones deberán negociarse posteriormente entre el Gobierno y la Xunta; porque desaparecen las garantías financieras sobre inversiones, bonificaciones y posibles responsabilidades derivadas de una sentencia europea; y por motivos políticos, al considerar que se imponen unas condiciones que la Xunta no puede aceptar.

Desde el PSOE, la diputada Patricia Otero defendió que el acuerdo no altera el espíritu de la iniciativa aprobada en Galicia y aseguró que el Estado seguirá asumiendo todas las consecuencias económicas de las decisiones adoptadas mientras fue titular de la AP-9. También reprochó al PP que, en anteriores legislaturas, impidiera debatir la transferencia de la autopista.

Por parte de Sumar, Manuel Lago Peñas afirmó que el acuerdo garantiza una transferencia correcta y recordó que el Estado asumirá las consecuencias económicas de su gestión, incluidos los 3.400 millones de euros comprometidos hasta 2048 para financiar las bonificaciones de los peajes.

El diputado del BNG Néstor Rego sostuvo que el rechazo del PP demuestra que no quiere realmente el traspaso de la AP-9. Recordó que fue el Gobierno de José María Aznar el que prorrogó la concesión hasta 2048 y privatizó su gestión, además de señalar que los populares bloquearon durante años el debate de esta transferencia en el Congreso.

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