La Sindicatura detecta un "empeoramiento económico" en la Zalia y en Sogepsa
Pérdidas por 6 millones de euros en la sociedad de promoción de suelo y la deuda del área logística con la Administración regional, principales advertencias del órgano fiscalizador
La sede de la Sindicatura de Cuentas del Principado. / Europa Press
Añádenos en GoogleC. Jiménez
La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha aprobado el informe correspondiente al ejercicio 2024 sobre las unidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General, la Universidad de Oviedo y las cámaras de comercio asturianas. El documento refleja avances en materia de control y reducción del endeudamiento, pero también identifica incumplimientos en la rendición de cuentas, deficiencias en la supervisión y dudas sobre la viabilidad futura de varias entidades públicas.
Según el informe, cuatro de las 38 unidades que integran el sector público autonómico ajeno a la Cuenta General no cumplieron con su obligación de presentar las cuentas anuales. Se trata de las empresas Albancia y Desarrollo Integral de Taramundi, ambas en proceso de liquidación durante 2024; el Patronato Real Gruta y Sitio de Covadonga, y la Fundación para el Fomento de la Economía Social. La Sindicatura recuerda además que la extinción definitiva de Albancia se produjo ya en 2025.
En el apartado de control financiero, el órgano fiscalizador destaca que todas las entidades obligadas a someter sus cuentas a auditoría presentaron los correspondientes informes. No obstante, cinco de los 26 informes emitidos contienen "incertidumbres materiales sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento". Esta advertencia afecta a Gispasa, RTPA, Sedes, Zalia y la Fundación La Laboral, entidades sobre las que los auditores identifican factores que podrían comprometer su continuidad futura si no se corrigen determinados desequilibrios.
El análisis económico-financiero agregado muestra una evolución desigual. Por un lado, continúa la reducción del endeudamiento iniciada en 2019. La Sindicatura atribuye esta mejora tanto a la amortización ordinaria de la deuda como a la drástica disminución del saldo pendiente de Zalia frente a la Administración autonómica, que pasó de 126,28 millones de euros a apenas 125.861 euros al cierre de 2024.
Sin embargo, el informe advierte de un empeoramiento del resultado económico-patrimonial agregado respecto al ejercicio anterior. Aunque el capital social conjunto creció un 15,29 % gracias a los procesos de reestructuración desarrollados en empresas públicas como Zalia y Sogepsa, la institución considera que estas medidas no bastan por sí solas para garantizar la estabilidad futura.
"Los resultados de 2024 son un indicio de que, por sí solos, no son suficientes para garantizar la sostenibilidad económico-financiera de las entidades", señala el informe. La Sindicatura añade que resulta imprescindible "acompasarlos de una estrategia de negocio que les permita generar recursos corrientes para dar cobertura a sus gastos y corregir las pérdidas estructurales".
La fiscalización incluye además un análisis específico de entidades de especial relevancia para la comunidad autónoma. Además, Zalia, Sedes, RTPA y Gispasa, incorpora también la Sociedad Regional de Promoción, Vipasa, la Fundación Niemeyer, y Fucomi.
La Universidad y las Cámaras, al día en rendición de cuentas
En cuanto a la Universidad de Oviedo, la Sindicatura concluye que tanto la institución académica como la Fundación Universidad de Oviedo cumplen con sus obligaciones de rendición de cuentas y de publicidad activa. La excepción vuelve a ser la Fundación Observatorio Económico del Deporte, que "de forma reiterada" continúa sin presentar sus cuentas.
También reciben una valoración positiva las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, que rindieron sus cuentas en plazo y presentaron estados financieros auditados con informes favorables y sin salvedades.
Entre las observaciones dirigidas al Gobierno asturiano, la Sindicatura apunta deficiencias en el control interno ejercido por la Intervención General. En particular, asegura no haber encontrado evidencia de actuaciones incluidas en el plan anual de control financiero permanente y auditorías de 2024 sobre entidades sujetas a contabilidad privada. Asimismo, considera insuficiente la supervisión prevista sobre transferencias y subvenciones concedidas al sector público autonómico.
Como recomendación principal, el órgano fiscalizador reclama que la Intervención General desarrolle instrucciones específicas para implantar con eficacia el nuevo sistema de supervisión continua de las entidades dependientes de la Administración autonómica y reforzar así el seguimiento de su sostenibilidad financiera.
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