Los economistas ven "otro parche" del Gobierno en el nuevo fondo planteado para la financiación autonómica

El Gobierno de Asturias volvió a rechazar esta semana la reforma del modelo de financiación autonómica tal como está planteada actualmente, a pesar del intento del Ministerio de Hacienda de convencer al Principado incorporando un nuevo fondo de compensación que iguale a la media por habitante ajustado a todas las comunidades. “Se lo agradecemos, pero desde Asturias consideramos que esto no es suficiente; que esto no responde a los intereses de la región. Tampoco a la Declaración de Santiago, a los acuerdos de la Junta General del Principado ni a lo aprobado en los congresos socialistas”, afirmó ayer la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, calificando la postura regional de "un no rotundo, pero sereno" al planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez.

La propuesta, pactada inicialmente con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y ahora remendada con ese fondo, no convence ni al entorno de Adrián Barbón ni a los economistas, que, a expensas de conocer más detalles de cómo se implementaría, lo ven como “un parche” y una “mala medida”.

Crítico se muestra Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. El economista ve “razonable” una cláusula transitoria para garantizar que ninguna autonomía quede por debajo de la media, pero advierte de que añadir otro fondo a un sistema ya cargado de mecanismos correctores se parece más a un “parche que a una reforma”.

La oferta del Ministerio “mejora el planteamiento inicial”, pero no resulta suficiente para el Principado. Asturias se sitúa ahora en el 101,3% de la financiación media por habitante ajustado con el modelo vigente, mientras que la reforma del Gobierno pactada con ERC la dejaría en el 95,3%. La propuesta del fondo serviría, según el Ejecutivo central, para igualarla a la media del 100%.

La población ajustada es el indicador que utiliza el Estado para repartir los recursos entre comunidades y no atiende solo al número de habitantes, sino también a las necesidades de gasto derivadas de factores como la edad, la dispersión o las características del territorio. Asturias reclama precisamente que ese cálculo refleje mejor su realidad demográfica, el envejecimiento, la orografía y los costes de prestar servicios públicos en un territorio con población dispersa.

Arruñada sostiene que no puede afirmarse que la propuesta sea suficiente para Asturias mientras no se conozcan “la dotación, la permanencia, la actualización y los efectos futuros del fondo” cuando cambien la población, la recaudación o el coste de los servicios. En su opinión, incluso una cifra elevada sería “insuficiente” si mantiene “una fórmula defectuosa y se compensa con transferencias discrecionales”.

El economista defiende que la reforma no debe diseñarse para beneficiar a Asturias, Cataluña o cualquier otra comunidad, sino para tratar igual a ciudadanos con necesidades comparables. Desde esa perspectiva, Asturias debería recibir más recursos “solo en la medida en que prestar los mismos servicios cueste objetivamente más”.

Para ello, plantea un modelo más simple, con una única fórmula de nivelación, criterios verificables y ponderaciones calculadas con estimaciones públicas y revisables. También reclama que la autonomía de gasto vaya acompañada de responsabilidad fiscal, de modo que cada comunidad explique cómo financia el gasto que decide asumir por encima del nivel común. Arruñada añade que una discusión seria sobre equidad debe incluir también la aportación efectiva de los regímenes forales.

Santiago Álvarez, profesor de Economía Aplicada, también es muy contundente en su valoración: “Es una mala medida; pasamos de lo malo a lo peor. Todo lo que sea crear fondos ‘ad hoc’ como la cesión del IVA minorista para beneficiar a Cataluña o el del cambio climático, es una chapuza”.

En su opinión, el sistema debería ser general y no elaborarse en base a “criterios arbitrarios” porque lo único que provocará será “que en cuatro años ya no sean válidos, vuelva a haber diferencias y las comunidades se quejen de por qué perdieron”.

Crear fondos y subfondos es “embarrar más el sistema”, mientras se demuestra que “el modelo no está bien hecho”. “Es una fórmula para conseguir el voto a favor de alguna comunidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, afirma.

Más comedido se muestra Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea. Considera que, en principio, “la medida puede mejorar la equidad del reparto”, aunque advierte de que “habría que valorar el conjunto del sistema y el coste para el Estado”. A su juicio, la mejor fórmula pasaría por conseguir una nivelación total, es decir, “la misma financiación por habitante ajustado para todas las comunidades”.

Carlos Monasterio, por su parte, prefiere no valorar la propuesta del fondo de compensación al no conocer sus detalles. No obstante, advierte de una cuestión técnica: “Si las comunidades que están por debajo de la media son elevadas hasta ese nivel, la propia media cambiaría, lo que podría provocar una nueva reordenación del sistema”.

Respuesta a la oposición

Dudas técnicas a un lado, la vicepresidenta del Principado también habló de las críticas de la oposición y, en especial, del PP, al que pidió volver a la defensa de los intereses de Asturias. "Entiendo que a la oposición, y especialmente al Partido Popular, esto le desconcierta porque ellos, cuando hablamos de independencia, pues podemos movernos entre que son una sucursal o una franquicia”, afiirmó.

Según Llamedo, el Gobierno regional actúa con independencia y mantiene en todos los foros que la prioridad es la comunidad. “Lo primero son los intereses de Asturias. Y no lo hemos demostrado con palabras, sino con hechos”, señaló, negando así que se plieguen a las directrices marcadas por su partido desde Madrid.

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