Juan Carlos Campo, exministro de Justicia: "La obligación de un magistrado no es defender una ideología política"

Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961) fue ministro de Justicia en el anterior Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez y actualmente es miembro del Tribunal Constitucional. Campo, que participa hoy en un encuentro online del Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos, dirigido por el jurista asturiano Javier Junceda, atiende a LA NUEVA ESPAÑA, aunque evita entrar a valorar en profundidad a aquellas cuestiones que tienen que ver con la actualidad política.

Ha sido ministro de Justicia y es magistrado del Tribunal Constitucional, ¿cómo observa el actual clima de polarización política en España?

Lo observo con preocupación porque es el germen de la intolerancia. Y no sirve de excusa señalar que la polarización es un fenómeno común en muchas democracias, es un fenómeno muy extendido en Europa y, sobre todo, en Estados Unidos. España no es ajena a esta situación. Me atrevería a decir que se nos ha instalado con fuerza, y con rasgos propios, y lo preocupante es que , de una manera o de otra, empieza a erosionar la confianza en las instituciones y dificulta llegar a acuerdos que es uno de los pilares de las democracias. Basta para comprender esta situación observar como se está tensando el debate público y donde, no pocas veces, el insulto sustituye a las ideas.

Una parte de la sociedad percibe que existen magistrados "conservadores" y magistrados "progresistas". ¿Le preocupa esa etiqueta o considera que forma parte de la normalidad de cualquier tribunal constitucional?

Las etiquetas de "conservador" o "progresista" forman parte del debate público y son comprensibles en una sociedad plural, pero creo que no describen adecuadamente el trabajo de un magistrado constitucional. Nuestra obligación no es defender una determinada posición ideológica, sino interpretar y aplicar la Constitución con independencia, rigor jurídico y respeto a la jurisprudencia del propio Tribunal y las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional, hay que repetirlo muchas veces, es un órgano de extracción política, así lo quiso el constituyente, pero que actúa jurídicamente.

¿Qué hace el Constitucional que no se aprecia?

Un mal de nuestros tiempos es que nos quedamos en el trazo grueso y los detalles son obviados cuando sabemos que en ellos esta la esencia, nadie coteja el porcentaje elevadísimo de resoluciones del Tribunal Constitucional donde no hay ni rastro de esos bloques pero el ruido es tan enorme que no deja oír al derecho. Lo que más me preocupa en este clima es, sin duda, el riesgo evidente de que el derecho se interprete en clave de adhesiones o rechazos, y que las decisiones judiciales se valoren no por su fundamento jurídico, sino por a quién parecen favorecer.

¿Y qué piensa sobre eso?

No soy un ingenuo y es cierto que, en cuestiones complejas, pueden existir sensibilidades o enfoques interpretativos distintos, algo que ocurre en prácticamente todos los tribunales constitucionales del mundo. Esa diversidad de criterios no es necesariamente un problema; al contrario, puede enriquecer la deliberación y fortalecer la calidad de las decisiones. Lo importante es que las resoluciones se fundamenten en argumentos jurídicos sólidos y que los magistrados actúen con independencia, al margen de intereses políticos o partidistas. La legitimidad de un tribunal constitucional descansa en esa capacidad de resolver conforme al derecho, no conforme a etiquetas.

En los últimos años hemos asistido a un intenso debate sobre la politización de la justicia y la judicialización de la política. ¿Cuál de los dos fenómenos le preocupa más?

Ambos describen una distorsión del equilibrio entre poderes; cuando se habla de la politización de la justicia queremos reflejar que decisiones o dinámicas judiciales se perciben influidas por intereses políticos. El mal que genera es claro, y me atrevería a decir que demoledor para el sistema. La conclusión es que la ciudadanía no confiaría en uno de los pilares del Estado, la Justicia, lo que implicaría que la igualdad no existe y que volveríamos a un estadio previo al Estado moderno. Estaríamos quebrando las reglas de la democracia, no habría confianza en la Justicia y en los tribunales. La Justicia nadie debería dudarlo, es un pilar fundamental del Estado de Derecho. La judicialización de la política supone trasladar al ámbito judicial conflictos que deberían resolverse en el debate político. Su riesgo es doble, se debilita la responsabilidad política y convierte a los jueces en árbitros de cuestiones que, en principio, no siempre son estrictamente jurídicas. En conjunto, ambos fenómenos tienen un efecto común de desdibujar la separación de poderes, generando desconfianza institucional y favoreciendo una lectura partidista del Derecho.

El Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse recientemente sobre asuntos de enorme trascendencia política. ¿Cómo se protege la independencia de los magistrados frente a las presiones partidistas y mediáticas?

Es una cuestión importante pero muy bien articulada normativamente. Nadie debería dudarlo. Es cierto que la cuestión es central en el Estado de Derecho, y además, especialmente sensible en el contexto actual. Pero insisto, la independencia de los magistrados del Tribunal Constitucional, frente a presiones políticas, partidistas o mediáticas, descansa en un abanico de garantías estructurales, jurídicas y culturales que despejan o debieran disipar las dudas. Nuestra Constitución marca un núcleo muy claro, que se centran en la independencia e inamovilidad en el ejercicio de su mandato y con un claro sometimiento exclusivo a la Constitución y a la ley, lo que implica que no pueden recibir órdenes ni instrucciones de ningún poder como que tampoco pueden ser cesados. Es lo que se conoce como garantía normativa del estatuto del juez constitucional.

¿Qué más garantías hay?

Nadie debe olvidar que el colegio formado por doce magistrados con extracción diversa y plural y con mayorías cualificadas y para una duración única de 9 años obliga a la conformación de consensos, por otra parte deseados por el constituyente. Precisamente por ello, los nueve años de mandato permiten desvincular la decisión jurisdiccional del ciclo político inmediato. Junto a ello hay un robusto régimen de incompatibilidades y estatuto personal lo que reduce enormemente el conflicto de intereses o alineamiento partidista directo. Y, además, están los mecanismos conocidos de abstención y recusación. Sería bueno hablar de la capa supranacional de protección a través del TJUE y TEDH.

Después de haber ocupado responsabilidades tan relevantes en la judicatura, el Gobierno y el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que más le preocupa hoy sobre la salud democrática de España y qué le hace ser optimista de cara al futuro?

La erosión de la confianza institucional, la percepción de deterioro de la calidad democrática, la polarización y la desafección hacia la política, junto con problemas muy visibles como la vivienda, los tiempos de espera en la sanidad y el desgaste de los servicios públicos. En esto siempre recuerdo las célebres palabras de Roosevelt de que una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande o democracia. Esta frase enmarca la necesidad de estar en guardia frente al peligro degradante de cualquier sistema democrático.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Tenemos la obligación de seguir teniendo esa democracia plena que hemos conseguido como nación . Al mismo tiempo, hay motivos para el optimismo en la fortaleza de fondo de la sociedad española. Somos un país increíble y con una enorme mayoría que sigue considerando que la democracia es la mejor forma de gobierno valorando de manera razonablemente positiva elementos clave del sistema. Un país que no es ajeno a los retos del futuro como la protección del medio ambiente o la sanidad tras experiencias recientes.

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