Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto: "Si Barbón no asume el dictamen de Cerredo, tendrá que responder ante Asturias"

Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto y líder de Somos Asturies, presidió durante un año la comisión parlamentaria del accidente de Cerredo. Ahora, con el dictamen ya aprobado, exige ceses y ayudas inmediatas para familias y heridos. Además, sitúa la vivienda, la sanidad y la unidad de la izquierda como prioridades de la recta final de la legislatura.

-La comisión de investigación sobre Cerredo acaba de cerrar sus trabajos con el voto en contra del PSOE. ¿Con qué sensación se queda?

-Queda un sabor agridulce. La comisión tenía un objetivo claro: dirimir responsabilidades políticas y proponer herramientas para que no se repita una tragedia similar en Asturias. Había un clamor social, desde los sindicatos hasta todos los grupos políticos, y pensábamos que el Partido Socialista se pondría de parte del sentido común. Ahora, una vez emitido el dictamen, esperamos que el Gobierno haga suyas las propuestas y actúe: cesando a las personas señaladas y poniendo en marcha las medidas. La más urgente son las ayudas a las familias ya.

-El dictamen incluye también ayudas a los heridos, una de las demandas de los supervivientes. ¿Por qué era importante incorporarlo?

-Y además las ampliamos al accidente de 2022. Lo teníamos claro desde el primer momento. Las familias de los fallecidos viven situaciones complicadísimas y una ayuda económica no va a hacer menor su dolor, pero sí puede ayudar a que sigan adelante. En el caso de los heridos ocurre exactamente lo mismo.

-Barbón dice que respeta la comisión, pero no hace suyas sus conclusiones. ¿Confía de verdad en que haya ceses?

-Esperamos que sí, y creo que la sociedad asturiana también lo espera. Sería un fracaso enorme que el PSOE no asumiera este dictamen. Las medidas son cesar a las personas cuyas actuaciones se reprueban, porque tuvieron que ver directamente con el clima de caos que permitió extraer carbón en aquellas condiciones y que hubiera dos accidentes mortales. También se deben poner en marcha las herramientas, empezando por las ayudas inmediatamente. Si no ocurre, Barbón tendrá que enfrentarse a la opinión de Asturias, muy especialmente de las cuencas mineras.

-El PSOE ha cuestionado la inclusión de funcionarios en el dictamen y advierte de posibles consecuencias jurídicas. ¿Le preocupa?

-Durante todo el trabajo escuchamos a los letrados para evitar que el dictamen fuese contrario a la legislación o entrara en terrenos que no le competen. Estamos tranquilos, entendemos se ajusta a su competencia, a su marco de actuación y a la legislación vigente. ¿Puede haber recursos? Puede haberlos. Si los hay, habrá que ir actuando en consecuencia. Lo que nos entristece es que el Partido Socialista use este argumento y dé la impresión de invitar a que se recurra y se judicialice.

-El dictamen describe una Administración descoordinada y con graves fallos de control. ¿Cree que es un problema limitado a la minería?

-La situación de caos en minería la conocemos porque estudiamos mucha documentación. Si tuvimos una sensación de descoordinación absoluta entre consejerías. ¿Puede ocurrir en otros ámbitos? A lo mejor sí, pero sería especular. Lo que es un hecho es que en minería el descontrol y la falta de coordinación eran absolutos, y eso hay que corregirlo.

-El Gobierno ha puesto sobre la mesa el plan "Regenera" y la recuperación del servicio de seguridad minera. ¿Es suficiente?

-No, se queda corto. El plan Regenera está bien y recuperar el servicio de minas también, pero hay que recordar que lo quitó un Gobierno socialista. Recuperar lo que quitaste está bien, pero no es suficiente. Hay que aplicar las medidas del dictamen a corto, medio y largo plazo e instar al Gobierno central a reformar la ley de minas, porque está completamente desactualizada.

-¿Qué debería pasar ahora para que el dictamen no quede en papel mojado?

-Nos queda supervisar, insistir y reclamar que las medidas se pongan en marcha. La prioridad absoluta son las ayudas. Nosotras planteamos una herramienta legal para agilizarlas y el PSOE la bloqueó. Tienen que ponerse en marcha ya, no después del verano. Y deben llegar los ceses de Enrique Fernández (presidente de Hunosa) y Nieves Roqueñí (presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón). Tienen que ser ya.

-Si finalmente el Gobierno no acata el dictamen, ¿le pesará electoralmente?

-Absolutamente sí. Creo que es una de las cuestiones de esta legislatura que va a conmover a mucha gente en el sentido de decidir a quién vota. Sería muy probablemente perjudicial para el Partido Socialista no actuar como desde Somos Asturies le estamos exigiendo que actúe: asumiendo responsabilidades políticas y poniendo en marcha de forma inmediata las ayudas a las familias.

-¿El responsable será Barbón?

-El responsable de acatar o no este dictamen, de poner en marcha o no las medidas y de ejecutar o no las reprobaciones a las personas con responsabilidad política es, desde luego, Barbón.

-¿Qué opinión le merece Chus Mirantes?

-Me parece una absolute sinvergüenza. Ya lo dije en alguna ocasión: es un caso de absoluto terrorismo empresarial. Más allá de lo que el dictamen diga sobre responsabilidades políticas, espero sinceramente que la justicia actúe y que Chus Mirantes pague por todo esto.

-Las minas asturianas están atravesando una situación compleja. ¿Qué debe hacer la Administración con las explotaciones activas?

-Revisar permisos pendientes, las ayudas que se devolvieron o no y los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) que siguen funcionando. Hay que hacer un análisis pormenorizado de cada explotación activa y regularizarla, teniendo siempre presentes a los trabajadores, sus puestos de trabajo y que esos puestos tengan la calidad y la dignidad que cualquier trabajador merece. Las minas que continúan funcionando tienen que hacerlo en las mejores condiciones posibles.

-Somos Asturies abrió la puerta a una coalición de la izquierda a la izquierda del PSOE. ¿En qué punto están las conversaciones?

-Seguimos teniendo conversaciones, unas más formales y otras más informales. Algunas son de café y pasillo, y otras con convocatoria y orden del día. Están avanzando, aunque faltan casi nueve meses y en política pueden pasar muchas cosas. Queremos construir un proyecto ilusionante. No va de siglas ni de liderazgos, sino de mover a la gente a votar.

-¿La izquierda debe dejar de apoyarse en el miedo a la extrema derecha y centrarse más en ofrecer proyecto?

-Absolutamente sí. Hay que combatir a la derecha, pero se combate actuando y solucionando problemas: con medidas de vivienda que permitan acceder a un alquiler digno y reforzando los servicios públicos, la educación, la sanidad y los cuidados. La batalla cultural está muy bien, pero la forma de frenar a la derecha tiene que ir más allá de los eslóganes. Tenemos que demostrar que la izquierda mejora vidas.

-Como profesional sanitaria, ¿cree que una ley autonómica del SESPA puede resolver el conflicto médico?

-Una ley propia es una deuda pendiente, pero no viene a resolverlo todo. Hay cuestiones autonómicas que la Consejería debería plantearse: descansos, jornadas adecuadas, agendas de primaria desproporcionadas, comida para quien hace una guardia o coches de la Administración para los desplazamientos a domicilio. Son cuestiones que se llevan reclamando desde 2023, incluso desde antes, y siguen estancadas.

-El Gobierno también ha asumido la tasa turística, aunque voluntaria y limitada a determinadas épocas. Usted pide ir más allá.

-Ojalá sea un primer paso. La tasa turística es una buena medida y donde funciona está funcionando bien. Pero hay que afinarla: no tiene sentido que los cruceros solo paguen unos meses cuando Gijón y Avilés reciben cruceristas muchísimos meses, ni que a las viviendas de uso turístico se les cobre una cantidad por pernoctación que para nosotras es insuficiente.

-La legislatura entra en su recta final. ¿Dónde debería acelerar el Gobierno?

-En vivienda, claramente, y en resolver el conflicto médico. Los pacientes entienden las reclamaciones del colectivo médico, pero también defienden su derecho a ser atendidos. Vivienda y servicios públicos son fundamentales. En cuidados también hay mucho que avanzar.

-Su voto es decisivo para muchas leyes. ¿Cómo se gestiona esa responsabilidad?

-Da mucho vértigo saber que inclinas la balanza en una dirección u otra. Por eso nos lo tomamos con una seriedad absoluta. Estudiamos cada ley y hacemos enmiendas con rigor. En la ley de vivienda estamos teniendo una experiencia frustrante, porque no nos parece que vaya a ser lo suficientemente progresista y avanzada.

-¿Cómo llega Somos Asturies al ciclo electoral?

-Cada día mejor: creciendo, fortaleciéndose e incorporando a personas que se habían apartado por desencanto y ahora están ilusionadas. En estos meses queremos seguir trabajando a tope, mejorar la ley de vivienda y llegar a 2027 en las mejores condiciones posibles, no solo Somos Asturies, sino toda la izquierda progresista a la izquierda del PSOE.

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